Con 51.7% de los votos frente a 48.2% de Flávio Bolsonaro, el presidente brasileño enfrentará un Congreso inclinado a la derecha, el avance del crimen organizado y el reto de mantener sus programas sociales sin agravar las finanzas públicas.
Luiz Inácio Lula da Silva iniciará su cuarto mandato presidencial no consecutivo en medio de un panorama complejo: una sociedad profundamente dividida, una oposición fortalecida en el Congreso, presiones sobre las finanzas públicas y una relación difícil con el presidente estadounidense Donald Trump.
A pocos días de cumplir 81 años, el exlíder sindical consiguió la victoria en la segunda vuelta electoral del domingo con 51.7% de los votos, frente a 48.2% del senador derechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro. En la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre, el senador había obtenido más votos que Lula.
La estrecha diferencia confirma la persistencia de la polarización política en Brasil y el peso del bolsonarismo, pese a la condena de Jair Bolsonaro a 27 años de prisión por su participación en una trama golpista.
El resultado electoral abre una nueva etapa para Lula, quien deberá construir acuerdos políticos y responder a las principales preocupaciones de la población sin perder el respaldo de los sectores que impulsaron su proyecto.
Un Congreso dominado por la derecha
Uno de los primeros obstáculos para el mandatario será la composición del Poder Legislativo. Las elecciones de este mes fortalecieron a las fuerzas conservadoras y colocaron al Partido Liberal (PL), vinculado al bolsonarismo, como la primera fuerza parlamentaria, con 121 de los 513 escaños de la Cámara de Diputados y 28 de los 81 lugares del Senado.
Para sacar adelante sus propuestas, Lula dependerá en buena medida del llamado Centrão, un bloque de partidos de centroderecha que suele negociar su respaldo a cambio de cargos, recursos y participación en las decisiones gubernamentales.
Sin embargo, conseguir esos apoyos podría resultar más complicado. La politóloga Mayra Goulart, de la Universidad Federal de Río de Janeiro, explicó que los legisladores cuentan ahora con mayor capacidad para decidir sobre una parte considerable del presupuesto federal, lo que les otorga más independencia frente al Ejecutivo.
En ese escenario, el gobierno tendrá que negociar cada vez más para impulsar sus iniciativas, incluidas aquellas relacionadas con el gasto social y la política económica.
El desafío de unas finanzas públicas presionadas
La economía será otro de los frentes decisivos. Para Mauro Rochlin, economista de la Fundación Getulio Vargas, el principal problema del país se concentra en las cuentas públicas.
Brasil gasta más de lo que recauda, su deuda pública supera el 80% del producto interno bruto (PIB) y el Banco Central mantiene una de las tasas de interés más elevadas del mundo para contener la inflación.
Rochlin advirtió, en declaraciones a la AFP, que esta combinación podría derivar rápidamente en una crisis económica si no se corrigen los desequilibrios.
El ajuste fiscal, señaló, será difícil porque requerirá medidas potencialmente impopulares y enfrentará la resistencia de grupos de presión con influencia en el Congreso.
El dilema para Lula será encontrar un equilibrio entre la disciplina presupuestaria y los programas sociales, uno de los principales pilares de su proyecto político y de su compromiso con los sectores de menores ingresos.
Inseguridad y crimen organizado, entre las principales preocupaciones
La violencia figura entre las mayores inquietudes de los brasileños, de acuerdo con encuestas recientes. Por ello, el nuevo gobierno tendrá que mostrar resultados frente a las facciones criminales y las milicias que ejercen control territorial en distintas ciudades.
La oposición ha cuestionado la estrategia de seguridad de Lula y lo acusa de no actuar con suficiente firmeza frente a estas organizaciones.
Durante la campaña, el presidente electo manifestó su respaldo a reducir de 18 a 16 años la edad de responsabilidad penal para delitos atroces. La propuesta coincide parcialmente con una demanda histórica de la derecha, que plantea disminuirla hasta los 14 años.
El debate también adquirió una dimensión internacional después de que la administración de Trump declarara organizaciones terroristas al Primeiro Comando da Capital (PCC) y al Comando Vermelho (CV), dos de las principales facciones criminales brasileñas.
El gobierno de Brasilia se ha opuesto a esa clasificación al considerar que podría abrir la puerta a acciones externas que comprometan la soberanía nacional. La discusión obligará a Lula a enfrentar el problema de la seguridad sin descuidar las implicaciones diplomáticas de las decisiones de Washington.
Trump y el nuevo mapa político de América Latina
La relación con Estados Unidos será otro de los asuntos prioritarios. Durante la campaña, Lula convirtió la defensa de la soberanía brasileña en una de sus principales banderas, especialmente después de los aranceles punitivos impuestos por Trump a Brasil el año pasado, en represalia por el juicio contra Jair Bolsonaro, y de un nuevo gravamen de 25% anunciado este año, según la información proporcionada.
Ahora deberá recomponer los vínculos con Washington, uno de los principales socios comerciales de Brasil, sin abandonar su discurso de autonomía nacional.
La tarea será compleja ante una administración estadounidense que reivindica abiertamente su influencia sobre el llamado hemisferio occidental y en una región donde han ganado terreno gobiernos y fuerzas políticas de derecha, como el del argentino Javier Milei y el sector encabezado por Abelardo de la Espriella en Colombia.
No obstante, las diferencias ideológicas no necesariamente se traducen en una ruptura de las relaciones bilaterales. Oliver Stuenkel, profesor de Relaciones Internacionales de la Fundación Getulio Vargas, señaló a la AFP que la afinidad política tiene importancia en los encuentros simbólicos, pero no siempre determina el contenido práctico de los vínculos entre países.
Como ejemplo, mencionó la relación entre Brasil y Argentina: pese a los insultos de Milei contra Lula, sostuvo que el contenido de la relación bilateral no ha cambiado tanto como podría sugerir la confrontación retórica.
Un mandato marcado por la negociación
El resultado electoral otorga a Lula un nuevo periodo al frente de Brasil, pero la estrecha diferencia de votos y el fortalecimiento parlamentario de la derecha anticipan un gobierno obligado a negociar en múltiples frentes.
La estabilidad económica, la continuidad de los programas sociales, la seguridad pública y la defensa de la autonomía nacional estarán entre las principales pruebas de su administración.
Más allá de la victoria en las urnas, el desafío será convertir el respaldo electoral en acuerdos legislativos y resultados concretos para una sociedad que permanece dividida.