La liberación de los recursos se realizó por orden de una sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El exgobernador de Sinaloa recuperó el acceso a las cuentas donde recibe prestaciones del ISSSTE, IMSS y la Universidad Autónoma de Sinaloa, mientras otros recursos permanecen inmovilizados.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda, desbloqueó dos cuentas bancarias del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, destinadas a recibir los depósitos correspondientes a tres pensiones.
La medida se concretó el pasado 5 de noviembre, luego de que una sala del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) concediera una suspensión para liberar las cuentas, como parte del juicio promovido por el político sinaloense contra su incorporación a la Lista de Personas Bloqueadas.
De acuerdo con información publicada por Milenio y retomada por otros medios, la determinación quedó formalizada mediante el acuerdo número UIF 110/K/6246/2026, notificado a las instituciones financieras correspondientes.
Dos cuentas concentran tres prestaciones
Las cuentas liberadas están vinculadas exclusivamente con los ingresos por pensiones de Rocha Moya. Una de ellas recibe dos prestaciones: una pensión por viudez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y otra por cesantía en edad avanzada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La segunda cuenta corresponde a los pagos por jubilación que recibe de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), institución en la que desarrolló parte de su trayectoria académica.
La resolución judicial no representa el desbloqueo de la totalidad de sus recursos financieros. De acuerdo con los reportes, otras cuentas e instrumentos vinculados con su patrimonio permanecen inmovilizados, mientras continúa el procedimiento legal para impugnar su inclusión en la lista de personas bloqueadas.
El bloqueo comenzó en mayo
Las restricciones financieras fueron aplicadas en mayo de 2026, después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos diera a conocer, el 29 de abril, una acusación penal contra nueve políticos y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos Rocha Moya.
En el expediente, las autoridades estadounidenses formularon señalamientos por presuntos vínculos con actividades de narcotráfico. Estas imputaciones forman parte de un proceso judicial en Estados Unidos y no constituyen, por sí mismas, una sentencia condenatoria.
Tras la inclusión del exmandatario en la Lista de Personas Bloqueadas, Rocha Moya promovió inicialmente un procedimiento administrativo para solicitar su exclusión. Al no obtener una resolución favorable, acudió al Tribunal Federal de Justicia Administrativa para impugnar la medida.
La suspensión concedida por el órgano jurisdiccional permitió liberar únicamente las dos cuentas destinadas al depósito de sus pensiones. Por tanto, el desbloqueo parcial no resuelve el fondo del litigio ni modifica, por sí solo, su situación frente a los señalamientos formulados por las autoridades estadounidenses.
Así, la determinación judicial garantiza el acceso de Rocha Moya a esos ingresos por jubilación y pensiones, mientras las restricciones sobre otros recursos financieros continúan vigentes, según la información difundida hasta ahora.