La dependencia encabezada por Raquel Buenrostro presentó una denuncia penal tras detectar oficios apócrifos que utilizaban la firma de la funcionaria y el nombre de un exfiscal para intimidar a proveedores del Gobierno federal y exigirles dinero a cambio de frenar supuestas investigaciones.
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por una presunta red de extorsión que habría utilizado documentos oficiales falsificados para amenazar a empresarios y proveedores del Gobierno federal con investigaciones por supuestas irregularidades.
De acuerdo con una investigación publicada por el diario Reforma, los responsables habrían elaborado oficios apócrifos con papelería membretada de la dependencia y la firma falsificada de su titular, Raquel Buenrostro, con el propósito de hacer creer a los destinatarios que existían procedimientos en su contra.
Los documentos también incluían el nombre de Ulises Lara López, quien se desempeñó como fiscal especial de Asuntos Relevantes de la FGR, a quien atribuían presuntas instrucciones para investigar a determinados proveedores.
El mecanismo consistía en presentar los escritos como notificaciones oficiales de posibles indagatorias y, posteriormente, contactar a los empresarios para exigirles dinero a cambio de detener los procedimientos que supuestamente se habían iniciado. Según la publicación, los presuntos extorsionadores incluso ofrecían intervenir con Lara para conseguir que las investigaciones fueran frenadas.
La denuncia y los documentos apócrifos
La denuncia penal fue presentada el 6 de agosto de 2026 por Mauricio Elpidio Montes de Oca Durán, director de Asuntos Penales y Estratégicos de la Unidad de Combate a la Impunidad de la Secretaría Anticorrupción.
El expediente quedó registrado con la clave FED/CDMX SZS/0003777/2026. En él se establece que la dependencia tuvo conocimiento de uno de los documentos presuntamente falsificados el 29 de julio.
Al revisar el oficio, Raquel Buenrostro negó haberlo elaborado o firmado, por lo que la Secretaría determinó acudir ante las autoridades ministeriales para que se investigaran la posible falsificación de documentos y su utilización con fines ilícitos.
Entre los escritos identificados por Reforma figura uno fechado el 4 de junio de 2026. El documento contenía supuestas instrucciones para iniciar procedimientos disciplinarios contra proveedores por presuntos incumplimientos legales y dar aviso a la FGR.
La utilización de papelería institucional y de nombres de funcionarios y exfuncionarios habría sido parte del mecanismo para otorgar credibilidad a las amenazas y presionar a los empresarios.
El nombre de un exfiscal aparece en los oficios
La investigación periodística también señala que el nombre de Ulises Lara fue utilizado en los documentos para atribuirle supuestas órdenes de investigación y ofrecer sus gestiones como una vía para detenerlas.
Lara dejó la Fiscalía Especial de Asuntos Relevantes el 14 de julio de 2026, de acuerdo con la información publicada. Sin embargo, hasta ahora no se han presentado elementos que acrediten que su salida del cargo tenga relación con la presunta red de extorsión o que haya participado en las amenazas.
Según el reporte, algunos proveedores alertaron directamente a Raquel Buenrostro sobre los documentos y las solicitudes de dinero, situación que habría llevado a la dependencia a formalizar la denuncia ante la Fiscalía federal.
Corresponderá a la FGR determinar quién elaboró y distribuyó los oficios, quién realizó los contactos con los empresarios y si existió participación de otras personas en el esquema denunciado.
Hasta el momento, los hechos forman parte de una investigación penal y no se ha informado de personas detenidas ni de responsabilidades determinadas judicialmente.