SCJN avala acceso a datos de telecomunicaciones con orden judicial y pretende fortalecer derechos de las víctimas

El máximo tribunal determinó que la conservación de registros y la geolocalización en tiempo real son constitucionales bajo supervisión judicial. En otro fallo, reconoció que las víctimas también pueden solicitar aclaraciones sobre las imputaciones durante un proceso penal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó diversas disposiciones de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión relacionadas con la conservación de datos de usuarios, la geolocalización en tiempo real y la entrega de información a las autoridades, al establecer que estas facultades son constitucionales siempre que estén sujetas a control judicial y respeten la protección de datos personales.

El máximo tribunal precisó que las obligaciones de las empresas de telecomunicaciones se limitan a conservar información asociada con la prestación de sus servicios, sin que esto implique almacenar el contenido de llamadas, mensajes o conversaciones de los usuarios.

También estableció que las autoridades no pueden acceder libremente a esos registros: cualquier solicitud debe contar con una autorización judicial debidamente fundada y motivada, conforme a las garantías previstas en el artículo 16 constitucional.

Respecto a la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles, la Corte reiteró que esta herramienta no constituye por sí misma una intervención de comunicaciones privadas, debido a que permite conocer la ubicación aproximada de un equipo, pero no acceder al contenido de sus comunicaciones. Sin embargo, subrayó que su utilización también debe estar respaldada por una orden judicial.

Víctimas podrán solicitar aclaraciones en procesos penales

En una resolución distinta, el Pleno de la SCJN fortaleció los derechos de las víctimas dentro del sistema de justicia penal al validar una disposición del Código Nacional de Procedimientos Penales que les permite solicitar aclaraciones sobre las imputaciones formuladas por el Ministerio Público.

La Corte determinó que esta facultad no corresponde exclusivamente a la persona imputada y su defensa, sino que también puede ser ejercida por las víctimas y sus asesores jurídicos, con el propósito de garantizar una participación efectiva y condiciones de igualdad procesal.

El criterio derivó de un caso relacionado con una denuncia por violación sexual contra una adolescente en la Ciudad de México. Al analizar el expediente, los ministros señalaron que las autoridades judiciales deben valorar las declaraciones de las víctimas con perspectiva de género, infancia e interseccionalidad, particularmente en los delitos sexuales, en los que los testimonios pueden constituir elementos probatorios fundamentales.

Asimismo, la SCJN recordó que para dictar un auto de vinculación a proceso no se exige el mismo nivel de certeza que para emitir una sentencia condenatoria. En esa etapa basta con contar con datos que permitan establecer razonablemente la posible comisión de un delito y la probable participación de la persona imputada.

Con estas determinaciones, el máximo tribunal abordó dos aspectos centrales del sistema de justicia: los límites constitucionales para acceder a información de telecomunicaciones y las garantías que permiten a las víctimas participar de manera más efectiva en los procedimientos penales.

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