Senado abre diálogo para construir una ley nacional contra el feminicidio.

Legisladores, especialistas, autoridades, organizaciones y familiares de víctimas buscan fortalecer la iniciativa enviada por Claudia Sheinbaum para homologar el delito y reducir la impunidad.

En la Antigua Casona de Xicoténcatl, el Senado abrió este martes un espacio en el que las voces de especialistas, autoridades y, de manera particular, de familiares de víctimas buscan convertirse en parte de una nueva legislación contra el feminicidio.

Las comisiones de Igualdad de Género, Justicia y Estudios Legislativos Primera inauguraron las Mesas de diálogo para analizar y enriquecer la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Feminicidio, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El encuentro reúne a legisladores federales y locales, académicos, especialistas, organizaciones de la sociedad civil, autoridades de los tres niveles de gobierno, defensoras de derechos humanos y familiares de víctimas, con una premisa: que la discusión no se quede en un foro de opiniones, sino que se traduzca en cambios concretos al proyecto de ley.

La dimensión de la participación refleja el interés que ha despertado la propuesta. Las comisiones han recibido 796 propuestas relacionadas con los 62 artículos y 12 transitorios que integran la iniciativa. Además, 174 personas se registraron para presentar aportaciones y más de 90 participan como acompañantes de los trabajos.

La senadora Martha Lucía Mícher Camarena, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, calificó el proceso como una “oportunidad histórica” para homologar el delito de feminicidio en todo el país, establecer estándares nacionales de investigación, fortalecer las acciones de prevención y reducir los niveles de impunidad.

“No buscamos reunir opiniones para elaborar una memoria del foro; buscamos insumos que permitan fortalecer el contenido de la legislación”, afirmó.

Mícher colocó en el centro de la discusión a las familias de las víctimas, a las sobrevivientes de tentativa de feminicidio y a las colectivas que durante años han exigido justicia. La responsabilidad, sostuvo, debe colocarse por encima de las diferencias políticas y partidistas.

Una misma protección sin importar el estado

Uno de los principales retos que enfrenta la propuesta es la diversidad de normas que actualmente existen en el país.

En representación de la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, la vicepresidenta Verónica Noemí Camino Farjat advirtió que las diferencias entre las legislaciones estatales pueden generar espacios de impunidad y permitir que los responsables se amparen en normas más laxas.

“Nunca más victimarios escondidos detrás de un estado que no haya querido hacer su tarea o que no la haya podido hacer”, señaló.

La legisladora enfatizó, sin embargo, que la homologación debe realizarse sin vulnerar la soberanía de las entidades federativas.

Para el senador Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, la iniciativa representa un intento por construir una respuesta nacional frente a las violencias feminicidas y superar la fragmentación normativa. Aunque reconoció los avances contenidos en el proyecto, señaló que existen áreas de oportunidad que el Senado deberá atender para garantizar una legislación eficaz, protección efectiva y verdadero acceso a la justicia.

En el mismo sentido, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Primera, sostuvo que una ley general sólo tendrá sentido si logra que cualquier mujer tenga acceso al mismo estándar de protección, independientemente de la entidad en la que viva.

Para ello, advirtió, no basta con modificar el marco legal: se necesitan instituciones especializadas, personal capacitado, coordinación entre autoridades y recursos suficientes.

Más de 37 mil mujeres, una cifra detrás de la discusión

Durante el encuentro, la ministra Yasmín Esquivel Mossa, en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puso sobre la mesa una cifra que dimensiona la urgencia del debate.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, más de 37 mil mujeres han sido víctimas de muerte violenta entre enero de 2015 y julio de 2026.

Para Esquivel Mossa, la iniciativa responde no sólo a una necesidad jurídica, sino también a un compromiso ético y constitucional del Estado mexicano.

Desde la Secretaría de las Mujeres, la subsecretaria Ingrid Gómez Saracibar señaló que actualmente el tipo penal de feminicidio se encuentra fragmentado en 32 regulaciones distintas, una situación que la propuesta busca superar mediante un tipo penal sólido, con razones de género, agravantes y penas claramente definidas.

Pero el proyecto pretende mirar más allá de la sanción al responsable.

Entre sus propuestas destaca la creación del Registro Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes en Situación de Orfandad por Feminicidio, con el que se busca atender una de las consecuencias menos visibles de estos crímenes: el impacto que dejan en las familias y, particularmente, en niñas, niños y adolescentes que pierden a sus madres.

Una ley que no termine en el papel

La discusión también plantea un desafío que va más allá de las definiciones jurídicas. Monserrat Matilde Rizo Rodríguez, representante de la Secretaría de Gobernación, señaló que el objetivo debe ser construir una respuesta integral del Estado.

Eso implica prevenir la violencia, investigar con debida diligencia, sancionar a los responsables y garantizar a las víctimas y sus familias verdad, justicia y reparación.

En las mesas abiertas este martes, el Senado enfrenta así una tarea que trasciende la elaboración de un nuevo ordenamiento. Se trata de definir si una legislación nacional puede cerrar las brechas que durante años han permitido respuestas distintas ante un mismo delito.

El desafío será convertir las 796 propuestas recibidas y las voces de quienes participan en el proceso en una norma capaz de traducirse en protección efectiva.

Porque detrás de cada artículo, cada estándar de investigación y cada mecanismo de coordinación hay una exigencia que las familias de las víctimas llevan años repitiendo: que la justicia no dependa del estado donde ocurrió un feminicidio y que la ley deje de ser una promesa para convertirse en una respuesta efectiva.