Gobierno descarta el regreso de las «pensiones doradas».

Las llamadas «pensiones doradas» volvieron al centro del debate público, pero el Gobierno de México asegura que no hay marcha atrás. Ante la controversia generada por una reciente interpretación jurídica sobre el límite máximo de las jubilaciones de exservidores públicos, la administración federal afirmó que los privilegios que durante años beneficiaron a altos funcionarios quedaron eliminados de forma definitiva y que ninguna pensión podrá superar el salario de la persona titular del Poder Ejecutivo.

El tema fue abordado este martes durante la conferencia matutina, donde la presidenta de México, acompañada por la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, explicó el origen de la confusión y anunció que el Congreso buscará modificar la legislación para evitar que vuelvan a surgir interpretaciones contradictorias.

¿Qué originó la polémica?

La discusión surgió a partir de una opinión técnica emitida por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, la cual resolvió una discrepancia contenida en el texto constitucional respecto al monto máximo que puede recibir una persona pensionada.

Según explicó Luisa María Alcalde, la Constitución establecía dos criterios distintos. Uno señalaba que el límite debía ser equivalente al salario de la presidenta de la República, mientras que otro indicaba que el tope correspondía únicamente a la mitad de esa cantidad.

Ante esa contradicción, la Consejería Jurídica aplicó el principio del criterio más favorable para las personas, determinando que las pensiones que estaban limitadas al 50 por ciento del salario presidencial podían ajustarse hasta alcanzar el máximo permitido por la propia Constitución.

La funcionaria subrayó que esta resolución no modifica la reforma que eliminó las pensiones privilegiadas ni implica el restablecimiento de beneficios extraordinarios para exfuncionarios.

El Gobierno insiste: las pensiones millonarias desaparecieron

Durante la conferencia, la secretaria de Gobernación enfatizó que el esquema de pensiones de entre 400 mil pesos y hasta 1.5 millones de pesos mensuales, que en el pasado recibían algunos exservidores públicos tras ocupar cargos durante periodos relativamente cortos, ya no existe.

Aseguró que esos beneficios quedaron eliminados con las reformas impulsadas en los últimos años y que el sistema actual mantiene un límite claramente establecido.

En el mismo sentido, la presidenta reiteró que ninguna pensión puede superar el salario que percibe la persona titular del Ejecutivo federal, por lo que rechazó las versiones que apuntaban a un posible regreso de los antiguos privilegios.

Un ahorro de miles de millones de pesos

El Gobierno federal sostuvo que la eliminación de las llamadas pensiones doradas ha representado un ahorro cercano a 5 mil millones de pesos para las finanzas públicas.

De acuerdo con la presidenta, esos recursos han dejado de destinarse al pago de jubilaciones consideradas excesivas y pueden orientarse a otras prioridades del gasto público.

Buscarán eliminar cualquier ambigüedad en la ley

Para evitar que la controversia vuelva a repetirse, el Ejecutivo anunció que durante el próximo periodo ordinario de sesiones se promoverá una reforma legislativa que precise de manera expresa cuál es el límite máximo de las pensiones.

El objetivo, explicó la mandataria, es eliminar cualquier interpretación ambigua del texto constitucional y cerrar la puerta a futuras reclamaciones de pensiones millonarias financiadas con recursos públicos.

Con ello, el Gobierno busca dejar asentado en la legislación que el tope de las jubilaciones seguirá siendo el salario de la persona titular del Ejecutivo federal y que el esquema de privilegios que durante años benefició a un reducido grupo de exfuncionarios no volverá a formar parte del sistema de pensiones del país.