Las revisiones financieras detectaron anomalías por más de 590 millones de pesos en las becas Benito Juárez, además de tarjetas del Banco del Bienestar activas sin entregar y recursos destinados a cuentas y planteles con inconsistencias.
Las revisiones al ejercicio de los recursos públicos federales pusieron bajo la lupa miles de millones de pesos. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno detectó inconsistencias por más de 5 mil 600 millones de pesos en distintos programas, dependencias y transferencias, entre ellas operaciones relacionadas con las becas Benito Juárez.
En este último caso, las observaciones superan los 590 millones de pesos correspondientes a los ejercicios fiscales 2024 y 2025.
De acuerdo con las revisiones, se identificaron depósitos destinados a más de 67 mil beneficiarios cuyos datos no contaban con una validación oficial ante el Registro Nacional de Población, una situación que generó dudas sobre la correcta aplicación de los recursos del programa.
Las autoridades fiscalizadoras mantienen los expedientes en proceso, por lo que las irregularidades señaladas deberán ser aclaradas y documentadas por las instancias responsables.
Más de 94 mil tarjetas seguían activas
Las observaciones también alcanzaron la operación del Banco del Bienestar, encargado de una parte importante de la dispersión de recursos de los programas sociales.
Las revisiones detectaron que más de 94 mil tarjetas permanecían activas sin haber sido entregadas a sus respectivos titulares.
También fueron identificados movimientos de recursos hacia cuentas que presentaban inconsistencias, así como transferencias relacionadas con planteles que no formaban parte de los sectores prioritarios establecidos para la aplicación de determinados recursos.
El hallazgo abre interrogantes sobre los mecanismos utilizados para verificar que los apoyos lleguen efectivamente a las personas y centros educativos que cumplen con los criterios establecidos.
Infraestructura y obras, entre las observaciones
Las anomalías no se concentran únicamente en los programas sociales.
Las auditorías también encontraron deficiencias en la comprobación de recursos transferidos a gobiernos estatales, principalmente en proyectos relacionados con infraestructura hospitalaria y obras de agua potable.
En distintos proyectos de obra pública federal se detectaron además casos de costos superiores a los previstos, pagos por cantidades mayores a las justificadas y trabajos reportados como pagados pese a que no habían sido ejecutados.
Este tipo de observaciones obliga a las dependencias responsables a presentar documentación que permita comprobar que los recursos fueron utilizados conforme a los contratos, proyectos y disposiciones presupuestarias correspondientes.
Migración y laboratorios también aparecen en las revisiones
Entre las instituciones federales que presentaron observaciones se encuentran el Instituto Nacional de Migración y Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México.
En estos casos se identificaron inconsistencias relacionadas con operaciones administrativas, posibles desvíos y recursos que no fueron reportados o acreditados de manera adecuada.
Las observaciones, sin embargo, no equivalen por sí mismas a una determinación definitiva de responsabilidad. Las instituciones señaladas todavía pueden presentar información y documentación para solventar o aclarar los hallazgos.
Más de 900 millones regresaron a la Tesorería
Como parte de las acciones de recuperación de recursos, las instancias fiscalizadoras informaron sobre reintegros por más de 900 millones de pesos a la Tesorería de la Federación.
Estos recursos corresponden a montos que fueron recuperados dentro de los procesos derivados de las revisiones financieras.
El resto de los expedientes continúa en distintas etapas de análisis. Las dependencias y entidades involucradas tienen la posibilidad de aportar pruebas y aclaraciones; cuando las observaciones no sean solventadas, pueden continuar los procedimientos administrativos establecidos en la legislación.
La fiscalización, ahora bajo escrutinio
El volumen de recursos observado coloca nuevamente la fiscalización del gasto público en el centro de la discusión.
Desde becas destinadas a estudiantes y tarjetas del Banco del Bienestar hasta hospitales, sistemas de agua potable y obras públicas, las revisiones abarcan áreas muy distintas de la administración federal.
El siguiente paso será determinar cuánto de lo observado puede ser aclarado, solventado o recuperado y, en aquellos casos donde se acrediten responsabilidades, qué procedimientos deberán seguir las autoridades.
Por ahora, la cifra más amplia es contundente: más de 5 mil 600 millones de pesos presentan inconsistencias identificadas por los órganos de revisión, mientras que más de 900 millones ya fueron reintegrados a las arcas federales.
El desafío para las autoridades será convertir las observaciones en resultados concretos: recuperar recursos cuando corresponda, corregir las fallas administrativas y garantizar que cada peso del presupuesto público pueda ser rastreado y comprobado.