La informalidad laboral, las interrupciones en las cotizaciones y la escasa cultura del ahorro para el retiro ponen en riesgo los ingresos de millones de trabajadores durante la vejez. La OCDE advierte que las mujeres y los trabajadores independientes enfrentan mayores dificultades para reunir recursos suficientes.
Alcanzar una pensión equivalente al 70% del último salario representa un desafío para los trabajadores mexicanos. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se requieren hasta 40 años de cotizaciones y ahorro para aspirar a ese nivel de ingresos durante la jubilación, una meta difícil de cumplir en un mercado laboral marcado por la informalidad y la inestabilidad.
El problema se agrava porque menos de 10% de la población en edad de trabajar ahorra voluntariamente para su retiro. A esto se suman los periodos de desempleo, los empleos sin seguridad social y las prácticas de algunas empresas que registran a sus trabajadores ante las instituciones con un salario inferior al que realmente perciben.
En su informe Perspectivas de las pensiones de la OCDE 2026: ¿Estamos ahorrando lo suficiente para la jubilación?, el organismo advierte que estas condiciones pueden traducirse en pensiones muy inferiores al último sueldo y dejar a una parte importante de la población sin ingresos suficientes para afrontar la vejez.
El ahorro voluntario, una tarea pendiente
El reporte señala que México tiene una de las brechas de contribución más bajas entre los países de la OCDE. Para un trabajador hombre con ingresos promedio, el ahorro adicional necesario para alcanzar una pensión equivalente al 70% de su último salario se estima en menos de 5% de sus ingresos anuales.
En otros 17 países analizados, los trabajadores necesitan ahorrar alrededor de 10 puntos porcentuales adicionales para alcanzar ese mismo objetivo. En contraste, nueve países —Austria, Colombia, Dinamarca, España, Grecia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal— pueden alcanzar o superar ese nivel de reemplazo mediante sus sistemas obligatorios, sin necesidad de realizar aportaciones voluntarias adicionales.
Sin embargo, la cifra mexicana debe interpretarse con cautela: se calcula bajo el supuesto de que una persona mantiene una trayectoria laboral continua desde los 22 años hasta su jubilación. En la realidad, las interrupciones laborales y los periodos sin cotización hacen más difícil reunir los recursos proyectados.
La situación es todavía más compleja para las mujeres. Las pausas laborales relacionadas con la maternidad y las responsabilidades de cuidado, junto con una mayor esperanza de vida y condiciones distintas de jubilación, incrementan sus necesidades de ahorro. Según la OCDE, ellas requieren ahorrar en promedio 10.8% de sus ingresos anuales, frente a 9.7% en el caso de los hombres, en los países miembros.
Los trabajadores independientes también enfrentan un escenario vulnerable, debido a que no siempre cuentan con mecanismos obligatorios de cotización. Para alcanzar una pensión suficiente, el organismo estima que tendrían que ahorrar adicionalmente entre 13% y 15% de sus ingresos anuales.
La informalidad y las interrupciones laborales reducen las pensiones
Uno de los principales obstáculos para construir un ahorro suficiente es la informalidad. Cuando una persona trabaja sin cotizar al sistema de seguridad social, deja de acumular semanas y aportaciones para su retiro.
También influyen los periodos de desempleo y los empleos en los que las empresas reportan ante las instituciones un salario menor al que realmente pagan. Esta práctica reduce las contribuciones destinadas a la cuenta individual y, por tanto, el monto que puede acumularse con el paso del tiempo.
La OCDE advierte que, aunque el cálculo teórico para México contempla un ahorro adicional relativamente bajo para ciertos trabajadores, las condiciones reales del mercado laboral pueden elevar considerablemente el esfuerzo necesario.
El organismo estima que los trabajadores mexicanos podrían requerir hasta 40 años de ahorro y cotización para alcanzar una pensión equivalente al 70% de su último sueldo. Esta referencia contrasta con los requisitos de acceso a una pensión bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1997, que contempla un mínimo de 1,000 semanas cotizadas, equivalentes a poco más de 19 años.
No obstante, ambos periodos no representan exactamente lo mismo: cumplir con las semanas requeridas para obtener una pensión no garantiza recibir un ingreso equivalente al 70% del último salario.
Afores: más recursos, pero persiste el desafío
El sistema mexicano de ahorro para el retiro ha incrementado los recursos administrados por las Afores, pero el crecimiento de esos activos no garantiza por sí mismo que los trabajadores alcancen una jubilación suficiente.
De acuerdo con el informe de la OCDE, los activos administrados por las Afores equivalen a 31% del Producto Interno Bruto (PIB) de 2025. En cambio, los recursos mexicanos acumulados en fondos públicos de reserva para pensiones se mantienen por debajo de 5% del PIB.
Estos fondos pueden contribuir a diversificar las fuentes de ingresos durante la vejez y complementar los sistemas públicos. Sin embargo, el organismo advierte que persisten desafíos estructurales relacionados con la informalidad, las interrupciones de las cotizaciones y la baja participación en el ahorro voluntario.
El envejecimiento presiona las finanzas públicas
A las dificultades individuales para ahorrar se suma el cambio demográfico. México enfrenta un aumento de la población adulta mayor y una reducción relativa de los trabajadores jóvenes que cotizan, una combinación que incrementa la presión sobre las instituciones de seguridad social y las finanzas públicas.
El especialista en seguridad social Pedro Vázquez Colmenares considera que el envejecimiento acelerado ha colocado a los sistemas de pensiones ante un escenario que exige revisar sus mecanismos de financiamiento y operación.
El experto advierte que las instituciones de seguridad social fueron diseñadas para sociedades con una mayor proporción de población joven y menos personas adultas mayores. Sin embargo, esa estructura demográfica se ha transformado y obliga a replantear las políticas públicas.
Vázquez Colmenares señala que el número de adultos mayores derechohabientes del IMSS se duplicó en aproximadamente 30 años, mientras que en el ISSSTE el crecimiento ocurrió en alrededor de 15 años. Como contraste, menciona que países como Italia, Suecia y Francia atravesaron procesos de envejecimiento más prolongados, lo que les permitió disponer de más tiempo para adaptar sus instituciones.
El especialista también advierte que el gasto en pensiones ocupa una proporción creciente del presupuesto público y compite por recursos con otros rubros, como salud, educación, infraestructura y seguridad.
El panorama expuesto por la OCDE muestra que el desafío de las pensiones en México no depende únicamente de cuánto dinero acumulan las cuentas individuales. También está relacionado con la calidad del empleo, la continuidad de las cotizaciones, las desigualdades laborales y la capacidad de las instituciones para responder al envejecimiento poblacional.
En ese contexto, ampliar el acceso al ahorro para el retiro y fortalecer los mecanismos de protección social será fundamental para evitar que millones de personas lleguen a la vejez con ingresos insuficientes.