Sheinbaum exige pruebas a EU y rechaza investigar a Andy López Beltrán por retiro de visa.

La presidenta sostiene que una sanción migratoria de Washington no constituye evidencia de un delito y defiende que cualquier acusación contra políticos mexicanos sea presentada ante las autoridades nacionales. La revocación de una visa estadounidense volvió a colocar en el centro de la relación entre México y Estados Unidos un tema que trasciende los trámites …

La presidenta sostiene que una sanción migratoria de Washington no constituye evidencia de un delito y defiende que cualquier acusación contra políticos mexicanos sea presentada ante las autoridades nacionales.

La revocación de una visa estadounidense volvió a colocar en el centro de la relación entre México y Estados Unidos un tema que trasciende los trámites migratorios: hasta dónde puede llegar Washington al señalar a políticos mexicanos y qué papel corresponde asumir a las autoridades nacionales frente a esas acusaciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum fijó este viernes su postura luego de que Andy López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, hiciera pública una carta dirigida a Donald Trump en la que denunció que el secretario de Estado, Marco Rubio, y el subsecretario Christopher Landau habrían ordenado la revocación de su visa.

López Beltrán, de 40 años, negó cualquier comportamiento delictivo o inmoral y calificó la decisión como política y autoritaria. Frente a ello, Sheinbaum sostuvo que no existe motivo para que el Gobierno mexicano abra una investigación únicamente porque Estados Unidos haya retirado una visa.

“No hay nada contra el hijo del presidente”, ha señalado la mandataria, al explicar que, hasta donde le ha informado la Fiscalía General de la República, no existe una investigación relacionada con López Beltrán.

Pero la presidenta también estableció un límite: si Estados Unidos cuenta con información que vincule a algún mexicano con un delito, debe presentar las pruebas correspondientes.

La posición de Sheinbaum es que las acusaciones deben sustentarse con evidencia y que corresponde a la Fiscalía y a los jueces mexicanos determinar responsabilidades dentro del marco jurídico nacional. Al mismo tiempo, ha insistido en que su Gobierno no protegerá a ninguna persona que haya cometido un delito, sin importar su partido o posición política.

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