La movilización se detuvo minutos después de comenzar, luego de que personas con martillos y palos detonaran un artefacto y se reportaran agresiones y saqueos. La protesta ocurre una semana después de los enfrentamientos del 11 de octubre, por los que 17 policías estatales son investigados.

La Segunda Megamarcha por el Agua Limpia en Guadalajara tuvo un inicio abrupto este domingo, cuando una detonación interrumpió el avance de los manifestantes y generó momentos de miedo y confusión entre quienes se congregaron para exigir agua de calidad y justicia por la actuación policial registrada durante la protesta del pasado 11 de octubre.

De acuerdo con un reporte de la periodista Priscila Hernández, de Aristegui Noticias, un grupo de personas que portaba martillos y palos detonó un artefacto explosivo poco después de que el contingente comenzara a avanzar. La marcha se detuvo y posteriormente retrocedió ante la presencia de quienes fueron identificados en los reportes como un presunto grupo de choque.

Durante la movilización también se reportaron daños y saqueos a comercios, así como el lanzamiento de petardos en una zona donde se encontraban periodistas, algunos de los cuales habrían resultado lesionados. Hasta el momento, estos señalamientos deben distinguirse de los hechos confirmados por las autoridades.

La marcha había sido convocada para las 11:00 horas en el Parque Revolución, conocido como Parque Rojo, en la colonia Americana, con destino al Palacio de Gobierno de Jalisco, en el Centro Histórico. Sin embargo, el contingente apenas avanzó unos metros sobre la avenida Juárez antes de detenerse.

Según el reporte periodístico, en ese tramo no había presencia de agentes de la Policía Vial ni de elementos de seguridad del municipio de Guadalajara.

Una protesta convocada para exigir agua limpia

La movilización fue organizada para reclamar el suministro de agua limpia en los hogares del área metropolitana y exigir que se esclarezcan las presuntas irregularidades cometidas por policías durante la protesta anterior.

Los organizadores convocaron a una manifestación pacífica. Como medida preventiva, jóvenes participantes formaron brigadas de primeros auxilios y grupos equipados con silbatos para alertar sobre posibles situaciones de riesgo y solicitar ayuda.

Ante la convocatoria, el Palacio de Gobierno de Jalisco y el Congreso estatal amanecieron protegidos con vallas metálicas.

La marcha ocurre una semana después de la movilización del 11 de octubre, a la que, según los reportes, acudieron alrededor de 10 mil personas para protestar por la calidad del agua que reciben en sus domicilios.

Aquella jornada terminó en enfrentamientos con policías antimotines, quienes utilizaron gases lacrimógenos, chorros de agua y fuerza física. Las autoridades reportaron entonces la detención de 39 personas.

Investigan a policías por presunto uso excesivo de la fuerza

Tras los hechos del 11 de octubre, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, defendió inicialmente el operativo policial y afirmó que los agentes habían respondido a un grupo de choque integrado, según su versión, por unas 400 personas.

Posteriormente, el mandatario reconoció que hubo deficiencias y errores en el despliegue de seguridad, además de señalar que se registraron situaciones de uso excesivo de la fuerza y detenciones injustas. También anunció una investigación.

El 15 de octubre, el secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández, informó que 17 policías estatales eran investigados por presunto uso excesivo de la fuerza.

Ese mismo día, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) había iniciado una investigación por los presuntos abusos policiales y que la Secretaría de Gobernación participaba en las acciones relacionadas con el caso.

CNDH documenta lesiones y cuestiona detenciones

Antes de la segunda megamarcha, la CNDH exhortó a las autoridades estatales y municipales a respetar y proteger los derechos de expresión y manifestación, así como a evitar el uso innecesario de la fuerza.

El organismo informó que su equipo permanecía en Guadalajara desde el 13 de octubre para continuar las diligencias sobre los hechos del día 11 y vigilar que no se repitieran situaciones similares.

La Comisión también expresó preocupación por los procesos penales iniciados contra cuatro personas detenidas durante aquella protesta: Samuel Morales Navarro, Alexis Daniel Guzmán Ríos, Juan Darío Muñoz Nava y Teodoro Jesús Torres Valdez.

De acuerdo con el organismo, existen indicios de posibles inconsistencias y contradicciones en las acusaciones, así como presuntas irregularidades en la puesta a disposición de los detenidos y en el acceso a una defensa jurídica adecuada.

La CNDH señaló que su personal entrevistó a casi todas las personas detenidas o retenidas y realizó certificaciones médicas que permitieron documentar lesiones y afectaciones físicas y psicológicas que, según los testimonios recabados, estarían relacionadas con el trato recibido durante el operativo.

Entre los casos mencionados figura el de un estudiante de Derecho que sufrió una fractura en las cervicales y que, de acuerdo con la información difundida por la Comisión, requiere atención especializada urgente.

El organismo también indicó que varias de las personas detenidas pertenecen a la comunidad LGBTTTIQ+ o son defensoras de derechos humanos. Asimismo, consideró necesario aplicar el Protocolo de Estambul, instrumento internacional utilizado para investigar y documentar posibles casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La Comisión abrió una investigación propia, identificada con el expediente CNDH/5/2026/8529/Q, ante las irregularidades que señaló y mientras esperaba recibir el expediente correspondiente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.

Además, recogió testimonios que apuntan a que Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador, habría sido utilizada como espacio de operación durante el despliegue de seguridad. Esta versión forma parte de las líneas de investigación y no constituye, por sí misma, una conclusión definitiva.

Los cuatro detenidos enfrentarán el proceso en libertad

En el ámbito judicial, un juez vinculó a proceso el viernes anterior a los cuatro detenidos por los delitos de lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad. No obstante, podrán enfrentar el proceso en libertad, con medidas cautelares que incluyen presentarse periódicamente ante los juzgados, informó el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad).

La organización, que participa en su defensa, cuestionó la resolución al considerar que contribuye a criminalizar la protesta social. Sus representantes legales sostuvieron que durante la audiencia se omitieron pruebas presentadas en favor de los acusados.

Mientras continúan las investigaciones por los hechos del 11 de octubre y se esclarecen los incidentes registrados durante la segunda convocatoria, la exigencia de agua limpia permanece en el centro de la protesta ciudadana.

Los acontecimientos también vuelven a colocar bajo escrutinio la actuación de las corporaciones de seguridad, la protección de los derechos humanos y las condiciones necesarias para que las manifestaciones públicas puedan desarrollarse sin violencia.