Sheinbaum: cancelación de visas a gobernadores es un asunto personal, aunque sean servidores públicos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que la cancelación de visas estadounidenses a gobernadores mexicanos debe considerarse un asunto de carácter personal, aun cuando se trate de funcionarios públicos en ejercicio.

Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria fue cuestionada sobre los casos de gobernadores a quienes Estados Unidos les ha retirado el documento migratorio. En respuesta, insistió en que se trata de una decisión que corresponde al ámbito individual de cada persona.

«Eso es un asunto personal de cada quien», afirmó.

Ante el señalamiento de que los involucrados son servidores públicos, Sheinbaum reiteró su postura: «Sí, pero es un asunto personal».

Pide distinguir entre decisiones administrativas y procesos penales

La presidenta aprovechó el tema para señalar que, cuando existen pruebas de vínculos con actividades delictivas, las autoridades mexicanas han actuado sin importar la afiliación política de los implicados.

«Se han detenido presidentes municipales, se han detenido funcionarios de distintos partidos políticos en donde hay pruebas de su vínculo con la delincuencia», expresó.

Con ello, la mandataria marcó una diferencia entre la cancelación de una visa por parte del gobierno estadounidense —una facultad soberana de ese país y cuyos motivos no siempre son públicos— y las investigaciones o procesos judiciales que pueden derivar en acciones penales dentro de México.

Un tema que permanece bajo el escrutinio público

La postura de Sheinbaum surge en medio del debate generado por la revocación de visas a diversos funcionarios mexicanos, un tema que ha despertado cuestionamientos sobre sus implicaciones políticas y diplomáticas.

Hasta el momento, el gobierno mexicano ha sostenido que las decisiones sobre el otorgamiento o cancelación de visas corresponden exclusivamente a las autoridades de Estados Unidos, mientras que cualquier investigación por posibles delitos debe sustentarse en pruebas y desarrollarse conforme al marco legal mexicano.

La presidenta reiteró que, cuando existan elementos suficientes para acreditar conductas ilícitas, las autoridades competentes deberán actuar conforme a derecho, independientemente del cargo o del partido político al que pertenezcan los involucrados.