APEC 2026: México ante la disputa tecnológica entre Estados Unidos y China

La cumbre de Shenzhen representa una oportunidad para que México participe en las discusiones sobre inteligencia artificial, gobernanza de datos y ciberseguridad. Sin embargo, su estrecha integración económica con Estados Unidos y la revisión del T-MEC condicionan su margen de negociación frente a China.

México participa en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) desde 1993. La reunión de líderes de 2026 se celebra en Shenzhen, China, los días 18 y 19 de noviembre, en un encuentro que va más allá de los acuerdos comerciales y que también coloca en el centro del debate la competencia por definir las reglas de la economía digital.

Fundado en 1989 en Canberra, Australia, el foro reúne a 21 economías que representan más del 60 por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial y cerca de la mitad del comercio internacional. Su propósito es promover la cooperación económica, el libre comercio y la inversión mediante el diálogo, los compromisos voluntarios y la toma de decisiones por consenso.

Sus integrantes se denominan economías y no países debido a que participan territorios comerciales como Hong Kong y Taipéi Chino. Entre sus miembros se encuentran potencias como Estados Unidos, China y Japón, además de socios latinoamericanos como México, Chile y Perú.

En este escenario, México tiene la posibilidad de definir una posición frente a dos de los principales actores de la transformación tecnológica mundial. Su relación económica con Estados Unidos y sus oportunidades de cooperación con China lo colocan ante el desafío de participar en la construcción de reglas internacionales sobre gobernanza de datos, inteligencia artificial e infraestructura digital, sin quedar subordinado a los intereses de alguna de las dos potencias.

La cuestión no se limita a determinar qué tecnología utilizará el país, sino también quién controlará los datos, las plataformas, los algoritmos y las infraestructuras que tendrán influencia en su desarrollo económico, político y social durante las próximas décadas.

La competencia por las reglas de la economía digital

China ha colocado la innovación tecnológica, la inteligencia artificial, la economía digital, la cooperación regional y la circulación internacional de datos entre las prioridades de su agenda económica. Estados Unidos, por su parte, busca preservar su liderazgo en sectores estratégicos como los semiconductores, la computación en la nube, las plataformas digitales y el desarrollo de inteligencia artificial.

La discusión también involucra a las economías intermedias, que buscan evitar que la rivalidad entre ambas potencias las obligue a adoptar sistemas tecnológicos incompatibles o genere nuevas dependencias estratégicas.

México pertenece a este grupo, aunque su integración productiva y comercial con Estados Unidos le otorga una posición particular. La presidenta Claudia Sheinbaum participó en las actividades de APEC en Shenzhen y sostuvo una reunión bilateral con el presidente chino Xi Jinping el 17 de noviembre. El encuentro abrió un espacio para abordar la relación entre ambos países en el contexto de la cooperación económica y tecnológica.

La posición mexicana parte de una relación comercial profundamente vinculada con Norteamérica y, al mismo tiempo, de oportunidades de intercambio con Asia. Por ello, el reto consiste en diversificar sus relaciones tecnológicas sin comprometer sus compromisos comerciales ni su capacidad para definir políticas propias.

El principal dilema: cooperación tecnológica y soberanía de datos

Uno de los asuntos centrales de la agenda digital es la gobernanza de datos. Las grandes plataformas tecnológicas concentran información sobre consumidores, actividades comerciales, hábitos sociales y preferencias de los usuarios. Estos datos representan un activo económico y estratégico cuyo control puede influir en la competitividad de las empresas y en las capacidades de los gobiernos.

La APEC ha impulsado mecanismos para facilitar la circulación internacional de información, procurando compatibilizarla con la privacidad, la seguridad y la protección de los derechos de las personas.

Para México, esta discusión representa una oportunidad diplomática. El país podría promover principios regionales que permitan mejorar la interoperabilidad de los sistemas, proteger la propiedad intelectual, fortalecer la seguridad de las infraestructuras y establecer reglas claras para el intercambio de información.

Los compromisos de APEC son voluntarios y no vinculantes, pero pueden contribuir a establecer criterios compartidos entre sus integrantes. En ese contexto, México podría impulsar acuerdos mínimos de gobernanza de datos que garanticen la circulación segura de la información, la protección de los ciudadanos y la capacidad de supervisión de los Estados.

El objetivo sería evitar que el país se convierta únicamente en un territorio de extracción, almacenamiento y procesamiento de datos para empresas extranjeras, sin desarrollar capacidades propias para aprovechar esa información.

La competencia entre Estados Unidos y China también se extiende a componentes fundamentales de la inteligencia artificial, como procesadores, semiconductores, centros de datos, servicios de computación en la nube, modelos tecnológicos, sistemas operativos y redes de telecomunicaciones.

Ciberseguridad y desarrollo de capacidades nacionales

La participación mexicana en APEC también puede servir para negociar transferencia de conocimientos, formación de especialistas, desarrollo de infraestructura y mayor integración en las cadenas de valor tecnológicas.

Sin embargo, atraer inversión extranjera no equivale necesariamente a desarrollar capacidades nacionales. Para avanzar en ese sentido, México necesita fortalecer su infraestructura de cómputo, la investigación en inteligencia artificial y la formación de talento especializado, además de impulsar modelos tecnológicos que respondan a sus necesidades económicas y sociales.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su Estudio Económico de México 2026, reconoce los avances en la transformación digital del país, pero identifica desafíos relacionados con la infraestructura, las capacidades técnicas, la ciberseguridad y la protección de datos.

El organismo también señala que la capacidad instalada de centros de datos en México continúa muy por debajo de la de las principales economías tecnológicas y que el país requiere fortalecer la adopción de herramientas digitales, la formación de especialistas y la regulación de los mercados digitales.

La transformación tecnológica tampoco depende exclusivamente de quién fabrica los procesadores. También importa quién controla las plataformas, los sistemas de búsqueda, las redes sociales, los servicios en la nube y los mecanismos algorítmicos que distribuyen información.

Por ello, México necesita desarrollar políticas que contemplen la protección de datos personales, la transparencia de los algoritmos, la competencia económica, la responsabilidad de las plataformas, la protección de menores y el combate a la desinformación y el fraude digital.

La ciberseguridad debe ocupar un lugar prioritario en esa estrategia. El país necesita fortalecer la protección de sus bases de datos gubernamentales, sistemas financieros, infraestructura energética, telecomunicaciones y servicios públicos digitales. Una dependencia excesiva de proveedores extranjeros puede generar vulnerabilidades económicas y tecnológicas, por lo que el Estado debe contar con capacidad para auditar, supervisar, sustituir y proteger los sistemas de los que depende.

En ese sentido, México podría promover estándares regionales de ciberseguridad, auditorías de infraestructura crítica y protocolos de cooperación para responder ante incidentes digitales.

El T-MEC, un factor que condiciona la relación con China

Uno de los principales desafíos para la política tecnológica mexicana es la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), particularmente ante las preocupaciones de Washington sobre seguridad económica, cadenas de suministro, propiedad intelectual y comercio.

El 1 de julio de 2026 se realizó la primera revisión conjunta del tratado. Estados Unidos no aceptó confirmar su extensión por un nuevo periodo de 16 años, por lo que se estableció un mecanismo de revisiones anuales mientras los tres países no alcancen un acuerdo para prolongarlo.

Este proceso tiene consecuencias para las decisiones tecnológicas de México. Washington podría considerar que determinados acuerdos con empresas chinas en telecomunicaciones, centros de datos, semiconductores o inteligencia artificial tienen implicaciones para la seguridad económica de Norteamérica.

Ante ese escenario, México necesita distinguir entre la cooperación tecnológica legítima con China, la dependencia estratégica de proveedores extranjeros y los compromisos comerciales y de seguridad asumidos con Estados Unidos y Canadá.

Una de las discusiones centrales será cómo diversificar las relaciones tecnológicas sin generar conflictos comerciales o regulatorios con sus socios norteamericanos. El desafío consiste en defender la capacidad de México para establecer acuerdos con otras economías, utilizando criterios verificables de seguridad, competencia, transparencia y protección de datos.

El riesgo es que la revisión del T-MEC termine condicionando la política tecnológica mexicana a las prioridades estadounidenses frente a China, reduciendo el margen del país para construir una estrategia propia.

La fortaleza institucional, condición para negociar

La capacidad de México para participar en la gobernanza tecnológica internacional también depende de la solidez de sus instituciones. El Gobierno federal ha establecido la soberanía tecnológica y la transformación digital entre sus prioridades para el periodo 2025-2030, mientras que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones tiene responsabilidades relacionadas con la interoperabilidad, la identidad digital, la infraestructura y el gobierno electrónico.

No obstante, el proceso de reorganización institucional en materia de transparencia y protección de datos plantea nuevos desafíos.

En su estudio económico de 2026, la OCDE señala que la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el traslado de atribuciones de supervisión al ámbito del Ejecutivo federal representan un cambio institucional importante. El organismo advierte que este modelo plantea interrogantes sobre la independencia y la transparencia de los mecanismos de protección de datos, por lo que considera necesario fortalecer las capacidades técnicas, los recursos y las garantías institucionales de las autoridades responsables.

El señalamiento resulta relevante porque la protección de la información personal no solo es un asunto interno, sino también un elemento de confianza en las relaciones económicas y tecnológicas internacionales.

Un país que busca participar en la definición de reglas globales sobre circulación de datos, inteligencia artificial y seguridad digital necesita contar con instituciones capaces de proteger la información de sus propios ciudadanos y garantizar una supervisión efectiva.

La cumbre de APEC ofrece a México un espacio para plantear estos desafíos y buscar cooperación con las economías del Pacífico. Su posición geográfica y su integración industrial con Estados Unidos y Canadá pueden favorecer su participación en las cadenas de suministro asiáticas y norteamericanas.

Sin embargo, aprovechar esa oportunidad requiere algo más que atraer inversiones: implica desarrollar infraestructura, formar especialistas, fortalecer la ciberseguridad y consolidar instituciones confiables. En la economía digital, la soberanía no consiste en aislarse de la tecnología extranjera, sino en contar con las capacidades necesarias para decidir cómo utilizarla, regularla y protegerla.

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