El proyecto contempla instalaciones en seis estados y prevé su entrada en operación hacia 2028. La estrategia busca reducir la sobrepoblación carcelaria, reforzar la seguridad y ampliar las oportunidades de reinserción social.
El Gobierno de México anunció la construcción de seis nuevos centros penitenciarios estatales con capacidad conjunta para albergar a 18 mil 480 personas privadas de la libertad, como parte de una estrategia para atender la sobrepoblación en las cárceles y fortalecer el funcionamiento del sistema penitenciario nacional.
El proyecto fue presentado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y cuenta con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum. De acuerdo con las autoridades, se prevé que las nuevas instalaciones comiencen a operar hacia 2028, en respuesta a la presión que enfrenta la infraestructura carcelaria ante el aumento de detenciones registrado en los últimos años.
Los nuevos complejos se construirán en Sinaloa, Chiapas, Estado de México, Nayarit, Sonora y Veracruz. Sinaloa será la primera entidad donde comenzarán los trabajos, debido a la necesidad de reforzar la infraestructura penitenciaria tras los recientes hechos de violencia registrados en centros de reclusión.
Seguridad y control bajo administración pública
Uno de los cambios planteados por el Gobierno federal es que los nuevos centros sean operados exclusivamente por instituciones públicas, con financiamiento proveniente de recursos federales. El esquema busca dejar atrás los modelos de participación privada utilizados en administraciones anteriores.
Las instalaciones contarán con infraestructura de alta seguridad, sistemas de videovigilancia permanente, equipos de inspección y tecnología para bloquear señales de comunicación inalámbrica, con el propósito de impedir que desde el interior se coordinen actividades ilícitas.
También se prevé implementar mecanismos de clasificación de las personas internas de acuerdo con factores como su nivel de riesgo, perfil criminológico y tipo de delito, con la finalidad de mejorar el control, la organización y la gobernabilidad de los centros.
Educación y capacitación para la reinserción social
La estrategia no se limitará a reforzar la seguridad. El diseño de los nuevos complejos contempla espacios para educación, capacitación laboral, actividades deportivas y servicios de salud, componentes que buscan contribuir a la reinserción social de quienes cumplen una sanción.
La intención es ofrecer condiciones que permitan a las personas privadas de la libertad desarrollar habilidades y prepararse para su eventual regreso a la sociedad, al tiempo que se busca reducir el riesgo de reincidencia delictiva.
La efectividad de este enfoque dependerá, entre otros factores, de que los servicios educativos, laborales y sanitarios cuenten con personal, recursos y programas suficientes para operar de manera continua.
Analizan alternativas ante la saturación carcelaria
De forma paralela, el Gobierno federal estudia posibles mecanismos legales para disminuir la presión sobre los centros penitenciarios con mayores niveles de ocupación. Entre las alternativas se analizan medidas dirigidas a personas procesadas por delitos menores, sujetas a los criterios legales y de seguridad correspondientes.
La construcción de los seis penales representa una ampliación de la capacidad física del sistema, aunque el reto también implica mejorar las condiciones de internamiento, garantizar el respeto a los derechos humanos y fortalecer los procesos de reinserción.
Con las nuevas instalaciones, las autoridades buscan avanzar hacia un modelo penitenciario que combine seguridad, orden y oportunidades de recuperación social. El alcance de la estrategia dependerá tanto de la ejecución de las obras como de su operación y de las medidas complementarias para atender la sobrepoblación.