Organizaciones del autotransporte de carga prevén movilizar alrededor de un millón de unidades a partir del próximo lunes. Exigen medidas contra la inseguridad carretera, las extorsiones, el cobro de piso y cambios a los estímulos fiscales para el sector.
El autotransporte de carga en México anunció un paro nacional por tiempo indefinido a partir del próximo lunes, en protesta por la falta de respuestas concretas de las autoridades ante los problemas de inseguridad en las carreteras, las extorsiones, el cobro de piso, el deterioro de las autopistas y las presiones económicas que enfrenta la industria.
La convocatoria fue respaldada por la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), la Federación Mexicoamericana de Transportistas (Fematrac) y la Honorable Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (HAMOTAC). De acuerdo con sus estimaciones, podrían sumarse alrededor de un millón de unidades, de un parque vehicular nacional cercano a los dos millones.
“¡Vamos a paro nacional! El autotransporte de carga no puede seguir siendo ignorado”, expresó Augusto Ramos Melo, presidente de la Canacar, al anunciar una movilización que representa un hecho inédito para el organismo, que por primera vez convoca a sus agremiados a detener actividades.
Inseguridad y costos presionan al sector
Los transportistas señalaron que las condiciones en las carreteras se han convertido en uno de los principales factores de preocupación para quienes trasladan mercancías por el país. A los riesgos de inseguridad se suman las extorsiones, el cobro de piso y el estado de las vías de comunicación, situaciones que, aseguran, elevan los costos de operación y ponen en riesgo la continuidad de empresas y empleos.
El conflicto también tiene un componente fiscal. Los representantes del sector manifestaron su desacuerdo con el paquete económico presentado por la Secretaría de Hacienda y solicitaron formalmente al Poder Legislativo modificar las condiciones para acceder al estímulo fiscal relacionado con el pago de peajes.
Entre sus principales demandas se encuentra elevar a 420 millones de pesos el límite de ingresos anuales establecido para acceder a ese beneficio. Además, proponen que el estímulo se extienda a todos los transportistas, independientemente de su nivel de facturación, con el argumento de que esto permitiría generar condiciones más equitativas y facilitar el mantenimiento de las unidades y la conservación de puestos de trabajo.
Riesgo de afectaciones al suministro de mercancías
La posible suspensión de actividades podría repercutir en distintas cadenas de suministro, debido al papel que desempeña el transporte de carga en el traslado de productos esenciales, insumos industriales y combustibles.
Los convocantes advirtieron que una paralización de esta magnitud podría provocar problemas de abasto y afectar el consumo cotidiano de las familias mexicanas. El alcance de las afectaciones dependerá de la participación efectiva de los transportistas, la duración del movimiento y las posibles medidas que adopten las autoridades y las empresas para mantener las operaciones.
Piden intervención de Claudia Sheinbaum
Los representantes del gremio afirmaron que han buscado reuniones con legisladores y autoridades de los tres niveles de gobierno, sin obtener respuestas que consideren satisfactorias. Por ello, solicitaron la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para revisar las disposiciones fiscales y atender las demandas relacionadas con la seguridad carretera y las condiciones de operación.
Los transportistas sostuvieron que su intención no es perjudicar a la ciudadanía y se declararon aliados del proyecto de nación de la mandataria y del Plan México. Sin embargo, insistieron en que necesitan acciones concretas para enfrentar los riesgos que, aseguran, afectan diariamente a quienes mantienen en movimiento las mercancías en el territorio nacional.
Con el paro anunciado, el sector busca colocar sus demandas en el centro de la agenda pública. La atención de las autoridades y la posibilidad de alcanzar acuerdos serán determinantes para conocer cuánto durará la suspensión y qué consecuencias tendrá en el suministro de productos y en la actividad económica del país.