Las protestas comenzaron en Iztapalapa por la compra de seis vehículos eléctricos Tesla y Volvo para funcionarios universitarios, pero se extendieron ante reclamos por falta de becas, instalaciones deterioradas, escasez de materiales y deficiencias en los servicios académicos. El rector general ofreció vender los automóviles, aunque el conflicto continúa sin una fecha definida para reanudar actividades.
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) enfrenta una suspensión de actividades en sus cinco unidades académicas, luego de que las movilizaciones estudiantiles se extendieran hasta Lerma, la última sede que mantenía clases. El paro, de duración indefinida, mantiene sin actividades escolares a más de 61 mil estudiantes y refleja un descontento que va más allá de la adquisición de vehículos para funcionarios.
El conflicto comenzó el pasado 20 de octubre en la Unidad Iztapalapa y posteriormente se extendió a Xochimilco, Azcapotzalco y Cuajimalpa. Este jueves, la comunidad estudiantil de Lerma se sumó a la suspensión, con lo que las cinco sedes quedaron paralizadas.
El detonante de las protestas fue la compra de seis automóviles eléctricos de las marcas Tesla y Volvo, cuyo costo conjunto se aproxima a los cinco millones de pesos. Para los estudiantes, el gasto resulta contradictorio frente a las carencias que, aseguran, enfrentan cotidianamente: insuficiencia de becas, instalaciones deterioradas, falta de materiales y pocas oportunidades para realizar prácticas profesionales.
La compra de vehículos desata inconformidad
Ante las críticas, el rector general de la UAM, Gustavo Pacheco López, reconoció el agravio que pudo generar la adquisición y propuso vender los automóviles para destinar los recursos obtenidos a becas estudiantiles.
No obstante, defendió la decisión de compra al explicar que formaba parte de una estrategia de transición energética para renovar el parque vehicular institucional y reducir las emisiones contaminantes.
La universidad informó que cada automóvil tuvo un costo aproximado de 830 mil pesos, alrededor de 6 por ciento por debajo del límite establecido en la normativa vigente. También sostuvo que las unidades están destinadas exclusivamente a funciones institucionales y que su adquisición respondió a un análisis de costos de mantenimiento, consumo de combustible y beneficios ambientales.
Sin embargo, para los estudiantes, la compra representó la gota que derramó el vaso después de años de inconformidad por las condiciones en las que desarrollan sus actividades académicas.
Instalaciones deterioradas y demandas por unidad
En Iztapalapa, donde comenzaron las movilizaciones, las exigencias incluyen la rehabilitación de la biblioteca, afectada desde el sismo de 2017, además de mejoras en baños, comedores, instalaciones deportivas y otros espacios de uso cotidiano.
En Xochimilco, alumnas señalaron deficiencias en la atención de denuncias por violencia de género, presunto hostigamiento institucional y dificultades para acceder a apoyos económicos. En esa unidad, una asamblea estudiantil reunió a cerca de dos mil alumnos, quienes respaldaron ampliamente la suspensión de actividades.
Las demandas también se organizan por licenciatura, pues cada programa académico trabaja en su propio pliego petitorio para plantear necesidades específicas relacionadas con la formación profesional, los materiales y las condiciones de enseñanza.
Rectoría reconoce insuficiencia de recursos
Pacheco López informó que durante el último año la universidad destinó aproximadamente 320 millones de pesos al mantenimiento, atención y mejoramiento de sus instalaciones. Sin embargo, reconoció que los recursos disponibles no han sido suficientes para resolver todas las necesidades de la institución.
El rector también advirtió que la suspensión de actividades complica la continuidad de las obras de rehabilitación que demanda la comunidad estudiantil.
Aunque la propuesta de vender los vehículos busca responder a uno de los principales motivos de inconformidad, las organizaciones estudiantiles mantienen sus exigencias y consideran que todavía existen obstáculos para alcanzar un acuerdo que permita reanudar las clases.
La paralización de las cinco unidades deja así en evidencia un conflicto que no se limita al costo de seis automóviles: pone sobre la mesa las prioridades presupuestales de la universidad, las condiciones de infraestructura y la atención a las necesidades académicas y sociales de sus estudiantes.