El Poder Legislativo estatal puso en marcha una jornada de capacitación con especialistas de UNICEF y el PNUD México para incorporar la perspectiva de infancia y de género en la elaboración de leyes, presupuestos y políticas públicas.
Las decisiones que se toman en un Congreso no solo responden a las necesidades del presente: también pueden definir las oportunidades y condiciones de vida de las próximas generaciones. Con esa premisa, el Congreso de Tamaulipas formalizó una alianza de trabajo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
La colaboración comenzó a concretarse mediante una jornada de capacitación dirigida a diputadas, diputados y personal técnico y operativo del Poder Legislativo, con herramientas para incorporar la perspectiva de infancia y de género en el trabajo parlamentario.
La iniciativa busca que estos enfoques no se limiten a las leyes específicamente relacionadas con la niñez, sino que también estén presentes en las decisiones sobre presupuestos, programas y políticas públicas que pueden influir en su desarrollo.
Capacitación para transformar el trabajo legislativo
Las actividades estuvieron a cargo de Juan Pablo Rodríguez González, especialista en Protección de la Infancia de UNICEF, quien compartió herramientas para integrar de manera transversal los derechos de la niñez y la perspectiva de género en las tareas cotidianas del Congreso.
El propósito es que las y los legisladores, así como los equipos que respaldan su trabajo, cuenten con mayores elementos para evaluar cómo las decisiones públicas afectan a la población infantil y adolescente.
Desde esta perspectiva, legislar con enfoque de infancia implica considerar las necesidades particulares de niñas, niños y adolescentes al diseñar normas, distribuir recursos y establecer mecanismos de atención, prevención y protección.
El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Tamaulipas, Humberto Armando Prieto Herrera, destacó la importancia de mantener una capacitación constante para quienes integran el Poder Legislativo.
El diputado subrayó que las decisiones parlamentarias tienen consecuencias que pueden extenderse durante años y repercutir en las condiciones de vida de las nuevas generaciones.
La niñez, presente en la agenda pública
Por su parte, Armando Javier Zertuche Zuani, presidente del Comité para la Revisión de los Trabajos de la Agenda 2030, explicó que la jornada da continuidad a los esfuerzos de coordinación con organismos internacionales.
El acercamiento permite recuperar herramientas y experiencias que pueden contribuir a fortalecer el trabajo legislativo estatal, particularmente en asuntos vinculados con el desarrollo sostenible, la igualdad y la garantía de derechos.
En tanto, Katalyna Méndez Cepeda, a nombre de la Comisión de Niñez, Adolescencia y Juventud, destacó que incorporar la perspectiva de infancia significa tomar en cuenta las condiciones en las que viven diariamente niñas, niños y adolescentes.
Esto supone considerar sus necesidades, reconocer los factores que pueden limitar el ejercicio de sus derechos y procurar que las decisiones gubernamentales respondan a sus realidades.
De la capacitación a las políticas públicas
La alianza entre el Congreso de Tamaulipas, UNICEF y el PNUD México plantea el reto de trasladar los conocimientos adquiridos a la práctica parlamentaria. La capacitación representa un primer paso; su alcance dependerá de que las herramientas se incorporen de manera efectiva en la elaboración y revisión de iniciativas, presupuestos y políticas públicas.
También abre la posibilidad de fortalecer la evaluación de las decisiones legislativas desde una pregunta fundamental: qué efectos tendrán sobre la vida, el bienestar y las oportunidades de las nuevas generaciones.
Con esta coordinación, el Congreso tamaulipeco busca establecer bases para que la protección de los derechos de la niñez sea un criterio permanente de su labor. El objetivo es que niñas, niños y adolescentes no sean considerados únicamente cuando se discuten asuntos relacionados directamente con ellos, sino que sus derechos formen parte de las decisiones que definen el rumbo del estado.