Columnista de The Wall Street Journal alerta por posible censura en México.

Mary Anastasia O’Grady cuestiona la propuesta de protección a las audiencias impulsada por Claudia Sheinbaum y advierte sobre el riesgo de que una autoridad determine qué información difundida por los medios es verdadera o falsa.

La propuesta del Gobierno de Claudia Sheinbaum para fortalecer los derechos de las audiencias de radio y televisión volvió a colocarse en el centro del debate internacional. En una columna publicada en The Wall Street Journal, la periodista Mary Anastasia O’Grady advirtió que la iniciativa podría abrir la puerta a nuevas formas de censura al otorgar a una autoridad gubernamental facultades para pronunciarse sobre la veracidad de los contenidos difundidos por los medios.

La columnista plantea que el riesgo no está únicamente en la existencia de una regulación, sino en la posibilidad de que una instancia administrativa termine convirtiéndose en “árbitro de la verdad”.

El señalamiento ocurre mientras en México continúa la discusión sobre los nuevos lineamientos destinados a proteger los derechos de las audiencias y definir las responsabilidades de los medios frente a sus públicos.

Una preocupación que va más allá de los medios

En su análisis, O’Grady sostiene que periodistas, escritores, intelectuales y empresarios observan con preocupación lo que considera un proceso gradual de reducción del pluralismo democrático en México durante los gobiernos de Morena.

La periodista vincula esta percepción con algunas de las transformaciones institucionales impulsadas durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, particularmente las relacionadas con organismos electorales y con el equilibrio entre poderes.

Como parte de su argumento, retoma el artículo “Hacia un Estado policiaco”, publicado en Nexos por Sergio López Ayllón y Pedro Salazar Ugarte, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Los autores sostienen, de acuerdo con la referencia retomada por O’Grady, que distintas medidas institucionales deben analizarse como parte de un proceso interconectado. Desde esa perspectiva, el riesgo estaría en la acumulación de facultades estatales para vigilar, sancionar económicamente, congelar activos o incluso restringir libertades, sin que exista un Poder Judicial suficientemente independiente para proteger los derechos afectados.

La regulación de las audiencias, bajo la lupa

El punto central de la columna vuelve a la propuesta sobre los derechos de las audiencias. O’Grady cuestiona especialmente que una autoridad pueda tener facultades para determinar si una expresión difundida por un medio es verdadera, falsa o se encuentra fuera de contexto.

Para sus críticos, una atribución de esa naturaleza podría modificar el equilibrio entre regulación y libertad de expresión, particularmente si las decisiones administrativas tienen consecuencias para periodistas, concesionarios o empresas de comunicación.

La discusión también ocurre después de la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y su sustitución por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, organismo que forma parte de la estructura gubernamental.

O’Grady presenta ese cambio como parte de una mayor concentración de facultades regulatorias en el Estado.

Elecciones de 2027 y disputa por la narrativa

El análisis añade una dimensión electoral. Morena, sostiene la columnista, todavía no posee un poder absoluto y deberá enfrentar las elecciones intermedias de junio de 2027.

En ese escenario, señala, temas como la corrupción y los posibles vínculos entre políticos y organizaciones criminales podrían convertirse en asuntos centrales de la campaña.

Por ello, el control de la narrativa pública adquiere especial relevancia. Los medios de comunicación continúan siendo una de las principales fuentes mediante las cuales los ciudadanos conocen y evalúan la actuación de los gobiernos.

Desde esta perspectiva, la discusión sobre quién puede determinar la veracidad de una información no sería únicamente un asunto administrativo, sino también un problema relacionado con la competencia política y el derecho de la ciudadanía a recibir información plural.

El antecedente de las listas de periodistas

O’Grady también recuerda la polémica generada por las listas de periodistas exhibidas durante la gestión de Luisa María Alcalde, episodio que fue ampliamente cuestionado en medios y redes sociales.

El caso cobró especial relevancia porque se contrastó con declaraciones previas de Sheinbaum, cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en las que había criticado prácticas de ese tipo y las había comparado con expresiones del macartismo y el nazismo.

Para la columnista, ese contraste alimenta las dudas sobre la evolución de la relación entre el poder político y los medios de comunicación.

Un debate que apenas comienza

La columna de O’Grady no constituye una resolución ni un pronunciamiento institucional sobre la legislación mexicana, sino una valoración editorial y política sobre los posibles efectos de la propuesta.

El debate de fondo permanece abierto: cómo proteger a las audiencias frente a información engañosa, publicidad disfrazada o contenidos dañinos sin permitir que una autoridad gubernamental termine definiendo qué opiniones o interpretaciones son legítimas.

Ese equilibrio será determinante para el futuro de la regulación de los medios en México.

Mary Anastasia O’Grady, integrante del consejo editorial de The Wall Street Journal y autora de la columna semanal “The Americas”, especializada en política, economía y negocios de América Latina y Canadá, coloca así una advertencia sobre la mesa: una regulación diseñada para proteger a las audiencias podría terminar debilitando uno de los elementos esenciales del sistema democrático si la autoridad obtiene el poder de decidir qué puede considerarse verdad en el espacio público.