Las investigaciones corresponden a irregularidades detectadas durante la gestión de Ana Gabriela Guevara, entre 2019 y 2022. La denuncia más reciente señala posibles afectaciones por 283 millones de pesos.
La gestión de Ana Gabriela Guevara al frente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) continúa bajo la lupa de los órganos fiscalizadores. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) acumula ya cinco denuncias penales relacionadas con presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos, que en conjunto representan un posible daño al erario de 749.4 millones de pesos.
La denuncia más reciente fue presentada el pasado 28 de agosto ante la Fiscalía General de la República (FGR), después de que la ASF detectara irregularidades por 283 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal de 2022.
El expediente se suma a otras denuncias vinculadas con el uso de recursos de la Conade durante 2019, 2020 y 2022, años en los que Guevara estuvo al frente del organismo encargado de conducir la política deportiva nacional durante el gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pagos sin comprobar
Durante la revisión de la Cuenta Pública 2022, la ASF fiscalizó los subsidios entregados por la Conade a organismos deportivos y detectó 11 observaciones por probables daños al erario.
Uno de los principales señalamientos apunta a funcionarios que habrían autorizado comprobaciones de gastos sin que existiera documentación suficiente para acreditar que los servicios fueron efectivamente prestados o que los bienes pagados a distintos proveedores hubieran sido adquiridos.
Entre los casos identificados destaca el del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, que no habría acreditado servicios ni bienes pagados a 22 proveedores, situación que derivó en una observación por 67.3 millones de pesos.
La ASF también detectó un probable daño patrimonial de 65.2 millones de pesos relacionado con recursos comprobados por la Federación Mexicana de Taekwondo. De acuerdo con la auditoría, el organismo no acreditó la adquisición de bienes ni la prestación de servicios de 13 proveedores vinculados con eventos realizados en Guadalajara durante 2022.
Reconocimientos fuera de las reglas
Otro de los hallazgos involucra 26.4 millones de pesos destinados al pago de reconocimientos económicos vitalicios a 212 medallistas olímpicos y paralímpicos.
El problema señalado por la ASF es que esos pagos no estaban contemplados dentro de las reglas de operación del Programa de Cultura Física y Deporte, por lo que el órgano fiscalizador consideró que existía un probable daño patrimonial.
Las observaciones correspondientes a 2022 involucran además al Instituto Sinaloense de Cultura Física y Deporte, el Instituto del Deporte de Tlaxcala, la Federación Mexicana de Voleibol, el Instituto Sudcaliforniano del Deporte y la Comisión del Deporte del Estado de Sonora.
Esta última concentra tres de las observaciones detectadas, por un monto conjunto de 55.6 millones de pesos.
El caso sigue en manos de la FGR
La presentación de una denuncia penal no significa, por sí misma, que exista responsabilidad penal acreditada. Corresponderá a la FGR investigar los hechos, determinar si hubo conductas constitutivas de delito y, en su caso, establecer responsabilidades.
Sin embargo, la acumulación de cinco denuncias coloca nuevamente a la administración de Ana Gabriela Guevara en el centro de los cuestionamientos sobre el manejo de los recursos destinados al deporte mexicano.
El monto observado por la ASF refleja, además, un problema que trasciende las cifras: la necesidad de que los recursos públicos destinados a atletas, federaciones e instituciones deportivas puedan ser comprobados y rastreados con precisión, particularmente cuando se trata de fondos destinados a fortalecer la actividad deportiva nacional.