La periodista y escritora acudirá este 20 de octubre a una audiencia en Quintana Roo dentro del proceso penal contra el exgobernador de Puebla. El caso se remonta a su detención en 2005, después de publicar Los demonios del Edén.
Después de 21 años de litigio, Lydia Cacho volverá a los tribunales con la esperanza de obtener justicia por la detención arbitraria y las torturas que denunció tras publicar una investigación sobre una presunta red de explotación sexual infantil vinculada con empresarios y personajes de poder.
La periodista y defensora de derechos humanos anunció que el próximo martes 20 de octubre acudirá a una audiencia en Quintana Roo relacionada con el proceso penal que enfrenta el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, a quien acusa de haber ordenado su detención y las agresiones sufridas en diciembre de 2005.
En un video difundido por la organización Artículo 19, que acompaña su defensa legal, Cacho expresó su expectativa de que el procedimiento avance hacia una sentencia condenatoria contra el exmandatario, conocido como el “Góber precioso”.
“Esperamos que este 20 de octubre podamos ganarla y Mario Marín sea por fin sentenciado por haberme torturado para silenciarme”, declaró.
La periodista también extendió su reclamo a los comunicadores que han enfrentado amenazas, persecución, desapariciones y asesinatos por investigar asuntos relacionados con grupos políticos y económicos.
“Hay muchas amigas y amigos periodistas que se quedaron en el camino”, señaló, al recordar que la exigencia de justicia no se limita a su caso personal, sino que también involucra la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a conocer información de interés público.
Cacho explicó que su lucha tiene un significado familiar y social, además de su compromiso con las niñas y los niños víctimas de explotación. Recordó que su padre falleció el 23 de febrero de 2026 sin conocer el desenlace judicial del caso.
“Llevamos 21 años dando esta batalla”, afirmó.
Una detención que marcó la historia del periodismo mexicano
El caso comenzó el 16 de diciembre de 2005, cuando Lydia Cacho fue detenida en Cancún, Quintana Roo, después de la publicación de su libro Los demonios del Edén, una investigación periodística que documentó presuntos vínculos entre empresarios y personas con poder con una red de explotación sexual de menores.
La comunicadora fue trasladada por carretera a Puebla bajo custodia de agentes de la entonces Policía Judicial de Quintana Roo. El trayecto duró aproximadamente 20 horas.
De acuerdo con su testimonio, durante el traslado sufrió amenazas, agresiones físicas y psicológicas, violencia verbal y actos de carácter sexual. También denunció que no recibió alimentos ni pudo dormir adecuadamente y que se le negó el acceso al medicamento que necesitaba para atender una bronquitis.
Cacho sostuvo que las agresiones tuvieron como propósito castigarla por sus investigaciones y frenar la difusión de información incómoda para determinados grupos de poder.
El caso adquirió relevancia nacional después de que se difundieran grabaciones de una conversación telefónica entre Marín y el empresario Kamel Nacif, que provocaron cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades y la posible utilización de instituciones públicas para perseguir a la periodista.
En 2018, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas determinó que la detención de Cacho había sido arbitraria y concluyó que México había vulnerado diversos derechos de la comunicadora. El organismo pidió investigar los hechos y llevar ante la justicia a quienes resultaran responsables.
Artículo 19 exige que continúen los procesos pendientes
La próxima audiencia se realizará después de la salida de prisión de Alejandro Rocha Laureano, excomandante de la extinta Policía Judicial de Puebla, quien cumplió una condena de cinco años y seis meses por tortura contra la periodista.
Rocha Laureano permaneció privado de la libertad desde diciembre de 2018. Su salida del penal de Cancún, reportada en octubre de 2026, obedeció al cumplimiento de la pena impuesta y no a una absolución.
Artículo 19 México y Centroamérica ha insistido en que los procesos contra los demás probables responsables deben continuar hasta que exista una resolución judicial.
La organización también ha reclamado que se investigue tanto a quienes participaron directamente en las agresiones como a quienes presuntamente ordenaron o facilitaron los hechos.
La situación de cada involucrado es distinta. Por ello, las medidas cautelares, las sentencias y las resoluciones judiciales deben distinguirse de una declaración definitiva de responsabilidad penal.
Mario Marín permanece recluido en El Altiplano
El exgobernador de Puebla continúa en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, mientras enfrenta el proceso relacionado con la tortura denunciada por Cacho.
En agosto de 2024, Marín obtuvo una medida que le permitía continuar el proceso bajo prisión domiciliaria, pero un tribunal federal revocó posteriormente ese beneficio y ordenó su regreso a prisión.
Otro de los nombres relacionados con el caso es Hugo Karam, exdirector de la Policía Judicial de Puebla, quien salió del penal de Cancún en agosto de 2024 después de que un juzgado modificara sus medidas cautelares. Esa decisión tampoco significó una absolución.
Por su parte, el empresario Kamel Nacif ha figurado en las investigaciones vinculadas con la publicación del libro y las presuntas represalias contra la periodista.
La audiencia del 20 de octubre representa un nuevo momento en una causa que se ha prolongado durante más de dos décadas. Sin embargo, la realización de esta diligencia no significa, por sí misma, que ese día se dictará una sentencia definitiva. El resultado dependerá de las actuaciones y determinaciones de la autoridad judicial.
Para Lydia Cacho, el proceso mantiene una dimensión que trasciende su propia historia: demostrar que el ejercicio del periodismo de investigación no debe convertirse en motivo de persecución y que las denuncias de tortura y abuso de poder deben tener consecuencias ante la justicia.