José Alfredo Hernández Casillas había solicitado protección judicial ante la posibilidad de una orden de aprehensión o comparecencia. El juzgado determinó que las autoridades no reportaron la existencia de esos mandamientos.
Una jueza federal sobreseyó el juicio de amparo promovido por José Alfredo Hernández Casillas, empresario relacionado con compañías proveedoras de materiales electorales para el Instituto Nacional Electoral (INE) y organismos locales, luego de determinar que no se acreditó la existencia de una orden de aprehensión o comparecencia en su contra.
De acuerdo con el expediente judicial obtenido por Latinus, Gabriela Sandoval Saavedra, titular del Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, resolvió cerrar el procedimiento el 28 de abril de 2026. La resolución quedó firme al no ser impugnada y el expediente fue archivado posteriormente.
Hernández Casillas presentó la demanda el 9 de febrero de 2026, a través del despacho Hernández Barros, y el juzgado la recibió al día siguiente. En el recurso solicitó protección frente a la posible existencia de órdenes judiciales que pudieran derivar en su detención o presentación ante alguna autoridad.
El 11 de febrero, la jueza concedió una suspensión provisional para evitar la ejecución de cualquier mandamiento de esa naturaleza, en caso de existir, y estableció una garantía económica de 6 mil 500 pesos.
Sin embargo, el 18 de febrero negó la suspensión definitiva, después de solicitar informes a las autoridades señaladas como responsables. Estas negaron la existencia de órdenes de aprehensión o comparecencia, y el empresario no presentó pruebas para desvirtuar sus respuestas.
Finalmente, el 28 de abril el juzgado determinó el sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado. La resolución quedó firme el 22 de mayo, al no presentarse una impugnación, y el expediente fue archivado oficialmente el 3 de julio, según la información del caso difundida por Latinus y otros medios.
En su escrito, Hernández Casillas rechazó haber cometido algún delito y manifestó su disposición para colaborar con las autoridades en caso de que existiera una investigación relacionada con sus actividades.
“Siempre he gozado de una buena reputación, soy respetuoso de nuestras leyes mexicanas, a pesar de estar cierto de que el suscrito no ha cometido delito alguno. (…) Soy ciudadano mexicano y en todo momento me he conducido conforme a nuestro marco constitucional”, expuso en la demanda, en la que también expresó su voluntad de participar en cualquier investigación ministerial en la que pudiera ser relacionado.
El empresario está vinculado con compañías como Cajas Graf y Corporativo ZEG, dedicadas al suministro de materiales electorales. Sus actividades contractuales han sido objeto de cuestionamientos públicos debido a los convenios celebrados con el INE y distintos Organismos Públicos Locales Electorales.
La relación pública de Hernández Casillas con Guadalupe Taddei, exconsejera presidenta del INE, también ha sido mencionada en reportajes sobre las contrataciones de proveedores electorales. Por separado, medios de comunicación han informado que empresas relacionadas con el empresario se encuentran bajo revisión de la Auditoría Superior de la Federación por presuntas irregularidades en contratos, señalamientos que no constituyen por sí mismos una determinación de responsabilidad.
El sobreseimiento del amparo significa que el juzgado no encontró acreditado el acto reclamado —la existencia de una orden de aprehensión o comparecencia— y, por tanto, cerró ese procedimiento. La resolución no representa un pronunciamiento sobre la legalidad de los contratos de las empresas vinculadas con Hernández Casillas ni sobre posibles responsabilidades en otras investigaciones.