La propuesta de Clara Brugada busca limitar los aumentos anuales de alquiler a la inflación, crear una Defensoría Inquilinaria y establecer un registro digital de contratos. La Asociación de Bancos de México presentó al PAN modificaciones que podrían flexibilizar varias de estas disposiciones.

La iniciativa de Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, impulsada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, avanza en medio de diferencias entre las fuerzas políticas y representantes del sector inmobiliario y financiero.

El proyecto, presentado ante el Congreso capitalino el pasado 14 de octubre, busca establecer nuevas reglas para el mercado de arrendamiento, contener los incrementos excesivos en los alquileres y proteger el derecho de los habitantes a permanecer en sus comunidades frente a los procesos de encarecimiento y gentrificación.

La discusión legislativa comenzó con una serie de diez mesas de diálogo programadas del 6 al 17 de noviembre, en las que participan legisladores de Morena, PAN y Partido Verde, autoridades, organizaciones civiles, colectivos de vivienda y ciudadanos. Por ello, aunque existen estimaciones sobre una posible aprobación hacia finales de noviembre o principios de diciembre, hasta el momento no se ha establecido una fecha definitiva para la votación.

Los principales puntos de la iniciativa

Entre las medidas centrales propuestas por Brugada se encuentra establecer que los incrementos anuales de las rentas de vivienda no superen la inflación registrada durante el año anterior.

El proyecto también contempla crear una Defensoría de las Relaciones Inquilinarias para ofrecer orientación, mediación y defensa jurídica; establecer un registro digital de contratos de arrendamiento; limitar las garantías y requisitos exigidos a quienes buscan rentar una vivienda, y fijar sanciones tanto para propietarios como para inquilinos que incumplan sus obligaciones.

Asimismo, plantea fortalecer los mecanismos de acompañamiento social durante los desalojos, promover contratos estables y ampliar la oferta de vivienda social y asequible.

El Gobierno capitalino ha defendido que la propuesta no busca congelar las rentas ni afectar el derecho a la propiedad privada, sino establecer reglas que permitan relaciones más equilibradas entre arrendadores e inquilinos.

La banca plantea modificaciones

En medio de la discusión, la Asociación de Bancos de México (ABM) presentó a legisladores del PAN una serie de propuestas para modificar el proyecto. Entre sus planteamientos destaca permitir que, cuando concluya un contrato y llegue un nuevo inquilino, el propietario pueda negociar libremente el precio del alquiler, sin quedar sujeto al límite de inflación previsto para los incrementos anuales.

También se han puesto sobre la mesa cambios relacionados con el registro digital de contratos, las garantías solicitadas a los arrendatarios y las atribuciones de las instancias de defensa y acompañamiento contempladas en la iniciativa.

Estas propuestas abren un debate sobre el alcance de la regulación: mientras el Gobierno capitalino busca establecer mecanismos de protección para quienes rentan, representantes del sector financiero plantean flexibilizar determinadas disposiciones para preservar la libertad de negociación entre las partes.

Mayoría legislativa y negociación política

El desenlace de la iniciativa también dependerá de los acuerdos entre los grupos parlamentarios. Morena y sus aliados cuentan con una posición mayoritaria en el Congreso de la Ciudad de México, aunque las posturas expresadas por representantes del Partido Verde y de la oposición forman parte de una negociación que todavía se encuentra en desarrollo.

El PAN ha manifestado reservas frente a distintos aspectos del proyecto, mientras que las propuestas de la ABM incorporaron nuevos elementos a la discusión sobre los límites a los aumentos de renta y las obligaciones de propietarios e inquilinos.

Uno de los puntos de mayor controversia es cómo evitar que la concentración de propiedades y la especulación inmobiliaria contribuyan al encarecimiento de la vivienda y al desplazamiento de habitantes de sus colonias. En ese contexto, la iniciativa también ha puesto sobre la mesa el papel de los grandes inversionistas y de los propietarios con múltiples inmuebles en el mercado de alquiler.

El Congreso deberá valorar las observaciones presentadas durante las mesas de diálogo antes de elaborar los dictámenes correspondientes. La discusión definirá si la legislación conserva los mecanismos de regulación propuestos por el Gobierno capitalino o incorpora modificaciones que cambien su alcance.

El resultado tendrá consecuencias para millones de personas que habitan viviendas rentadas en la capital, así como para los propietarios que participan en el mercado inmobiliario. El reto legislativo será establecer reglas que den certidumbre a ambas partes y atiendan el problema de la asequibilidad de la vivienda.