Operativo en Ciudad Victoria deja cuatro detenidos por presunta red de extorsión a ganaderos

Un despliegue coordinado de fuerzas federales y estatales incluyó cateos simultáneos y aseguramiento de inmuebles. Las investigaciones apuntan a una posible estructura que habría controlado ilegalmente la compraventa y movilización de ganado en municipios del sur de Tamaulipas.

Una denuncia anónima sobre presuntas amenazas y cobros ilegales a productores ganaderos habría desencadenado un operativo de gran escala en Ciudad Victoria, donde fuerzas federales y estatales realizaron cateos simultáneos y aseguraron diversos inmuebles, con un saldo preliminar de cuatro personas detenidas.

Las acciones estarían relacionadas con una investigación sobre una posible red dedicada a controlar ilegalmente la comercialización y movilización de ganado, mediante presuntos mecanismos de presión y extorsión contra productores, compradores y otros participantes de esta actividad económica en Tamaulipas.

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, en coordinación con efectivos de la Guardia Estatal y personal de Investigación de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas.

De acuerdo con la información disponible, las intervenciones se realizaron de manera simultánea en distintos puntos de la capital, incluyendo viviendas particulares y oficinas que presuntamente estarían relacionadas con las actividades investigadas.

Las cuatro personas identificadas como detenidas son Citlali “Z”, Héctor Eduardo “P”, Mariana “W” y Eduardo “S”, quienes presuntamente estarían vinculados con las indagatorias por extorsión en el sector ganadero.

Una denuncia puso bajo investigación el comercio de ganado

El origen de las investigaciones se encontraría en una denuncia anónima que alertó sobre la posible operación de una estructura dedicada a ejercer control ilegal sobre la compraventa y el traslado de ganado en El Mante, Nueva Apolonia, González y otras localidades del sur del estado.

El reporte habría proporcionado información sobre personas presuntamente involucradas y advertido sobre una movilización de ganado programada para la fecha señalada en la denuncia. A partir de estos datos, las autoridades habrían ordenado realizar actos de investigación para verificar los señalamientos y determinar posibles responsabilidades.

Uno de los principales objetivos de las indagatorias es establecer si existía un mecanismo mediante el cual productores y compradores eran obligados a someterse a determinadas condiciones para comercializar o trasladar sus animales, bajo amenazas, presiones o exigencias económicas ilegales.

Investigan posibles delitos relacionados con el sector ganadero

El alcance de las investigaciones no se limitaría al delito de extorsión. Las autoridades también deberán determinar si existen elementos para acreditar posibles conductas de abigeato u otras actividades ilícitas relacionadas con la comercialización y movilización de ganado.

En materia legal, la extorsión está contemplada en el artículo 15 de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2025.

Dicha disposición establece penas de 15 a 25 años de prisión, además de multas de 300 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), para quienes, sin derecho, obliguen a otra persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, con el propósito de obtener un beneficio o causar un perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico.

Por ahora, la información disponible no precisa cuántos inmuebles fueron intervenidos, cuáles fueron los bienes asegurados ni la situación jurídica individual de las cuatro personas detenidas.

Las investigaciones continúan para esclarecer el funcionamiento y la posible extensión de esta estructura en el territorio tamaulipeco. Será responsabilidad de las autoridades ministeriales y judiciales determinar si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades penales, bajo el principio de presunción de inocencia.

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