Acusan presuntas detenciones arbitrarias, falta de información sobre el paradero de algunos arrestados e intimidación por parte de las autoridades. También pidieron que los detenidos sean reconocidos como defensores de derechos humanos por protestar en favor del acceso al agua potable.
Guadalajara, Jalisco.— Familiares de las personas detenidas durante la protesta del domingo frente a Casa Jalisco denunciaron presuntos actos de criminalización e intimidación por parte de las autoridades estatales, luego de que policías reprimieran a manifestantes que exigían una solución al problema del agua contaminada que llega a los hogares de la zona metropolitana de Guadalajara.
A las afueras de la Fiscalía General del Estado (FGE), familiares de los detenidos señalaron que, además de las detenciones que consideran arbitrarias, agentes de la institución acudieron a los domicilios de algunas familias. También denunciaron falta de información sobre la ubicación y situación jurídica de las personas arrestadas.
“Esta criminalización se está extendiendo a la visita de elementos de la Fiscalía a los domicilios de las familias de las personas detenidas y denunciamos que no ha habido un acceso a la información de las personas detenidas”, expresaron durante una manifestación realizada la mañana del lunes.
De acuerdo con los familiares, de las 39 personas detenidas durante la jornada de protesta, algunas todavía no habían sido liberadas al momento de sus declaraciones. Añadieron que, hasta el domingo, tenían información de que ciertos detenidos permanecían bajo resguardo de la policía estatal y no en las instalaciones de la Fiscalía, situación que calificaron como contraria a los estándares en materia de detención.
También denunciaron que la calle 14, donde se encuentra la sede de la Fiscalía estatal, fue cerrada con patrullas y elementos policiales, lo que interpretaron como un acto intimidatorio contra quienes permanecían en el lugar para exigir justicia y noticias sobre sus familiares.
Piden investigar las detenciones y garantizar la no repetición
Acompañados por asociaciones y ciudadanos, los familiares solicitaron que se apliquen los protocolos para la atención y gestión de la protesta social, además de exigir investigaciones sobre los hechos, sanciones en caso de acreditarse responsabilidades y garantías de no repetición.
Asimismo, pidieron al Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que inicie una investigación de oficio y valore el reconocimiento de los detenidos como personas defensoras de derechos humanos, al considerar que su participación en la protesta estuvo relacionada con la defensa del derecho humano al agua.
Los manifestantes rechazaron los señalamientos sobre la presunta participación de un grupo de choque y sostuvieron que la movilización respondió a una demanda colectiva por el acceso a agua de calidad.
“Ahora promueven que hay un grupo de choque en la manifestación, cuando el tema real es la sociedad unida para impulsar el derecho humano al agua”, señalaron. También cuestionaron a las autoridades por la calidad del suministro que reciben los habitantes de la zona metropolitana.
La protesta frente a Casa Jalisco tuvo como motivo la inconformidad por el agua que, según los manifestantes, presenta contaminación y llega a las viviendas a través del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA).
Antecedentes de confrontaciones con manifestantes
Los hechos se producen en un contexto de anteriores enfrentamientos entre policías estatales y ciudadanos que se han movilizado por problemas relacionados con el agua y otros servicios públicos.
El 15 de noviembre de 2025, una protesta por el agua sucia y el desabasto terminó en un operativo policial en el que, según los antecedentes citados por los manifestantes, decenas de personas fueron golpeadas y 20 jóvenes detenidos. De acuerdo con la información difundida sobre aquel caso, 16 de ellos, varios estudiantes, continuaban sus procesos judiciales en libertad.
Otro antecedente ocurrió en enero de 2025, durante las movilizaciones contra el aumento a la tarifa del transporte público. En aquella ocasión, integrantes de la Asamblea Estudiantil de la Universidad de Guadalajara fueron rodeados y detenidos por policías estatales cerca de la torre de Rectoría.
Los detenidos fueron trasladados al penal de Puente Grande y, posteriormente, varios quedaron vinculados a proceso, aunque pudieron continuar sus procedimientos en libertad bajo medidas cautelares. Entre estas se encontraban la firma periódica ante los juzgados y restricciones para acercarse a determinadas zonas gubernamentales.
El derecho al agua, en el centro de la protesta
La exigencia de los familiares es que las autoridades esclarezcan las circunstancias de las detenciones del domingo, informen sobre la situación jurídica de todas las personas arrestadas y garanticen el respeto a sus derechos.
Mientras tanto, la inconformidad por la calidad del agua y la respuesta policial ha colocado nuevamente en el centro de la discusión pública el manejo de la protesta social en Jalisco.
Las denuncias de los familiares deberán ser investigadas por las autoridades competentes, que tendrán que determinar si existieron irregularidades durante los arrestos y el resguardo de las personas detenidas.