Javier Corral informó que todavía no existe una fecha definitiva para dictaminar la iniciativa presidencial; las comisiones continúan revisando propuestas de colectivos, familiares de víctimas y especialistas.
La iniciativa presidencial para crear una Ley General contra el Feminicidio continúa en proceso de revisión en el Senado, donde todavía no existe una fecha definitiva para la elaboración del dictamen.
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, explicó que las comisiones buscan agotar el diálogo con organizaciones, colectivos de víctimas, familiares y especialistas antes de cerrar el proyecto. Las mesas de trabajo han generado cientos de observaciones: durante los trabajos de agosto se reportó la recepción de 796 propuestas legislativas relacionadas con los 62 artículos y 12 transitorios de la iniciativa.
“Lo que queremos es agotar el proceso de diálogo”, señaló Corral, al explicar que las opiniones recibidas están siendo sistematizadas para determinar cuáles pueden incorporarse al proyecto.
La definición del feminicidio, uno de los puntos centrales
Uno de los asuntos que permanece bajo análisis es la definición jurídica del feminicidio y la manera en que deberán establecerse las razones de género que permitan acreditar el delito.
Corral ha señalado que el tipo penal debe quedar definido con absoluta claridad para evitar interpretaciones arbitrarias y facilitar la investigación y acreditación de los casos.
Dentro de las discusiones también se encuentra el alcance de la protección para mujeres trans, un tema que ha generado distintas propuestas durante el proceso de consulta. El objetivo planteado en las mesas es revisar la redacción jurídica y delimitar con precisión los supuestos contemplados por la legislación.
La propia Comisión para la Igualdad de Género ha informado que las razones de género son uno de los apartados que podrían reorganizarse para evitar duplicidades y mejorar la técnica legislativa.
Investigar toda muerte violenta de una mujer
Otro de los cambios relevantes de la propuesta consiste en establecer que toda muerte violenta de una mujer sea investigada inicialmente bajo la hipótesis de feminicidio, para posteriormente determinar, con base en los elementos de la investigación, si corresponde descartar esa clasificación.
Este principio está incluido en la iniciativa presidencial y retoma criterios derivados de resoluciones de la Suprema Corte, según explicó la Secretaría de las Mujeres durante las mesas de análisis.
El proyecto también busca establecer un tipo penal homologado a nivel nacional, así como estándares comunes para la investigación, coordinación entre autoridades y reparación integral del daño. La propuesta contempla además medidas relacionadas con la atención a niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio.
Responsabilidades para servidores públicos
Entre las propuestas que se encuentran bajo revisión también están aquellas relacionadas con la actuación de servidores públicos durante las investigaciones.
El planteamiento busca establecer consecuencias para quienes alteren, retrasen, obstaculicen o distorsionen las investigaciones relacionadas con feminicidios, con la intención de evitar prácticas que puedan afectar el acceso de las víctimas y sus familias a la justicia.
Para Corral, sin embargo, una nueva legislación no será suficiente si las instituciones responsables no cuentan con las herramientas necesarias para aplicarla.
Las penas también están sobre la mesa
El régimen de sanciones es otro de los aspectos que continúa siendo analizado.
La iniciativa presidencial enviada al Senado contempla actualmente penas de 50 a 70 años de prisión, aunque durante las mesas de trabajo se han planteado modificaciones y se ha discutido la relación entre las sanciones propuestas y las existentes en las legislaciones estatales.
Corral ha advertido que la eficacia de la legislación dependerá no sólo de la severidad de las penas, sino de la capacidad institucional para investigar correctamente los casos y llevarlos ante los tribunales.
Por ello, otro de los puntos relevantes será garantizar recursos presupuestales suficientes para que fiscalías, policías y demás instituciones puedan cumplir con los nuevos protocolos y obligaciones.
El Senado busca cerrar el proyecto
Aunque inicialmente se había planteado una ruta para discutir el dictamen durante septiembre, el proceso de consulta ha mantenido abierta la revisión. El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier, había señalado que las comisiones se encontraban cerca de concluir las mesas de trabajo y que el dictamen podría discutirse durante la última semana de septiembre.
La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Mícher, también ha señalado que se realizarán modificaciones a la propuesta original a partir de las aportaciones recibidas, aunque ha descrito esos cambios como ajustes destinados a mejorar el proyecto.
Corral hizo sus declaraciones durante la firma de un convenio entre la Comisión de Justicia del Senado y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), mediante el cual se busca incorporar asesoría especializada, investigaciones y opiniones técnicas al trabajo legislativo.
Por ahora, el proyecto permanece abierto a modificaciones. El Senado deberá resolver en las próximas etapas qué propuestas se incorporan al texto final y cómo se traducen en normas aplicables en todo el país.
La discusión no se limita, por tanto, a definir nuevas penas. También implica establecer cómo se investigará un feminicidio, qué responsabilidades tendrán las autoridades, qué protección recibirán las víctimas indirectas y con qué recursos se aplicará la nueva legislación.