La magistrada presidenta Tania Contreras López encabezó la ceremonia en la que integrantes del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial y juezas y jueces recibieron esta investidura, símbolo de independencia, imparcialidad y compromiso con la ciudadanía.
En un acto que simboliza la responsabilidad de impartir justicia con apego a la ley y respeto a los derechos humanos, la magistrada presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas, Tania Contreras López, encabezó la ceremonia de entrega de togas a 140 personas juzgadoras de la institución.
La entrega se realizó en tres etapas. Primero recibieron esta investidura los 10 integrantes del Supremo Tribunal de Justicia; posteriormente, los cinco magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, y finalmente, 125 juezas y jueces que forman parte del Poder Judicial estatal.
Durante su mensaje, Contreras López destacó que la toga representa mucho más que una distinción institucional: es un recordatorio de que la función jurisdiccional implica una responsabilidad pública que debe ejercerse con integridad y vocación de servicio.
“Esta investidura nos recuerda que nuestra función trasciende lo individual. Que la autoridad que ejercemos está en el servicio de la sociedad y que debemos honrar con nuestra conducta y nuestras decisiones la confianza que la ciudadanía ha depositado en nosotros”, expresó.
La magistrada presidenta también hizo referencia al diseño renovado de las prendas, cuyas grecas incorporan elementos de identidad y pertenencia al estado.
“Conscientes de que nuestra investidura debe honrarse dentro y fuera de los tribunales, las grecas que distinguen nuestras togas expresan nuestra identidad y el vínculo que mantenemos con Tamaulipas”, señaló.
Más allá de su carácter ceremonial, la toga representa el compromiso de impartir justicia con independencia, imparcialidad y apego a la ley. También simboliza el deber de escuchar y comprender a quienes acuden a los tribunales en busca de una respuesta a sus necesidades y conflictos.
La ceremonia reunió a las personas juzgadoras en torno a una responsabilidad compartida: fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones de justicia mediante decisiones responsables, un trato sensible y el respeto permanente a la dignidad humana.