La Fiscalía abrió 15 carpetas de investigación por posibles irregularidades en contratos de material electoral. Las indagatorias incluyen presuntos actos de corrupción, operaciones con recursos de procedencia ilícita y la posible creación de un oligopolio entre proveedores.
La Fiscalía General de la República (FGR) investiga en tres vertientes las presuntas irregularidades en contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE), un caso que podría derivar en acusaciones penales contra quienes resulten responsables y en solicitudes de prisión preventiva, de acuerdo con información publicada por La Jornada.
Las investigaciones buscan esclarecer posibles actos de corrupción en la asignación de contratos, el movimiento de recursos obtenidos mediante esas operaciones y la eventual conformación de un esquema de concentración ilegal de proveedores de materiales electorales.
Según datos obtenidos por el diario, la FGR ha iniciado 15 carpetas de investigación, la mayoría relacionadas con posibles hechos de corrupción. Estas indagatorias corresponden a la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción, encabezada por María de la Luz Mijangos Borja.
Primera línea: posibles actos de corrupción en los contratos
La investigación anticorrupción integrará información de las revisiones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), las denuncias presentadas y los documentos obtenidos directamente de los sistemas y bases de datos del INE.
Como parte de las diligencias, personal de la FGR realizó dos revisiones en la Torre Zafiro, ubicada en Periférico Sur 4124, donde se encuentran las oficinas de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, así como de la Secretaría Ejecutiva del instituto.
El objetivo es reunir elementos que permitan identificar posibles irregularidades en los procedimientos de contratación y determinar si hubo funcionarios o particulares involucrados en la asignación indebida de recursos públicos.
Segunda línea: rastreo de recursos y posibles empresas fachada
La Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Delincuencia Organizada (Femdo), dirigida por César Oliveros Aparicio, tiene a su cargo la vertiente relacionada con posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Esta parte de las indagatorias se concentra en transferencias, movimientos de capital y otras operaciones financieras que presuntamente se habrían realizado con dinero obtenido mediante la asignación irregular de contratos.
De acuerdo con los funcionarios consultados por La Jornada, la Femdo trabajará de manera coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para identificar posibles empresas fachada, operadores financieros y las rutas de origen y destino de los recursos.
El análisis de estas operaciones permitirá establecer si el dinero fue transferido o utilizado mediante mecanismos destinados a ocultar su procedencia.
Tercera línea: posible conformación de un oligopolio
La tercera vertiente está a cargo de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor), encabezada por David Boone de la Garza, que investigará posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de materiales electorales.
Esta área contará con apoyo de información de instancias financieras, económicas y empresariales, así como de la Comisión Federal de Competencia Económica.
La hipótesis bajo investigación apunta a una posible manipulación de precios y a la conformación de un oligopolio de facto entre empresas beneficiadas por las contrataciones del INE. También se indaga si existieron concentraciones o acuerdos ilícitos que limitaron la competencia en ese mercado.
De acuerdo con la información publicada, las conductas que se investigan podrían alcanzar sanciones de entre cinco y 10 años de prisión, en caso de acreditarse los delitos correspondientes.
Una investigación que busca esclarecer las contrataciones
Las tres líneas de investigación permitirán analizar el caso desde sus dimensiones administrativa, financiera y de competencia económica. La FGR busca integrar los elementos necesarios para determinar responsabilidades y, en su caso, formular imputaciones.
Por ahora, las posibles irregularidades forman parte de hipótesis ministeriales y deberán ser acreditadas mediante las investigaciones y los procedimientos judiciales correspondientes. El caso pone bajo escrutinio los mecanismos de contratación de materiales electorales y el funcionamiento de los proveedores que han participado en esos procesos.

