Omar García Harfuch confirmó que ambas instituciones cuentan con mandamientos judiciales contra Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas. En el ámbito estatal, se le atribuyen tres presuntos delitos; sin embargo, un amparo mantiene suspendida la ejecución de la orden.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Chihuahua cuentan con órdenes de aprehensión contra Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas, por investigaciones relacionadas con la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un operativo realizado en la Sierra Tarahumara.
Durante la conferencia mañanera de este martes 10 de noviembre, el funcionario reconoció la existencia de mandamientos judiciales contra el exservidor público, aunque evitó precisar cuáles son los delitos que sustentan la orden federal.
“Sé que las dos fiscalías cuentan con orden de aprehensión en contra de esta persona”, declaró García Harfuch, quien añadió que prefería que fueran las propias instituciones ministeriales las encargadas de proporcionar mayores detalles.
En el ámbito estatal, la orden de captura fue librada el 16 de octubre de 2026 por el juez Luis Alberto Simental Ortega, dentro de la causa penal 3055/2026. Las imputaciones contra Zuany Portillo comprenden presunto ejercicio ilegal del servicio público, coalición y falsedad ante autoridades con penalidad agravada.
El procedimiento también involucra al exfiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, señalado por presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición.
No obstante, a finales de octubre se dio a conocer que Zuany Portillo promovió un juicio de amparo indirecto, cuya suspensión impide, por el momento, ejecutar la orden de aprehensión estatal conforme a los términos establecidos en la resolución judicial.
El operativo que detonó las investigaciones
Las indagatorias están vinculadas con un despliegue realizado entre el 17 y el 19 de abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, municipio de Morelos, en la Sierra Tarahumara, donde elementos estatales y militares participaron en el desmantelamiento de laboratorios clandestinos utilizados para la elaboración de drogas sintéticas.
Al término del operativo, un convoy sufrió un accidente en un camino de terracería. El saldo fue de cuatro personas fallecidas, entre ellas dos ciudadanos estadounidenses que posteriormente fueron identificados como agentes de la CIA.
La presencia de personal de inteligencia de Estados Unidos en territorio mexicano abrió cuestionamientos sobre las condiciones legales bajo las cuales participó en el despliegue, así como sobre las posibles responsabilidades de los funcionarios estatales que intervinieron en su coordinación.
En mayo pasado, García Harfuch aclaró que las investigaciones no estaban dirigidas contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. Explicó que el propósito era esclarecer bajo qué condiciones legales participaron los agentes extranjeros en actividades realizadas en México.
A partir de entonces, las indagatorias se han enfocado en determinar las responsabilidades de los servidores públicos involucrados y establecer si existieron irregularidades en la coordinación y actuación de los agentes estadounidenses.
La controversia también puso bajo revisión el papel que habrían desempeñado funcionarios estatales como enlaces con los integrantes de la CIA, un aspecto que forma parte del contexto de las investigaciones y de las órdenes de aprehensión confirmadas por el titular de Seguridad federal.