Manuel Añorve Baños sostuvo que su bancada respalda el combate al fraude y la suplantación de instituciones, pero pidió reglas más precisas para evitar que periodistas, caricaturistas, medios y creadores de contenido puedan quedar expuestos a interpretaciones penales.
El senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Manuel Añorve Baños, anunció el rechazo de su bancada al dictamen que reforma el Código Penal Federal y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, al considerar que algunas de sus disposiciones podrían generar riesgos para la libertad de expresión, de prensa y el ejercicio de la crítica.
Durante la discusión legislativa, Añorve aclaró que el PRI no cuestiona la necesidad de combatir la piratería, el fraude y la suplantación de instituciones públicas. Su preocupación, explicó, se concentra en la forma en que fueron redactados algunos de los nuevos supuestos penales y en el margen de interpretación que podrían dejar.
El punto de conflicto: el artículo 403 Bis
Uno de los aspectos señalados por el legislador fue el artículo 403 Bis, relacionado con el uso de elementos de identidad gráfica institucional cuando exista la intención de inducir al error o al engaño.
Para Añorve, debe establecerse una diferencia inequívoca entre una conducta destinada a suplantar a una institución pública para obtener un beneficio ilícito y aquellas expresiones que utilizan elementos oficiales dentro de un contexto periodístico, artístico, satírico o de crítica política.
El senador planteó como ejemplo la diferencia entre crear una página falsa que se haga pasar por una dependencia gubernamental para engañar a ciudadanos y obtener dinero, y utilizar recursos gráficos institucionales en un programa de opinión, una caricatura, una nota periodística o una pieza de contenido político.
Pide excepciones expresas
Ante ese escenario, el coordinador priista consideró necesario que la legislación establezca de manera explícita salvaguardas para el periodismo, la sátira, la parodia, la caricatura y la crítica política, entre otras formas legítimas de expresión.
Su argumento parte de que, al tratarse de disposiciones de carácter penal, las conductas sancionables deben estar definidas con el mayor grado posible de precisión.
“¿Quién va a decidir cuándo una parodia deja de ser parodia y se convirtió en un intento de engañar?”, planteó el senador durante el debate.
Desde su perspectiva, una norma penal no debería depender de interpretaciones ambiguas cuando están involucrados derechos como la libertad de expresión y la libertad de prensa.
Internet también entra en la discusión
Añorve extendió sus cuestionamientos a otras modificaciones relacionadas con contenidos difundidos a través de internet.
El legislador sostuvo que existe preocupación sobre el alcance que podrían adquirir las nuevas disposiciones y señaló que el combate a las conductas ilícitas debe realizarse con reglas que permitan identificar claramente cuándo existe una intención de fraude o suplantación.
La discusión adquiere especial relevancia en un entorno donde medios de comunicación, periodistas, caricaturistas y ciudadanos utilizan diariamente imágenes, logotipos y otros elementos asociados con instituciones públicas para informar, comentar o realizar contenidos satíricos.
PRI anuncia voto en contra
Con estos argumentos, Añorve confirmó que el PRI votaría en contra del dictamen.
La postura de la bancada, explicó, no implica rechazar las herramientas legales contra el fraude o la suplantación institucional, sino exigir que esas medidas estén acompañadas de límites claros para evitar que puedan alcanzar expresiones protegidas por la libertad de expresión.
El debate deja así dos objetivos que deberán convivir en la legislación: perseguir el uso fraudulento de la identidad de las instituciones públicas y, al mismo tiempo, garantizar que la crítica, el periodismo, la sátira y la creación artística no sean confundidos con conductas destinadas a engañar.