La presidenta defendió la estrategia de seguridad de su gobierno y pidió que la lucha contra las drogas, el lavado de dinero y el tráfico de armas sea evaluada bajo un principio de responsabilidad compartida entre México y Estados Unidos.
La presión de Estados Unidos sobre México por el combate al crimen organizado abrió un nuevo capítulo en la relación bilateral. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que su gobierno necesite ser evaluado desde el exterior y sostuvo que las autoridades mexicanas conocen los problemas de seguridad del país, actúan frente a ellos y están sometidas diariamente al escrutinio público.
La respuesta ocurrió después de las recientes observaciones del gobierno estadounidense sobre el avance de los cárteles y la necesidad de intensificar las acciones contra organizaciones criminales y funcionarios presuntamente vinculados con ellas.
“Nosotros no necesitamos que nos juzguen desde afuera, sabemos cuáles son los problemas de México y actuamos todos los días”, afirmó la mandataria durante su conferencia matutina.
Sheinbaum sostuvo que su administración rinde cuentas de manera permanente y que los resultados de la estrategia de seguridad se presentan cotidianamente, no únicamente a través de informes oficiales.
“Me gustaría escuchar qué hace Estados Unidos”
La presidenta planteó que el problema del narcotráfico no puede analizarse únicamente desde la perspectiva mexicana, debido a que involucra cadenas de producción, distribución, consumo, financiamiento y tráfico de armas que atraviesan la frontera.
Por ello, cuestionó que Washington centre sus observaciones en las acciones de México sin presentar, al mismo tiempo, un balance sobre las medidas adoptadas dentro de Estados Unidos.
“Me gustaría escuchar o ver un reporte de lo que hace el gobierno de Estados Unidos en Estados Unidos”, señaló.
La pregunta de la mandataria se enfocó particularmente en tres asuntos: consumo y distribución de drogas, lavado de dinero y tráfico ilegal de armas hacia México. Medios que reportaron la conferencia señalaron que la presidenta pidió a Washington rendir cuentas sobre esos frentes.
El consumo de drogas también forma parte del problema
Sheinbaum puso especial énfasis en el consumo de sustancias ilícitas en Estados Unidos y mencionó la crisis de opioides como parte de un fenómeno que, desde la perspectiva mexicana, debe abordarse también como un problema de salud pública.
La posición del gobierno mexicano ha planteado que la responsabilidad compartida debe incluir tanto la reducción del consumo como el combate a las organizaciones que producen y distribuyen drogas.
En agosto, la propia Presidencia había señalado que México busca que ninguna droga llegue a Estados Unidos, México o cualquier otro país, mientras reclamaba mayores acciones estadounidenses para impedir el flujo de armas hacia territorio mexicano.
Las armas, otro punto de la discusión bilateral
Otro de los argumentos expuestos por Sheinbaum fue el ingreso ilegal de armas provenientes de Estados Unidos.
La presidenta sostuvo que el poder de fuego de las organizaciones criminales mexicanas también debe analizarse considerando el tráfico de armamento que cruza la frontera. El tema forma parte de las conversaciones de seguridad entre ambos países y del principio de responsabilidad compartida que México ha planteado en la relación bilateral.
En una conferencia anterior, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que más de 80 por ciento de las armas de fuego aseguradas en México provenían de Estados Unidos, aunque se trata de una estimación presentada por la autoridad mexicana. También señaló que existe coordinación con agencias estadounidenses para combatir este flujo.
La discusión también alcanza al dinero generado por las actividades ilícitas. El gobierno mexicano ha planteado la necesidad de obtener resultados medibles en materia de combate al financiamiento de las organizaciones criminales y al lavado de recursos.
México asegura que también actúa contra funcionarios
Frente a los señalamientos sobre posibles vínculos entre políticos y grupos criminales, Sheinbaum defendió las investigaciones y detenciones que realizan las autoridades mexicanas.
La presidenta sostuvo que, cuando existen elementos y pruebas, las instituciones deben actuar independientemente del partido político al que pertenezcan los funcionarios involucrados.
Su posición se produce mientras Washington ha insistido en la necesidad de que México investigue y, cuando corresponda, procese a funcionarios presuntamente relacionados con organizaciones criminales. El gobierno estadounidense también ha reconocido algunos resultados mexicanos en materia de decomisos y detenciones, aunque considera necesario ampliar las acciones contra los grupos delictivos.
Una discusión que vuelve a poner sobre la mesa la responsabilidad compartida
La respuesta de Sheinbaum mantiene una línea que el gobierno mexicano ha planteado durante los últimos meses: la seguridad de ambos países debe abordarse como una responsabilidad compartida, con compromisos y resultados verificables de ambos lados de la frontera.
México enfrenta el desafío de combatir a las organizaciones criminales, reducir la violencia y evitar la infiltración del crimen en las instituciones. Estados Unidos, por su parte, participa en la problemática a través de factores como la demanda de drogas, el flujo de armas y las operaciones financieras asociadas al mercado ilícito.
En ese contexto, Sheinbaum resumió su postura con una pregunta que trasladó nuevamente la discusión hacia Washington: “Pero, ¿qué pasa allá?”.
El debate bilateral queda así planteado no sólo en términos de lo que México debe hacer frente al crimen organizado, sino también de cuáles son las acciones y resultados que cada país puede presentar dentro de su propio territorio.