Cambio climático exige una nueva forma de gobernar: académico de la UNAM.

Frente a una emergencia climática que trasciende fronteras, los gobiernos deben abandonar las respuestas aisladas y construir mecanismos de cooperación entre instituciones, sociedad, empresas y organismos internacionales, planteó Ricardo Uvalle Berrones, académico de la UNAM.

El cambio climático ya no puede entenderse como un problema que corresponde resolver de manera individual a cada país. Sus efectos atraviesan territorios, economías y comunidades, por lo que enfrentarlo requiere una nueva forma de entender la gestión pública, basada en la cooperación y en la capacidad de sumar esfuerzos.

Durante el seminario “Emergencia Climática: análisis de las opiniones consultivas de Cortes Internacionales”, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional, Ricardo Uvalle Berrones sostuvo que ningún Estado puede asumir por sí solo una respuesta suficiente ante la complejidad del fenómeno.

El académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales explicó que la emergencia climática demanda una gobernanza multifactorial, en la que participen de manera coordinada organismos públicos, organizaciones sociales, comunidades, empresas e instituciones nacionales e internacionales.

La apuesta, señaló, consiste en multiplicar las capacidades disponibles. Un gobierno que actúa de manera aislada tiene recursos y posibilidades limitadas; en cambio, la colaboración permite integrar conocimientos, infraestructura, financiamiento y experiencias que difícilmente podrían reunirse desde una sola institución.

Dejar atrás las inercias burocráticas

Para Uvalle Berrones, el desafío climático también obliga a replantear la manera tradicional de ejercer el gobierno.

Las administraciones públicas, afirmó, ya no pueden depender exclusivamente de rutinas burocráticas, inercias administrativas y procesos estandarizados. La magnitud de los problemas ambientales exige incorporar innovación y establecer nuevas formas de coordinación entre quienes toman decisiones y quienes viven directamente las consecuencias de esas decisiones.

Esto implica modificar las relaciones entre Estado y sociedad para generar mecanismos de participación más amplios y bidireccionales, donde ambos puedan construir agendas comunes y establecer responsabilidades.

En este modelo, explicó el académico, las políticas públicas deben ser capaces de reunir las capacidades de los sectores público, privado, social y comunitario, tanto en el ámbito local como en el nacional e internacional.

El resultado esperado es la construcción de “valor público”, entendido como el aprovechamiento colectivo de conocimientos, capacidades e inteligencias provenientes de distintos sectores para atender problemas que afectan a la sociedad.

Tecnología sí, pero con regulación

La tecnología ocupa también un lugar importante en esta transformación. Sus avances pueden ofrecer herramientas para comprender mejor los fenómenos ambientales, anticipar riesgos y mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos.

Pero Uvalle Berrones advirtió que la tecnología no es suficiente por sí misma.

Cuando las autoridades no establecen regulaciones ambientales adecuadas o dejan de aplicar sanciones frente a actividades contaminantes, pueden multiplicarse las llamadas externalidades negativas: impactos que terminan afectando la calidad de vida, los sistemas sociales y las actividades productivas.

Por ello, la innovación tecnológica debe avanzar acompañada de instituciones capaces de regular, supervisar y hacer cumplir las normas ambientales.

Una respuesta que rebasa las fronteras

La emergencia climática plantea, en última instancia, un cambio en la relación entre gobiernos y sociedad. Los problemas ambientales no respetan fronteras administrativas ni políticas, y sus consecuencias pueden extenderse de una región a otra.

Ante esta realidad, el académico planteó la necesidad de construir patrones de desarrollo sostenible mediante acuerdos, coordinación y participación social.

La idea central es dejar atrás la lógica de que cada Estado puede resolver por separado los grandes desafíos contemporáneos. Frente al cambio climático, la cooperación deja de ser una opción complementaria y se convierte en una condición necesaria para generar respuestas con mayor alcance y capacidad de transformación.

El reto, en palabras del planteamiento académico, consiste en redescubrir las capacidades del gobierno sin regresar a un modelo cerrado, sino en construir instituciones capaces de asociarse, escuchar, coordinarse y actuar junto con una sociedad cada vez más involucrada en las decisiones que determinarán su futuro.