¿Puede resurgir la guerrilla en México ante el descontento social y la falta de respuestas del Gobierno?

Las protestas de colectivos de búsqueda, comunidades indígenas, agricultores, transportistas y trabajadores reflejan un malestar social persistente. Sin embargo, especialistas y análisis sobre los movimientos armados advierten que la inconformidad, por sí sola, no basta para reconstruir organizaciones como el EPR o el ERPI.

Las movilizaciones, bloqueos y exigencias de justicia de distintos sectores sociales evidencian los conflictos que siguen abiertos en México. Las familias de personas desaparecidas, comunidades indígenas, trabajadores del IMSS, del Poder Judicial y del Instituto Nacional Electoral (INE), así como agricultores y transportistas, mantienen reclamos por seguridad, derechos laborales y atención institucional.

En este contexto surge una pregunta: ¿el descontento social podría propiciar el resurgimiento de movimientos guerrilleros como el Ejército Popular Revolucionario (EPR) o su derivación, el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), organizaciones que en el pasado optaron por la lucha armada contra el Estado?

La inconformidad frente al Gobierno de Claudia Sheinbaum y la percepción de que las vías institucionales no ofrecen respuestas suficientes pueden alimentar tensiones sociales. Sin embargo, el malestar no se traduce automáticamente en insurgencia. Para reconstruir una organización armada se requieren condiciones territoriales, respaldo social, capacidad de organización y estructuras que permitan sostener un proyecto político y militar.

El territorio y el avance del crimen organizado

Uno de los principales obstáculos para el eventual regreso de las guerrillas tradicionales es el cambio en las condiciones de seguridad de las regiones donde históricamente tuvieron presencia.

Zonas montañosas de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán, relacionadas en distintos momentos con organizaciones armadas, también enfrentan conflictos vinculados con el narcotráfico, la extorsión y el control criminal de comunidades y actividades económicas.

En esas circunstancias, la clandestinidad no garantiza necesariamente un espacio seguro. Los grupos que intentaran establecerse en territorios disputados tendrían que considerar la presencia de organizaciones criminales, además de la actuación de las fuerzas del Estado.

El problema no se limita a la disponibilidad de armas o recursos. El miedo, las amenazas y la fragmentación de los vínculos comunitarios pueden dificultar la construcción de una base social estable. Una organización clandestina podría quedar sometida a intereses criminales o entrar en conflicto con ellos, en lugar de desarrollar una estructura política propia.

Esto no significa que todas las regiones montañosas estén bajo el mismo control ni que sus habitantes carezcan de capacidad de organización y resistencia. El punto es que las condiciones territoriales actuales son distintas a las que existían hace tres décadas.

Los programas sociales y las vías de participación

Otro elemento que modifica el escenario es la existencia de mecanismos de participación y negociación que pueden canalizar parte de las inconformidades.

Los programas sociales, las transferencias económicas, la interlocución con las autoridades y la participación electoral ofrecen alternativas distintas a la confrontación armada. Sin embargo, recibir apoyos gubernamentales no significa que las personas hayan dejado de protestar ni demuestra que la pobreza y la exclusión estén resueltas.

Tampoco puede afirmarse, únicamente a partir de la existencia de estos programas, que prevengan el reclutamiento por organizaciones armadas.

Para sectores campesinos, sindicatos y organizaciones magisteriales, la negociación presupuestal, las movilizaciones y la participación política pueden representar caminos para exigir soluciones. No obstante, esos mecanismos no garantizan que todas las demandas sean escuchadas o atendidas.

En ese sentido, las protestas de colectivos feministas, ambientalistas, organizaciones de derechos humanos y trabajadores del transporte no deben confundirse con proyectos insurgentes. Los bloqueos, las huelgas y las manifestaciones, incluso cuando afectan la circulación o las actividades económicas, no constituyen por sí mismos una estrategia de lucha armada.

Vigilancia estatal y dificultades de organización

Un tercer factor es la capacidad de las instituciones de seguridad para dar seguimiento a organizaciones clandestinas. El escenario actual es distinto al de la década de 1990, cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) apareció públicamente en Chiapas y otros movimientos armados mantenían actividad política y militar.

En la actualidad, instituciones como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina forman parte del aparato de seguridad del Estado. Sin embargo, la existencia de mecanismos de vigilancia no permite concluir que las autoridades conozcan todas las redes, capacidades o movimientos de las organizaciones clandestinas.

Las divisiones internas, los cambios de liderazgo y las dificultades para mantener estructuras operativas también representan desafíos para organizaciones como el EPR y el ERPI. Su actividad pública, sus comunicados o sus periodos de silencio tampoco permiten determinar por sí solos su capacidad actual.

Por ello, no es posible afirmar que estos movimientos hayan desaparecido definitivamente ni que estén en condiciones de reconstruir una fuerza insurgente de alcance nacional.

Autodefensas, guardias comunitarias y nuevas formas de conflicto

La inseguridad y la falta de respuestas institucionales también pueden favorecer otras formas de organización y confrontación.

Las autodefensas y guardias comunitarias, por ejemplo, han surgido en distintos lugares como mecanismos de protección frente a amenazas criminales. Sin embargo, no todas responden a los mismos objetivos ni mantienen las mismas relaciones con las autoridades o con otros actores armados.

La defensa de una comunidad no equivale necesariamente a un proyecto revolucionario nacional. Para comprender estos grupos es necesario analizar cada caso, su autonomía, sus formas de organización y sus posibles vínculos con otros actores.

En las ciudades y carreteras, el descontento puede expresarse mediante huelgas, ocupaciones de casetas, bloqueos prolongados y, en determinados conflictos, enfrentamientos con fuerzas policiales. Estas acciones pueden tener consecuencias importantes para la población, pero tampoco representan por sí mismas el inicio de una insurgencia.

El antecedente del EZLN

Uno de los episodios que permite entender las diferencias entre protesta social y levantamiento armado es el surgimiento público del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

El EZLN irrumpió en la escena nacional el 1 de enero de 1994, cuando un grupo de indígenas armados se levantó en Chiapas y ocupó distintas localidades, entre ellas San Cristóbal de las Casas. Después de los enfrentamientos con el Ejército mexicano, sus integrantes se replegaron hacia la Selva Lacandona.

Posteriormente, el movimiento desarrolló una estructura política y comunitaria en regiones de Chiapas, donde estableció formas de autogobierno. En 2018, además, impulsó la candidatura independiente de María de Jesús Patricio Martínez, conocida como Marichuy, para la Presidencia de la República, aunque no consiguió reunir las firmas necesarias para aparecer en la boleta electoral.

Este antecedente muestra que los movimientos sociales y políticos pueden adoptar distintas formas de organización a lo largo del tiempo, sin que su evolución conduzca necesariamente a una expansión de la confrontación armada.

El desafío para el Gobierno

El descontento social no ha desaparecido, pero las condiciones para que se transforme en una insurgencia como las del pasado son diferentes. El control territorial de grupos criminales, las vías de participación política y las dificultades organizativas ayudan a explicar por qué las protestas actuales no implican automáticamente el regreso del EPR, el ERPI u otras guerrillas tradicionales.

Para el gobierno de Claudia Sheinbaum, el desafío no se limita a contener movilizaciones o reforzar las estrategias de seguridad. También implica atender las causas de las inconformidades, proteger a las comunidades y ofrecer respuestas institucionales a las demandas de justicia, empleo, seguridad y derechos.

La cuestión de fondo no es solamente si las guerrillas volverán a tener presencia en México, sino qué ocurre cuando quienes protestan consideran que las vías pacíficas e institucionales no producen resultados. La respuesta a esa pregunta dependerá, en buena medida, de la capacidad del Estado para recuperar la confianza ciudadana y resolver los conflictos antes de que se profundicen.

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