El abogado Óscar de la Vega advierte que las nuevas obligaciones patronales representan desafíos para las MiPyMEs. Plantea combinar la protección de los derechos laborales con medidas que impulsen la productividad y faciliten la contratación formal.
El incremento de los costos laborales y la persistencia de la informalidad representan dos de los principales desafíos para la generación de empleos formales en México, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), señaló Óscar de la Vega, socio del despacho De la Vega y Martínez Rojas.
El especialista en derecho laboral explicó que los cambios en materia de salario mínimo, vacaciones, subcontratación, seguridad social y jornada de trabajo han modificado las obligaciones de los empleadores, lo que plantea la necesidad de revisar cómo pueden cumplirse los derechos laborales sin frenar la creación de nuevas plazas.
Entre 2019 y 2026, el salario mínimo general pasó de 102.68 a 315.04 pesos diarios, un incremento nominal acumulado cercano al 207%, de acuerdo con las cifras citadas por el abogado.
A este cambio se suma la reducción gradual de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales hacia 2030. Para las empresas que actualmente operan con jornadas de 48 horas y mantienen el mismo salario semanal, esta modificación implicaría un aumento nominal del 20% en el costo salarial por hora ordinaria, si no se realizan ajustes que compensen la reducción del tiempo trabajado.
“La cuestión central no es si deben ampliarse los derechos laborales, sino cómo hacerlo sin debilitar la generación de empleo formal”, afirmó De la Vega.
La informalidad concentra más de la mitad del empleo
El panorama laboral también está marcado por la elevada proporción de personas que trabajan fuera de la formalidad. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) citados por el especialista, durante el segundo trimestre de 2026 la tasa de informalidad laboral se ubicó en 55.1% de la población ocupada.
Asimismo, alrededor de ocho de cada diez ocupaciones netas adicionales generadas entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026 correspondieron a empleos informales, de acuerdo con las cifras referidas en el posicionamiento.
Para De la Vega, estos indicadores reflejan las dificultades que enfrenta el país para ampliar la base de empleos con prestaciones, seguridad social y condiciones laborales reguladas.
El abogado advirtió que los costos asociados a la contratación y determinadas disposiciones laborales pueden influir en las decisiones de las empresas, aunque reconoció que la informalidad responde a múltiples factores y no puede explicarse únicamente por las obligaciones patronales.
Entre ellos también inciden las condiciones económicas, la productividad de los negocios y las dificultades que enfrentan las empresas de menor tamaño para cumplir con los requerimientos administrativos.
Flexibilidad laboral sin renunciar a los derechos
Ante este escenario, el especialista consideró necesario analizar mecanismos que permitan organizar el trabajo de acuerdo con las necesidades productivas de cada actividad económica.
Entre las alternativas que planteó se encuentran los bancos de horas y los esquemas de contratación por hora, siempre que garanticen las prestaciones laborales y el acceso a la seguridad social.
También propuso fortalecer la productividad de las MiPyMEs y simplificar los procedimientos regulatorios, con el propósito de reducir las barreras que enfrentan los negocios al momento de contratar personal formalmente.
De la Vega sostuvo que la discusión sobre la jornada laboral no debería centrarse únicamente en el número de horas trabajadas, sino también en las condiciones legales y productivas que permitan a las empresas adaptarse a los cambios.
“El problema no es solamente la reducción de la jornada, sino que esta transformación no se acompañó de un marco legal suficientemente flexible para organizar el trabajo conforme a las necesidades productivas de cada actividad”, señaló.
Sus planteamientos colocan sobre la mesa uno de los principales desafíos de la política laboral: encontrar mecanismos que permitan mejorar las condiciones de los trabajadores y, al mismo tiempo, sostener la actividad económica y ampliar las oportunidades de empleo formal.
Derechos laborales y competitividad, una discusión pendiente
El abogado subrayó que la protección de los trabajadores y la competitividad de las empresas no deben presentarse como objetivos incompatibles.
“México necesita mejores salarios, jornadas razonables, vacaciones dignas y seguridad social. Pero también necesita empresas productivas, inversión y condiciones que favorezcan la creación de empleos formales”, expresó.
Desde su perspectiva, el reto consiste en armonizar las obligaciones patronales con las condiciones económicas que permitan a los negocios crecer, contratar y mantener puestos de trabajo dentro de la legalidad.
La discusión cobra especial relevancia para las MiPyMEs, que representan una parte importante del tejido empresarial del país y que, por su tamaño y capacidad operativa, pueden enfrentar mayores dificultades para absorber incrementos en sus costos.
De la Vega concluyó que el objetivo debe ser ampliar el acceso a empleos con derechos y prestaciones, de manera que la formalidad no quede restringida a determinados sectores o trabajadores.
“El gran desafío no es únicamente mejorar el empleo formal, sino conseguir que la formalidad deje de ser un privilegio y se convierta en una oportunidad al alcance de todos”, afirmó.
Sobre De la Vega y Martínez Rojas
Fundada en 2016, De la Vega y Martínez Rojas es una firma especializada en derecho laboral y seguridad social con enfoque empresarial. Entre sus servicios se encuentran la resolución de conflictos colectivos, los litigios individuales, la consultoría laboral y el análisis jurídico para el diseño de estrategias legales.