La presidenta llamó a revisar licitaciones y transparentar la relación con proveedores tras una investigación gubernamental que señala contratos por más de 2 mil 740 millones de pesos a empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas. La organización política rechaza los señalamientos y prepara acciones legales.
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el Instituto Nacional Electoral (INE) requiere un proceso de revisión y saneamiento de sus contrataciones para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos, luego de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, encabezada por Raquel Buenrostro, presentara una investigación sobre una presunta red de empresas proveedoras de materiales electorales.
Durante su conferencia matutina de este viernes 6 de noviembre, la mandataria cuestionó la consigna “el INE no se toca” y sostuvo que la autonomía del organismo no debe impedir la revisión de posibles irregularidades en sus procedimientos de contratación.
“Lo que nos corresponde a nosotros, y a los actuales consejeros que están hoy en el INE, es sanear, limpiar, garantizar que las contrataciones sean totalmente transparentes”, expresó.
La investigación presentada por Buenrostro señala a empresas relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, a las que se atribuyen contratos por aproximadamente 2 mil 740.4 millones de pesos entre 2015 y 2025, principalmente con organismos electorales locales.
De acuerdo con la información expuesta por la funcionaria, seis compañías habrían concentrado adjudicaciones durante varios años. Entre ellas se encuentran Cajas Graf, Seriplast de México, Corporativo ZEG, Formas Finas y Materiales, Comercializadora JVLY y Formas Finas Fernando Fernández. <Cite refs={[«turn874552search0″,»turn874552search1″,»turn874552search3»]}/>
Sheinbaum pide revisar licitaciones y proveedores
La presidenta sostuvo que los antecedentes de la estructura empresarial señalada se remontan a finales de la década de 1990 y que su actividad se habría fortalecido después de la reforma electoral de 2014, cuando el INE adquirió facultades para designar a integrantes de los organismos públicos locales electorales.
Según la exposición gubernamental, una parte importante de los contratos se otorgó durante la presidencia de Lorenzo Córdova en el entonces Instituto Nacional Electoral, mientras que las empresas también mantuvieron adjudicaciones durante la gestión de Guadalupe Taddei.
Ante este escenario, Sheinbaum pidió a los actuales consejeros electorales revisar los procedimientos de licitación, establecer precios de referencia y comprobar que las compañías contratadas cuenten con capacidad operativa y de producción para suministrar los materiales que ofrecen.
La mandataria extendió el llamado de revisión a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), al considerar que las adquisiciones relacionadas con los procesos electorales deben realizarse bajo criterios de transparencia, competencia y costos justificados.
Asimismo, señaló que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) deberá revisar los elementos correspondientes y que, si se identifican indicios de posibles delitos, la Fiscalía General de la República (FGR) tendrá que intervenir para determinar si existen responsabilidades administrativas o penales.
Somos rechaza señalamientos y prepara acciones legales
En respuesta, el partido Somos anunció que prepara una demanda por difamación y daño moral contra Claudia Sheinbaum y Raquel Buenrostro, al considerar que las declaraciones del Gobierno federal buscan vincular a la organización con presuntas irregularidades empresariales.
Mediante un comunicado, el partido rechazó los señalamientos y acusó a las funcionarias de buscar “chivos expiatorios” ante la crisis de credibilidad que, desde su perspectiva, enfrenta el organismo electoral.
La organización también cuestionó que se le relacione con hechos que, aseguró, tienen antecedentes de hace aproximadamente 25 años, y responsabilizó a la gestión de Guadalupe Taddei del deterioro institucional del INE.
Además, criticó el procedimiento de insaculación mediante el cual Taddei llegó a la presidencia del organismo y las atribuciones que posteriormente se otorgaron a esa posición mediante reformas legislativas.
Somos convocó a las fuerzas de oposición a establecer una mesa de diálogo para vigilar las distintas etapas del proceso electoral 2026-2027. También pidió a la Cámara de Diputados garantizar transparencia en el comité evaluador que participará en la selección de la próxima presidencia del instituto.
La investigación y las responsabilidades, pendientes de definición
El intercambio de señalamientos ocurre mientras el INE se prepara para organizar el proceso electoral de 2026-2027, en el que estarán en juego cargos federales y locales, además de las discusiones sobre las facultades y el presupuesto del organismo.
Por ahora, las cifras y los presuntos mecanismos de operación de las empresas forman parte de la investigación presentada por la Secretaría Anticorrupción. Su exposición pública no constituye por sí misma una resolución judicial ni acredita la responsabilidad de las compañías o de los funcionarios mencionados.
La revisión de la ASF y una eventual intervención de la FGR serán determinantes para establecer si existen irregularidades y, en su caso, quiénes serían responsables.