VERÓNICA MALO GUZMAN
Donald Trump tiene el teléfono de Vladimir Putin. La OMS necesita los resultados del laboratorio. Esa diferencia resume el episodio de Irkutsk: mientras se intenta esclarecer la muerte de una trabajadora de un instituto antipeste, el presidente estadounidense anuncia que hablará con su homólogo ruso. Falta saber qué puede aportar esa conversación, además de otra declaración de que todo está bajo control.
No estamos en 2020 ni ante una enfermedad desconocida. La peste neumónica la causa una bacteria, Yersinia pestis, y puede tratarse con antibióticos siempre que se actué a tiempo. Hasta este 9 de octubre, sin embargo, sigue sin confirmarse públicamente que esa fuera la causa de la muerte de aquella mujer. Hay motivos para investigar; convertir la sospecha en una pandemia anunciada solo ayuda a Moscú a descalificar las preguntas serias junto con los rumores.
Una trabajadora de 28 años del Instituto Antipeste de Irkutsk murió el 2 de octubre tras ser hospitalizada con neumonía grave. Rusia informó a la OMS que no había casos recientes de peste en la región y que había puesto en cuarentena a unos 200 contactos. El organismo pidió detalles de las pruebas y las medidas adoptadas, así como verificar versiones sobre el posible contagio de otro empleado. Moscú niega ese segundo caso.
El 8 de octubre, las autoridades rusas dieron por concluida la vigilancia y aseguraron que casi cinco mil muestras no habían revelado patógenos peligrosos.
Pero el informe del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, publicado este viernes 9, mantiene que la información disponible resulta insuficiente para concluir con firmeza cuál es el riesgo para la población europea. La tranquilidad oficial todavía necesita respaldo verificable.
Aquí conviene salir del falso dilema entre creerle al Kremlin y prepararnos para la catástrofe. Podría haberse tratado de una respuesta de control sanitario eficaz acompañado de una rendición de cuentas insuficiente. Que no se detecten contagios adicionales es alentador. No explica necesariamente qué mató a la trabajadora ni demuestra que los procedimientos del instituto fueran adecuados.
Contener un posible contagio y esclarecer una muerte son cuestiones y responsabilidades distintas.
También las cinco mil pruebas necesitan explicación. ¿Qué buscaron, qué se analizó y cuándo? Cinco mil análisis no equivalen a cinco mil personas examinadas ni a cinco mil descartes de peste. Una cifra puede respaldar una conclusión; también puede servir para evitar explicarla. El Kremlin ofrece un número grande y redondo en términos estadísticos para cerrar un asunto que sigue lleno de preguntas.
Y esas preguntas tienen utilidad médica. Los CDC indican que, ante una sospecha fundada de peste, el tratamiento no debe esperar los resultados del laboratorio. Si un médico desconoce una posible exposición laboral, puede perder horas decisivas.
La reserva que protege la reputación de una institución puede perjudicar a quienes trabajan en ella. No sabemos si ocurrió en Irkutsk; precisamente por eso importa reconstruir el caso.
El precedente menos cómodo para los bandos que ahora disputan la narrativa está en Chicago. En 2009 murió un investigador tras una infección probablemente adquirida en el laboratorio con una cepa atenuada de Yersinia pestis. Fue peste septicémica, no neumónica. La investigación documentó los resultados, una condición médica que pudo contribuir a la muerte y deficiencias en prácticas de seguridad. No se identificaron infecciones adicionales.
A lo que voy es que los accidentes no necesitan pasaporte ruso. La exigencia debe ser la misma para cualquier lugar civilizado del mundo: investigar y permitir comprobar las conclusiones. Un instituto que estudia peste no demuestra por sí solo la existencia de un arma biológica.
Acusar sin pruebas resulta tan poco serio como pedir confianza sin ofrecerlas. Además, atribuirlo todo a una conspiración militar puede dejar sin examinar fallas de seguridad mucho menos sofisticadas. Chernóbil ayuda a entender la desconfianza, no a diagnosticar esta neumonía.
En 1986, la dirigencia soviética admitió el accidente después de que la radiación fuera detectada en Escandinavia. Pero la URSS no es sinónimo de la Rusia actual, y una emergencia nuclear no equivale a este episodio. Pero aquel antecedente recuerda cuánto cuesta una autoridad que pretende administrar también lo que los demás tienen derecho a saber. Moscú debería tener especial interés en despejar dudas, en vez de tratarlas como una injerencia —casi insistente lente— extranjera.
Trump, entretanto, ofrece ayuda y anuncia una llamada. Su gobierno comunicó que completó la retirada de Estados Unidos de la OMS el 22 de enero de 2026 y que apostaría por la cooperación bilateral. Ahora pretende obtener de Putin información que el sistema multilateral sigue solicitando.
Esta contradicción merece atención: la seguridad sanitaria necesita funcionar también cuando los presidentes no se gustan, no contestan o prefieren cambiar de tema. No debe nunca depender de una relación bilateral. Una conversación puede abrir puertas; no sustituye una investigación.
Tampoco debería convertir la entrega de datos sanitarios en una cortesía entre mandatarios. La simpatía de Trump por Putin no es un método de diagnóstico, y la tranquilidad del Kremlin no constituye un resultado de laboratorio.
Por eso Trump en este asunto, como en muchos, está ocupando más espacio que la bacteria misma. La medicina ofrece procedimientos conocidos; la política, personajes, conflicto y morbo. Donde faltan datos aparecen gestos, sospechas y declaraciones. La pregunta termina siendo cuánto le cree Washington a Moscú—y viceversa—, mientras investigar la causa de la muerte queda relegada.