El expresidente del organismo electoral defendió la transparencia de su gestión y aseguró que las revisiones de la ASF y del Órgano Interno de Control no detectaron irregularidades relevantes. El pronunciamiento ocurre mientras el Instituto enfrenta cuestionamientos por contratos millonarios y la salida de 15 funcionarios.
La crisis administrativa que atraviesa el Instituto Nacional Electoral (INE) abrió un nuevo frente de confrontación política entre el Gobierno federal y Lorenzo Córdova Vianello, expresidente del organismo. Ante la solicitud de revisar las contrataciones de administraciones anteriores, el exconsejero presidente retó a la presidenta Claudia Sheinbaum a ordenar nuevas auditorías y defendió la gestión que encabezó entre 2014 y 2023.
Córdova sostuvo que las cuentas del Instituto fueron sometidas a revisiones periódicas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Órgano Interno de Control (OIC), por lo que rechazó las insinuaciones sobre posibles malos manejos durante su administración.
“Y si, a pesar de todo lo anterior, quieren volver a auditar lo auditado, adelante. Quienes hemos tenido gestiones transparentes y apegadas a la ley no tenemos nada que temer”, afirmó en un mensaje difundido en su cuenta de X.
El exfuncionario aseguró que las observaciones formuladas durante su gestión fueron atendidas y que las revisiones no arrojaron irregularidades de relevancia. Sus declaraciones, sin embargo, deberán contrastarse con los informes de fiscalización correspondientes para establecer el alcance y los resultados de cada auditoría.
Córdova defiende su gestión y cuestiona al oficialismo
La respuesta del exconsejero presidente llegó después de que Sheinbaum solicitara ampliar la revisión de los contratos celebrados durante las administraciones de Lorenzo Córdova y Guadalupe Taddei, particularmente aquellos relacionados con proveedores de materiales electorales.
Córdova afirmó que el INE fue una de las instituciones públicas más fiscalizadas durante los nueve años que encabezó el organismo. También señaló que, desde 2019, el titular del Órgano Interno de Control fue designado por la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados.
A partir de ese antecedente, sostuvo que las revisiones no encontraron anomalías administrativas de importancia y que las irregularidades menores identificadas recibieron el tratamiento correspondiente.
El exconsejero también acusó al oficialismo de intentar desviar la atención de la crisis que enfrenta actualmente el Instituto. Se trata de una valoración política de Córdova, quien atribuyó responsabilidades al Gobierno federal en la situación del organismo.
La discusión coloca nuevamente bajo escrutinio la actuación de las autoridades electorales y la necesidad de distinguir entre las declaraciones de los actores políticos, las observaciones administrativas y las responsabilidades que eventualmente puedan acreditarse.
Sheinbaum pide revisar contratos y posibles conflictos de interés
El enfrentamiento se intensificó después de que la presidenta Claudia Sheinbaum solicitara, el 27 de octubre, una auditoría amplia de las contrataciones efectuadas durante las gestiones de Córdova y Taddei.
La petición contempla examinar las adjudicaciones de materiales electorales, los antecedentes de las empresas proveedoras y la posible existencia de conflictos de interés. También busca esclarecer desde cuándo determinadas compañías mantienen relaciones contractuales con el Instituto y si las operaciones se realizaron conforme a la legislación aplicable.
La solicitud presidencial se produjo después de que se difundieran señalamientos sobre posibles irregularidades en contratos otorgados durante la administración de Taddei.
La revisión deberá determinar si existen elementos que ameriten investigaciones adicionales y, en su caso, si las autoridades competentes encuentran responsabilidades. La existencia de cuestionamientos públicos no implica por sí misma que se haya cometido una falta administrativa o un delito.
La salida de Taddei y las renuncias de 15 funcionarios
Mientras Córdova defendía su gestión, el INE avanzaba en la reorganización de su estructura administrativa tras la salida de Guadalupe Taddei.
La presidenta provisional, Blanca Yassahara Cruz García, informó el 28 de octubre sobre la renuncia voluntaria de 12 funcionarios de confianza vinculados con la Oficina de la Presidencia. Estas dimisiones se sumaron a otras tres salidas registradas previamente, con lo que el relevo alcanzó a 15 funcionarios.
Entre quienes dejaron sus cargos se encuentra Carlos Daniel Luna Rosas, quien encabezaba la Oficina de la Presidencia durante la administración de Taddei y cuya permanencia había sido cuestionada por representantes partidistas debido a sus antecedentes de colaboración con Morena.
Cruz García señaló que el Instituto deberá revisar la situación administrativa de los exfuncionarios, incluidos los posibles procedimientos pendientes ante el Órgano Interno de Control y la procedencia de los pagos correspondientes por su separación.
La presidenta provisional tampoco descartó nuevos movimientos en la estructura administrativa mientras avanza la reorganización del organismo.
Contratos millonarios, bajo revisión
La salida de Taddei también abrió un frente jurídico por los contratos adjudicados durante su gestión. Después de reunirse con integrantes del Consejo General, Cruz García informó que se analiza la ruta legal para poner en conocimiento de las autoridades fiscalizadoras los hechos que pudieran constituir irregularidades.
La revisión incluye la documentación disponible y los mecanismos de colaboración con la ASF y el OIC. La presidenta provisional explicó que el Consejo General no tiene facultades para fiscalizar directamente a sus integrantes, pero puede dar vista a las instancias competentes cuando existan elementos que ameriten una investigación.
Entre los asuntos que han generado cuestionamientos se encuentran presuntos vínculos con José Alfredo Hernández Casillas, empresario relacionado con compañías proveedoras de materiales electorales, así como adjudicaciones a empresas como Corporativo ZEG y Cajas Graf.
Uno de los contratos mencionados en los señalamientos corresponde a una adjudicación directa por aproximadamente 197 millones de pesos para fabricar materiales electorales.
La ASF anunció investigaciones relacionadas con posibles irregularidades en contrataciones, conflictos de interés, presunta colusión entre proveedores y posibles mecanismos de triangulación de recursos públicos.
Hasta que concluyan las revisiones, estos señalamientos deben mantenerse en el terreno de las posibles irregularidades y no presentarse como responsabilidades acreditadas de Taddei, otros funcionarios o las empresas involucradas.
El INE, ante el reto de garantizar la continuidad electoral
La confrontación entre Córdova y Sheinbaum ocurre en un momento delicado para el organismo encargado de organizar las elecciones federales. Además de revisar las contrataciones cuestionadas y atender las posibles investigaciones, el Instituto debe mantener sus operaciones y preparar los trabajos relacionados con el proceso electoral de 2027.
Cruz García asumió provisionalmente la presidencia el 27 de octubre, después de que el Consejo General aprobó por unanimidad su designación, mientras la Cámara de Diputados lleva a cabo el procedimiento para nombrar a quien concluirá el periodo correspondiente.
Su gestión deberá conducir la transición administrativa, dar seguimiento a las revisiones y garantizar la continuidad de las funciones institucionales.
Por su parte, Córdova mantiene su defensa pública de la administración que encabezó y sostiene que las auditorías anteriores respaldan su actuación.
El desenlace de esta controversia dependerá de los documentos de fiscalización y de las determinaciones de las autoridades competentes. Las nuevas revisiones permitirán establecer si existen elementos que justifiquen investigaciones adicionales o si los resultados previos ofrecen una explicación suficiente sobre el manejo de los recursos públicos durante las administraciones examinadas.