Ricardo León Caraveo estima que las irregularidades habrían ocasionado pérdidas de hasta 1.4 billones de pesos al erario. También denuncia simulación de sesiones, represalias y amenazas tras señalar a integrantes del tribunal.
Una presunta red de corrupción judicial, la supuesta falsificación de más de 120 sentencias y un posible daño a la hacienda pública federal por 1.4 billones de pesos forman parte de las denuncias que el magistrado Ricardo León Caraveo asegura haber presentado contra integrantes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA).
En entrevista con La Jornada, el juzgador sostiene que durante su adscripción a la Tercera Sala Regional, en Jalisco, entre febrero de 2024 y junio de 2025, detectó presuntas irregularidades en la actividad jurisdiccional, entre ellas la emisión de resoluciones sin que se celebraran las sesiones correspondientes.
Originario de Tabasco y designado magistrado en enero de 2024, durante el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, León Caraveo afirma que sus señalamientos no se limitan a procedimientos administrativos, sino que podrían involucrar conductas constitutivas de delito y afectar recursos públicos federales.
“Simulaban que sesionamos”, sostiene al describir las prácticas que, según su versión, encontró en la sala regional. Asegura que esta situación habría generado durante una década un incremento de controversias económicas y pérdidas para el gobierno por el monto que atribuye a las irregularidades.
Sentencias bajo sospecha
En mayo de 2025, mediante el oficio 07-3-2-28697/25, León Caraveo denunció presuntas anomalías ante integrantes de la Junta de Gobierno y Administración del TFJA. Entre los señalados mencionó a su entonces presidente, Guillermo Valls Esponda; a los magistrados Hortensia García Salgado y Carlos Humberto Rosas Franco, así como a Luis Enrique Osuna Sánchez y Juan José de la Garza.
De acuerdo con el magistrado, en diversas actuaciones se asentó que él se había negado a firmar sentencias en presencia del secretario de acuerdos. Sin embargo, asegura que esas afirmaciones son falsas, pues en algunas de las fechas señaladas ni siquiera se encontraba en Guadalajara.
En los casos en los que sí estuvo presente, explica, hizo observaciones por escrito a los proyectos de resolución debido a las irregularidades jurídicas que identificó. Entre ellas, menciona la participación de Osuna Sánchez, cuyo periodo de designación, afirma, concluyó en abril de 2025.
Uno de los expedientes que presenta como ejemplo es el 3227/24-07-03-6, relacionado con una resolución que habría declarado la nulidad de cobros del impuesto sobre la renta por 27 millones 172 mil pesos y otros 2 millones 263 mil pesos.
León Caraveo sostiene que esa sentencia es irregular porque, según su versión, la sala regional nunca celebró la sesión en la que supuestamente se aprobó. También cuestiona que el secretario de acuerdos, Jesús Edmundo Félix Bojórquez, haya hecho constar que se negó a firmarla.
El magistrado afirma que las anomalías fueron denunciadas ante las instancias correspondientes y que solicitó que se consideraran como antecedente en otros procedimientos relacionados con el cobro de impuestos federales.
Empresas y particulares, en expedientes señalados
Las denuncias que refiere incluyen expedientes relacionados con asuntos fiscales y resoluciones vinculadas con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).
En las listas que, según La Jornada, fueron consultadas para documentar el caso aparecen empresas y particulares, entre ellos ED&F MAN Liquid Products, Pare de Occidente, IITS Llantas, Aseguradora Aserta, Gil y Gil Agentes Aduanales, Materiales para Construcción Monroy, NPS Servicios para tu Empresa, Distribuidora Málaga, CNR Industries de México y GLC Desarrollos Urbanísticos.
La inclusión de nombres en esos expedientes no acredita por sí misma que las personas o empresas mencionadas hayan cometido irregularidades. El señalamiento central del magistrado se refiere a la presunta manipulación de actuaciones judiciales y a la emisión de resoluciones que, afirma, no habrían sido aprobadas mediante los procedimientos legales correspondientes.
León Caraveo responsabiliza de posibles actos de encubrimiento y coalición de servidores públicos a algunos de los funcionarios que menciona en sus denuncias. Se trata, no obstante, de acusaciones que deben ser investigadas y corroboradas por las autoridades competentes.
Denuncia represalias y amenazas
El magistrado asegura que también hizo llegar sus señalamientos al actual presidente del TFJA, José Ramón Amieva Gálvez, quien, según su relato, se comprometió a revisar la situación, aunque considera que no hubo acciones suficientes para corregir las presuntas irregularidades.
Como parte de sus cuestionamientos, León Caraveo denuncia deficiencias en materia de transparencia y justicia abierta. Afirma que el tribunal carece de información pública suficiente sobre sesiones, listas de asuntos y versiones estenográficas, lo que, a su juicio, dificulta la vigilancia ciudadana de las decisiones judiciales.
Además, acusa que su traslado de Jalisco a Tabasco fue una represalia por las denuncias presentadas. Califica el cambio de adscripción como una sanción encubierta y asegura haber sido objeto de amenazas e intimidación, que atribuye a funcionarios del tribunal.
El magistrado sostiene que, desde entonces, ha enfrentado obstáculos para desempeñar sus funciones. También expresa preocupación por su seguridad y la de su familia en Tabasco.
Otro de sus señalamientos se relaciona con el retiro de su escolta el pasado 28 de septiembre, medida que atribuye a una orden del fiscal especial de Control Regional, David Boone de la Garza. León Caraveo considera que la decisión incrementó su vulnerabilidad ante las amenazas que afirma haber recibido.
Pide que la Presidenta conozca el caso
León Caraveo asegura haber presentado dos denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) y afirma que entregó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo un expediente con documentación sobre las presuntas irregularidades.
También señala que sus denuncias llegaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Según explica, busca que se investiguen las actuaciones de magistrados y personal operativo que, desde su perspectiva, habrían participado en la manipulación de expedientes o en la simulación de sesiones.
El juzgador insiste en que el problema del tribunal no se limita a la legislación, sino que involucra la conducta de quienes deben impartir justicia. Por ello, considera necesaria una revisión institucional que permita esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.
Su experiencia quedó plasmada en el libro TFJA: Reflexiones para la reforma. De la opacidad a la justicia abierta, en el que aborda, según refiere, los problemas de transparencia y funcionamiento que ha denunciado.
Mientras espera una respuesta a sus señalamientos, León Caraveo afirma que continuará con su exigencia de investigación y rendición de cuentas. También reconoce el desgaste emocional que le ha provocado el conflicto y explica que la oración y la meditación se han convertido en recursos para afrontar la situación.
“Urge que se revise este tribunal, están engañando a la presidenta Claudia Sheinbaum”, sostiene.
Las acusaciones planteadas por el magistrado colocan bajo escrutinio el funcionamiento del TFJA y la necesidad de esclarecer si las resoluciones señaladas se emitieron conforme a derecho. La comprobación de los hechos, la determinación de responsabilidades y la cuantificación de un eventual daño al erario corresponden a las autoridades competentes.