La presidenta afirmó que el gobierno federal concentró su revisión en las irregularidades detectadas en 2025 y las acciones para frenar este delito. Aseguró que colaborará con la Fiscalía si una investigación requiere información sobre años anteriores.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aclaró que su gobierno no ha realizado una revisión integral de los casos de huachicol fiscal correspondientes al sexenio de Andrés Manuel López Obrador, aunque señaló que podría ampliar el análisis a periodos anteriores si la Fiscalía General de la República (FGR) lo solicita en el marco de una investigación.
Durante su declaración, la mandataria explicó que la estrategia federal se concentró inicialmente en cruzar información de las instituciones involucradas para identificar irregularidades durante 2025, primer año de su administración, y establecer mecanismos que impidan la continuidad de este esquema de evasión fiscal.
Sheinbaum sostuvo que la revisión podría extenderse a 2024, 2023 y otros años, siempre que se cuente con información disponible. Sin embargo, insistió en que la prioridad de su gobierno es cerrar las vías que permiten el ingreso irregular de combustibles y la evasión de impuestos.
“Si hay alguna investigación por parte de la Fiscalía que implique una investigación previa, el gobierno de México va a colaborar”, afirmó.
Gobierno centra revisión en irregularidades detectadas en 2025
La presidenta explicó que el análisis presentado se realizó mediante el cruce de millones de registros de distintas dependencias, entre ellas el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Petróleos Mexicanos (Pemex), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y las autoridades aduaneras.
De acuerdo con la mandataria, la integración de esta información permite detectar inconsistencias y actuar cuando se identifican posibles irregularidades.
El objetivo, indicó, es fortalecer los mecanismos de fiscalización y evitar que continúen las prácticas relacionadas con el huachicol fiscal, un esquema que implica irregularidades en la importación, comercialización o declaración de combustibles y que puede derivar en la evasión de obligaciones tributarias.
Sheinbaum defendió que la revisión de 2025 permite mostrar las acciones emprendidas por su administración y vincularlas con las investigaciones y detenciones realizadas por las autoridades.
Reportan recuperación de ingresos por IEPS en 2026
En cuanto al impacto fiscal, la mandataria señaló que durante 2025 se dejaron de percibir alrededor de 61 mil millones de pesos por concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), mientras que en 2026 se habrían recuperado 48 mil millones de pesos de esos ingresos.
No obstante, al momento de la presentación del informe, el gobierno federal aún no contaba con una cifra consolidada sobre el monto total del dinero recuperado mediante las acciones contra el huachicol fiscal.
La falta de este dato impide establecer con precisión cuánto de los recursos presuntamente evadidos ha regresado efectivamente a las arcas públicas y cuál es el balance financiero definitivo de las medidas aplicadas.
Antecedentes mantienen el debate sobre el daño al erario
La discusión sobre el alcance del huachicol fiscal también involucra estimaciones previas del daño a las finanzas públicas. En declaraciones anteriores, la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano, había señalado un posible perjuicio de 600 mil millones de pesos, de los cuales 16 mil millones correspondían a querellas en curso, según la información citada en el reporte.
Sin embargo, esas cifras no representan por sí mismas una determinación judicial definitiva de responsabilidades ni permiten atribuir el total del daño a un periodo o funcionario específico sin una investigación que lo sustente.
Ante las preguntas sobre la posibilidad de establecer cuándo comenzó el esquema y cuánto dinero perdió el Estado durante administraciones anteriores, Sheinbaum reiteró que su gobierno proporcionará la información que requiera la FGR si existe una denuncia o una investigación formal.
Por ahora, la revisión federal se mantiene enfocada en las irregularidades identificadas desde 2025 y en las medidas para evitar que continúe la evasión fiscal relacionada con los combustibles. La reconstrucción de los hechos de años anteriores dependerá de la disponibilidad de datos y de las investigaciones que determinen las autoridades competentes.