El Consejo General aprobó 29 proyectos de resolución por presuntas infracciones electorales. Además, el organismo prepara un mecanismo de revisión voluntaria de perfiles de aspirantes para evitar la infiltración del crimen organizado en las elecciones de 2027.
El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el 5 de noviembre un paquete de 29 proyectos de resolución relacionados con presuntas infracciones a la legislación electoral, por los que determinó imponer multas superiores a los 55 millones de pesos a Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido Acción Nacional (PAN).
Las sanciones derivan principalmente de procedimientos por afiliaciones indebidas y uso no autorizado de datos personales, luego de que los partidos involucrados no acreditaran contar con el consentimiento de las personas cuyos nombres e información fueron utilizados en sus registros.
Durante la misma sesión, el Consejo General avaló el Programa Anual de Trabajo 2026-2027 de la Comisión Temporal de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. El documento contempla nueve ejes orientados a fortalecer la rendición de cuentas, la protección de información personal, la transparencia proactiva, la gestión documental y la evaluación de resultados.
En otros tres procedimientos, relacionados con personas aspirantes a supervisoras electorales y capacitadoras asistentes electorales, el órgano electoral acreditó que proporcionaron información falsa sobre su afiliación partidista. Como consecuencia, aprobó amonestaciones públicas y dio vista a la Secretaría Ejecutiva del INE para revisar posibles irregularidades en la aplicación de los apercibimientos previstos durante el proceso electoral federal 2023-2024.
El Consejo también notificó a los órganos de control interno de la alcaldía Iztapalapa y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre la falta de respuesta a requerimientos de la Unidad Técnica de Fiscalización, relacionados con permisos para colocar propaganda electoral en la vía pública.
Asimismo, impuso una amonestación pública a la Agrupación Política Nacional Asociación de Profesionales por la Democracia y el Desarrollo, por informar con cuatro días hábiles de retraso sobre cambios en sus órganos de dirección.
INE revisará perfiles de aspirantes para las elecciones de 2027
En paralelo, el organismo electoral anunció que el 6 de noviembre firmará un convenio de colaboración con cinco instituciones federales para establecer un mecanismo de evaluación voluntaria de riesgos de las personas que busquen una candidatura en las elecciones de 2027.
La medida tiene como propósito identificar posibles vínculos con el crimen organizado y prevenir su infiltración en las postulaciones. El proceso electoral contempla la renovación de las 500 diputaciones federales, 19 mil 609 cargos locales y 17 gubernaturas, con una jornada electoral prevista para junio de 2027.
La revisión podrá aplicarse tanto a aspirantes postulados por partidos políticos como a quienes busquen contender mediante candidaturas independientes. Para participar, cada persona deberá autorizar expresamente el uso de su información. Los partidos y aspirantes sin partido podrán entregar al INE las listas de quienes pretendan postular, acompañadas del consentimiento informado correspondiente.
El acuerdo involucra a la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy Ramos; la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a cargo de Omar García Harfuch; el Centro Nacional de Inteligencia, dirigido por Francisco Almazán Barocio; la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuyo titular es Ángel Cabrera Mendoza, y la Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Omar Reyes Colmenares.
Una vez recibidos los listados, el INE enviará las solicitudes de información a las dependencias correspondientes. Cada institución realizará sus propias verificaciones, conforme a sus criterios y metodologías, para determinar si existe algún riesgo razonable. La valoración estará a cargo de las autoridades competentes, sin intervención del organismo electoral en la determinación final.
El convenio permitirá el intercambio de información para desarrollar procedimientos de verificación de integridad y evaluación de riesgos, tanto en candidaturas partidistas como independientes.
El INE ha señalado que la autenticidad de las candidaturas forma parte de los principios de probidad pública y responsabilidad democrática, además de que el mecanismo busca proteger los derechos político-electorales de las personas participantes.
La iniciativa da continuidad a un proceso anunciado desde septiembre, cuando Luisa María Alcalde informó que el Gobierno federal trabajaba con el instituto en una metodología para identificar posibles vínculos entre aspirantes a cargos de elección popular y grupos delictivos.
Morena pide investigar contratos por más de 2 mil millones de pesos
En el contexto de las revisiones a la gestión administrativa del INE, Morena denunció el 5 de noviembre una presunta red de corrupción relacionada con contratos otorgados durante la presidencia de Lorenzo Córdova, y solicitó investigar adjudicaciones por 2 mil 094 millones de pesos realizadas entre 2014 y 2023 a empresas que, según el partido, estarían vinculadas con un mismo grupo empresarial.
El señalamiento se produce mientras el instituto enfrenta revisiones sobre posibles irregularidades en contrataciones efectuadas durante la administración de Guadalupe Taddei. Morena sostuvo que las prácticas bajo cuestionamiento no habrían comenzado en ese periodo, sino que tendrían antecedentes de varios años en la proveeduría de materiales y servicios electorales.
De acuerdo con los datos citados en la denuncia, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó preliminarmente dos grupos empresariales que concentraron operaciones por más de 8 mil 870 millones de pesos entre 2014 y 2026. Entre los aspectos que requieren revisión se encuentran posibles esquemas de subcontratación entre compañías relacionadas y operaciones que podrían ameritar una investigación más amplia.
Morena afirmó que empresas vinculadas con ese grupo obtuvieron contratos de organismos electorales locales durante los nueve años en que Córdova encabezó el INE. Por ello, pidió esclarecer quién autorizó las operaciones, qué funcionarios tenían la responsabilidad de supervisarlas y si existieron beneficios indebidos.
Hasta el momento, estos señalamientos deben entenderse como acusaciones y observaciones sujetas a investigación, no como responsabilidades acreditadas. La revisión de los contratos y de los procedimientos de adjudicación será determinante para establecer si existieron irregularidades y, en su caso, quiénes serían responsables.