fiscalización abarcará al INE, al extinto IFE y a los organismos electorales de las 32 entidades, con el propósito de identificar posibles irregularidades en las contrataciones realizadas entre 2000 y 2025. La revisión incluye operaciones por 8 mil 870 millones de pesos que ya están bajo investigación.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) emprendió una revisión histórica de las contrataciones y el manejo de recursos públicos de las autoridades electorales de México. El ejercicio abarcará 25 años de operaciones, de 2000 a 2025, e incluye al Instituto Nacional Electoral (INE), al extinto Instituto Federal Electoral (IFE) y a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) de todo el país.
El objetivo es identificar posibles irregularidades en la asignación de contratos, detectar si determinados proveedores concentraron adquisiciones durante distintos periodos y establecer si existieron prácticas que limitaron la competencia o vulneraron las disposiciones aplicables al gasto público.
La revisión contempla tres líneas de trabajo. La primera corresponde a investigaciones de oficio sobre posibles anomalías en los procedimientos de contratación de las autoridades electorales federales y estatales.
La segunda consiste en un análisis histórico de las adquisiciones realizadas entre 2000 y 2025, con el fin de identificar patrones de adjudicación, posibles redes de proveedores y eventuales vínculos entre empresas y servidores públicos.
Como tercer componente, la ASF realizará una auditoría integral al INE y revisará el gasto federalizado ejercido por los organismos electorales de las entidades. Para ello, el órgano fiscalizador ha recurrido al análisis de información y a trabajos de inteligencia, además de solicitar documentación a los gobiernos estatales.
Posibles redes de proveedores y contratos bajo investigación
Los primeros elementos de las indagatorias apuntan a posibles irregularidades en distintas etapas del sistema electoral mexicano. Entre los aspectos que se busca esclarecer está la concentración de contratos en determinados proveedores y la posible existencia de mecanismos que hayan restringido la participación de otras empresas en los concursos públicos.
También se investiga si grupos empresariales y servidores públicos pudieron intervenir en esquemas contrarios a la normativa para obtener o asignar contratos financiados con recursos públicos.
No obstante, las investigaciones continúan abiertas. Por tanto, los indicios identificados no constituyen por sí mismos pruebas definitivas de responsabilidad administrativa o penal contra las empresas o personas que pudieran aparecer en los expedientes.
El antecedente de los 8 mil 870 millones de pesos
La revisión histórica ocurre después de que el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, informara sobre operaciones por aproximadamente 8 mil 870 millones de pesos vinculadas con dos grupos empresariales y diversas instituciones públicas, durante el periodo de 2014 a 2026.
De ese monto, alrededor de 3 mil 790 millones de pesos estarían relacionados con organismos electorales locales, mientras que aproximadamente 430 millones corresponderían al INE.
Entre las posibles irregularidades señaladas se encuentran la simulación de competencia en concursos públicos, la subcontratación entre compañías pertenecientes a un mismo grupo empresarial y el presunto uso de empresas fachada.
También se reportaron casos de proveedores que habrían facturado cantidades millonarias pese a contar con plantillas laborales reducidas o incluso carecer de trabajadores, circunstancias que la ASF busca esclarecer mediante el análisis de contratos y documentación.
El propósito es determinar si existieron mecanismos para favorecer a determinados proveedores o desviar recursos públicos. Es importante precisar que los 8 mil 870 millones de pesos corresponden a operaciones específicas bajo investigación y no representan el monto total de las adquisiciones que serán examinadas en la revisión de 25 años.
INE ofrece colaborar y prepara plataforma de transparencia
Ante los señalamientos, el 24 de octubre la Presidencia del Consejo General del INE manifestó su respaldo a las investigaciones de oficio de la ASF y expresó su disposición para colaborar en el esclarecimiento de cualquier posible irregularidad.
El Instituto también destacó que las indagatorias deben sustentarse en documentos y evidencia verificable, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.
Asimismo, informó que los antecedentes de los señalamientos fueron turnados a su Órgano Interno de Control (OIC), instancia encargada de dar seguimiento a posibles responsabilidades administrativas.
Como parte de sus medidas de transparencia, el INE anunció que prepara un micrositio denominado INE siempre a la vista, contigo en cada paso, mediante el cual busca poner a disposición de la ciudadanía información sobre contratos, proveedores, montos y procedimientos de adquisición.
La revisión de la ASF permitirá examinar las compras y contrataciones de las autoridades electorales a lo largo de distintas etapas de la vida democrática del país. Sin embargo, todavía no existe una fecha definida para la presentación de resultados definitivos.
Mientras avanzan las investigaciones, el desafío será establecer si las operaciones observadas constituyeron irregularidades, quiénes participaron en ellas y si existen elementos suficientes para determinar responsabilidades. Hasta entonces, los señalamientos deberán mantenerse en el terreno de las investigaciones y no de las conclusiones.