Los peritajes balísticos determinaron que el proyectil calibre 7.62 que causó la muerte de la menor durante un operativo en Matamoros provenía del armamento de la corporación. La Fiscalía aún busca identificar al elemento que disparó y establecer responsabilidades.
La muerte de Aranza Aidelany, una niña de siete años conocida cariñosamente por su familia como “La China”, dio un giro en la investigación luego de que la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmara que la bala que la mató durante los hechos violentos del pasado 29 de octubre en Matamoros salió de un helicóptero de la Guardia Estatal.
El fiscal general, Jesús Eduardo Govea Orozco, informó que los estudios realizados por Servicios Periciales y los laboratorios de balística permitieron establecer que la ojiva calibre 7.62 correspondía al armamento que portaban los elementos de seguridad a bordo de la aeronave. Los resultados también descartaron que el proyectil proviniera de los presuntos delincuentes contra quienes se desplegó el operativo.
La movilización de seguridad se realizó en el contexto de las acciones para detener a Axel Alfredo, alias “Axel”, señalado como objetivo prioritario y vinculado familiarmente con Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del Cártel del Golfo.
Aunque el origen del proyectil quedó establecido, todavía no se ha identificado cuál de las armas fue utilizada ni quién la accionó. En el helicóptero viajaban cuatro integrantes de la Guardia Estatal: un piloto y tres policías que portaban armamento reglamentario.
Govea Orozco explicó que la Fiscalía analiza bitácoras de vuelo, registros institucionales, testimonios y otros elementos periciales para reconstruir las circunstancias de las detonaciones. Precisó que determinar la procedencia del proyectil no significa que ya exista una responsabilidad penal individual acreditada.
De manera paralela, la Secretaría de Seguridad Pública estatal abrió una investigación interna a través de su área de Asuntos Internos. La Fiscalía, por su parte, integra la carpeta correspondiente para solicitar los mandamientos judiciales que procedan si reúne los elementos necesarios.
La familia quedó atrapada durante el operativo
De acuerdo con el relato de Claudia Edith Pardo García, madre de la menor, la familia viajaba en una camioneta cuando quedó en medio de los hechos violentos registrados en Matamoros. Buscaban una ruta para regresar a casa luego de que los bloqueos y las situaciones de riesgo dificultaran la circulación por la carretera Matamoros-Reynosa.
La mujer relató que, durante el trayecto, observó un helicóptero que presuntamente seguía el vehículo hasta las inmediaciones del ejido Las Rusias, cerca del kilómetro 4.5 de la carretera a Reynosa. Según su testimonio, su esposo descendió de la unidad para preguntar a los tripulantes por qué los seguían.
Pardo aseguró que en el vehículo viajaban adultos y menores de edad y que, poco después, comenzaron las detonaciones. Uno de sus hijos, de 13 años, también resultó herido cuando intentó buscar refugio, mientras que Aranza recibió un impacto en la cabeza.
La madre intentó proteger a la niña con su cuerpo, pero también sufrió una lesión de bala en la rodilla izquierda. Fue trasladada a un hospital, donde tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.
La mujer denunció que la llegada de ayuda médica se retrasó debido a los bloqueos que se registraban en la ciudad. También relató que sus familiares tuvieron dificultades para conseguir apoyo y trasladar a la menor después de las detonaciones.
Fiscalía rechaza que la muerte sea considerada daño colateral
Uno de los puntos que generó controversia fue la utilización de la expresión “daño colateral” para referirse al fallecimiento de la niña, término que había sido empleado previamente por el secretario de Seguridad Pública estatal, Carlos Arturo Pancardo Escudero.
Al ser cuestionado sobre el caso, el fiscal Govea Orozco rechazó que esa expresión sea aplicable a la investigación. Sostuvo que corresponde esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran derivarse de la actuación de los elementos participantes.
Mientras tanto, Claudia Pardo exige justicia y reclama que se identifique al responsable del disparo que terminó con la vida de su hija. La mujer cuestionó que, pese a los avances periciales, todavía no se haya informado quién accionó el arma.
“Quiero justicia para mi hija. Quiero que pague el que lo hizo, porque no hubo ninguna agresión de nuestra parte. Mi niña apenas empezaba a vivir”, expresó.
Hasta el momento de las declaraciones del fiscal, los cuatro integrantes de la Guardia Estatal que viajaban en el helicóptero no habían sido detenidos y continuaban en activo, mientras avanzaban las investigaciones.
El presidente del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, también consideró necesario esclarecer lo ocurrido y determinar si los agentes actuaron conforme a los protocolos. No descartó que el secretario de Seguridad Pública estatal sea llamado a comparecer para explicar la intervención de la corporación durante el operativo.
Aranza cursaba segundo año de primaria. Su muerte dejó a una familia que ahora exige respuestas y mantiene la demanda de que las investigaciones no se limiten a establecer de dónde salió la bala, sino que permitan identificar a quien la disparó y determinar las responsabilidades correspondientes.