A dos décadas de la explosión ocurrida el 19 de febrero de 2006 en Coahuila, continúan las labores de rescate e identificación de los mineros. Las responsabilidades de Grupo México y las omisiones de los gobiernos federales anteriores vuelven al centro del debate, mientras los familiares esperan recuperar los restos de todos los trabajadores.
A casi 20 años de la tragedia de Pasta de Conchos, en Coahuila, suman 36 los cuerpos de mineros recuperados de la mina donde ocurrió una explosión el 19 de febrero de 2006. De ellos, 31 han sido identificados y entregados a sus familiares, quienes esperaron dos décadas para dar sepultura a sus seres queridos.
El accidente, considerado una de las mayores tragedias de la minería mexicana, dejó 65 trabajadores fallecidos. De acuerdo con el recuento difundido sobre las labores de rescate, 63 permanecieron inicialmente en el interior de la mina, aunque las cifras sobre el total de trabajadores y los cuerpos pendientes de recuperación han presentado distintas referencias.
La recuperación de los restos ha reavivado las exigencias de justicia de las familias y el cuestionamiento sobre las responsabilidades de Grupo México, propietario de la mina, así como de las autoridades que intervinieron después del siniestro.
Advertencias de seguridad antes de la explosión
Antes de la tragedia, el sindicato minero había advertido sobre las condiciones de riesgo en el interior de Pasta de Conchos, particularmente por la presencia de gas metano —también conocido como grisú— y las deficiencias en los sistemas de ventilación y seguridad.
Las denuncias sindicales señalaban que los protocolos eran insuficientes y que las condiciones de trabajo podían propiciar una explosión. Sin embargo, las advertencias no derivaron en las medidas preventivas necesarias para evitar el desastre.
Las críticas contra Grupo México, encabezado por Germán Larrea, se centran en la presunta falta de inversión para mejorar las condiciones de seguridad y en la decisión de no emprender oportunamente las labores de recuperación de los trabajadores después del accidente.
La responsabilidad de la empresa y de las autoridades por lo ocurrido ha sido objeto de cuestionamientos durante años. No obstante, las acusaciones de negligencia y encubrimiento deben distinguirse de las responsabilidades penales que hayan sido determinadas formalmente por las instancias judiciales.
Fox, Calderón y Peña Nieto, bajo cuestionamiento
La respuesta de los gobiernos federales posteriores a la explosión también ha sido objeto de críticas por parte de familiares de las víctimas y organizaciones sindicales.
Durante la administración de Vicente Fox, las labores de rescate fueron suspendidas cinco días después del accidente. La decisión generó inconformidad entre los deudos, quienes exigían continuar la búsqueda de los trabajadores atrapados.
El gobierno de Felipe Calderón tampoco cumplió el compromiso de recuperar los restos de los mineros y permitir que sus familias les dieran sepultura. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, el tema permaneció sin avances sustanciales en materia de rescate.
Las críticas a estas administraciones apuntan a que, durante años, no se atendió la demanda de las familias y tampoco se avanzó de manera suficiente en el esclarecimiento de las responsabilidades por las condiciones en las que operaba la mina.
El rescate se reactivó durante el gobierno de López Obrador
La recuperación de los cuerpos tomó un nuevo impulso durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, luego de que Grupo México devolviera la concesión que le permitía operar Pasta de Conchos y dejara en manos del Estado la responsabilidad de continuar los trabajos.
El gobierno federal encomendó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) las labores de rescate. El 14 de junio de 2024 se localizaron los restos de uno de los mineros, lo que marcó un avance en un proceso que durante años había permanecido sin resultados.
Desde entonces, los trabajos han continuado, aunque con dificultades y avances graduales. La presidenta Claudia Sheinbaum ha manifestado que su administración mantendrá las labores hasta encontrar e identificar a todos los trabajadores fallecidos.
La explotación del gas metano, otro punto de controversia
La tragedia también abrió un debate sobre la explotación y comercialización del gas metano asociado a los yacimientos de carbón.
Semanas después del accidente, el Congreso modificó disposiciones de la legislación reglamentaria del artículo 27 constitucional y de la Ley Minera para permitir que particulares participaran en el aprovechamiento de ese gas.
La decisión fue cuestionada porque el metano había sido señalado como uno de los factores de riesgo en Pasta de Conchos, junto con las deficiencias de ventilación y las condiciones de seguridad denunciadas antes de la explosión.
A dos décadas del siniestro, la recuperación de 36 cuerpos representa un avance para las familias, pero también mantiene vigente una exigencia: conocer plenamente lo ocurrido, esclarecer las responsabilidades y garantizar que tragedias de esta naturaleza no vuelvan a repetirse.