Un ciudadano mexicano y dos personas más recibieron condenas que suman 474 meses de prisión por participar en una red de contrabando de armamento. Durante la investigación, autoridades estadounidenses aseguraron 24 armas de fuego, más de cuatro mil cartuchos y chalecos antibalas.
Tres personas, entre ellas un ciudadano de origen mexicano, fueron sentenciadas en Estados Unidos a un total de 474 meses de prisión por participar en una conspiración para traficar armas de fuego hacia México y abastecer a un cártel del narcotráfico.
Los condenados son Edgar Josué Montelongo Loera, de 39 años, residente de Dallas; Kenia Lizbeth Montelongo Loera, de 31, y Reymundo Hernández Nino, de 41 años, esposo de Kenia y quien se encontraba en situación migratoria irregular en Estados Unidos.
De acuerdo con la investigación, Edgar Josué y Reymundo participaron en el traslado de armamento hacia México, mientras que Kenia adquirió varias de las armas utilizadas en la operación.
Compraban armas en Estados Unidos y las trasladaban a México
Entre mayo y julio de 2024, Kenia compró diversas armas de fuego, entre ellas siete pistolas calibre .380 y una calibre .22. En los días posteriores a las adquisiciones, cruzó la frontera hacia México por Laredo.
Las autoridades también documentaron que Edgar Josué, quien había publicado fotografías de varias armas en sus perfiles de redes sociales, cruzó la frontera en el mismo vehículo.
En agosto de ese año, agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) revisaron conversaciones de WhatsApp en las que participaba Montelongo Loera. En los mensajes, el implicado aseguró que un conocido podía conseguir las armas solicitadas y que contaba con una persona para transportarlas.
En noviembre, los investigadores analizaron otras conversaciones en las que Edgar Josué volvió a referirse a las actividades de tráfico de armamento.
La investigación avanzó el 14 de julio de 2025, cuando Edgar Josué fue detenido después de que uno de sus cómplices fuera descubierto mientras intentaba introducir ilegalmente a México ocho pistolas y 19 cargadores.
Dos días después, agentes de la ATF, en coordinación con el Departamento de Policía de San Antonio y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ejecutaron una orden de cateo en la vivienda de Reymundo, en San Antonio, donde fueron detenidos él y su esposa.
Durante el operativo, las autoridades aseguraron 24 armas de fuego, entre ellas pistolas, rifles tipo AR-15 y una escopeta, además de más de cuatro mil cartuchos y varios chalecos antibalas.
Las armas estaban destinadas a un cártel mexicano
A partir de las pruebas reunidas durante las indagatorias, la ATF determinó que el armamento, las municiones y los accesorios asegurados estaban destinados a una organización del narcotráfico en México.
Los tres implicados se declararon culpables de distintos delitos. Edgar Josué aceptó su responsabilidad en un cargo de conspiración para traficar armas de fuego el 23 de febrero.
Por su parte, Reymundo se declaró culpable el 26 de febrero de contrabando de mercancías desde Estados Unidos y posesión de un arma de fuego por parte de una persona extranjera. Kenia Lizbeth aceptó su responsabilidad por contrabando de mercancías y venta o transferencia de armas a una persona prohibida.
Condenas suman casi 40 años de prisión
La jueza principal del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Alia Moses, impuso las sentencias el martes. Edgar Josué recibió 180 meses de prisión federal; Reymundo, 150 meses, y Kenia Lizbeth, 144 meses. En conjunto, las condenas equivalen a 474 meses, es decir, 39 años y medio de prisión.
El fiscal federal Justin R. Simmons, del Distrito Oeste de Texas, señaló que las sentencias ponen fin a un caso de gran alcance que involucró a diez conspiradores, quienes introdujeron ilegalmente más de 200 armas de fuego en México.
El funcionario advirtió que el tráfico de armamento a través de la frontera beneficia directamente a organizaciones criminales, que utilizan estas armas para intimidar a la población y enfrentarse a las fuerzas de seguridad, con el propósito de mantener el control de las rutas del narcotráfico y la trata de personas.

