Nuevo presidente de Paraguay pide la renuncia de todo su Gabinete tras destitución de Santiago Peña

Pedro Alliana solicitó poner a disposición los cargos de ministros y altos funcionarios como parte de una reorganización administrativa. La medida se produce en medio de la crisis política y financiera relacionada con el caso Ueno Bank.

Apenas tres días después de asumir la Presidencia de Paraguay, Pedro Alliana solicitó la renuncia de ministros, secretarios y máximas autoridades de distintas instituciones públicas, como parte de una reorganización del Gobierno tras la destitución de Santiago Peña.

A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario informó que instruyó a Rolando de Barros, ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, para comunicar a los funcionarios que ocupan puestos de confianza que pusieran sus cargos a disposición del Poder Ejecutivo.

“Mi objetivo es fortalecer la coordinación del gobierno y garantizar una gestión más eficiente, enfocada en las prioridades de los paraguayos”, expresó Alliana.

La disposición está dirigida a ministros y ministras del Poder Ejecutivo, secretarios ejecutivos con rango ministerial, así como presidentes y titulares de organismos autónomos, autárquicos y descentralizados, entidades financieras públicas y empresas estatales.

De acuerdo con el documento oficial, la solicitud comprende exclusivamente puestos de libre designación y remoción, cuya permanencia depende de la decisión del Ejecutivo, conforme a la Ley 7445/2025, de la Función Pública y del Servicio Civil, y la Ley 7278/2024, que regula la Organización Administrativa del Estado.

Quedan excluidas las autoridades cuyo nombramiento o remoción está sujeto a periodos establecidos por ley, acuerdos o procedimientos que requieren la intervención de otros poderes del Estado, así como aquellas que únicamente pueden ser separadas del cargo por causas específicas previstas en sus respectivas leyes orgánicas.

El oficio también precisa que poner los cargos a disposición no significa suspender las funciones de los servidores públicos. Por ello, instruye a las dependencias a tomar las previsiones necesarias para garantizar la continuidad de los servicios y las actividades institucionales.

Cambios en el Gabinete y organismos públicos

La solicitud de renuncias se suma a los primeros movimientos administrativos anunciados por el nuevo Gobierno. Entre ellos destaca el nombramiento de Eduardo Ariel González como asesor jurídico de la Presidencia.

También se registraron cambios en el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, donde el viceministro Juan Pablo Cosp quedó al frente de la dependencia en sustitución de Gustavo Villate.

Otro de los movimientos relevantes se planteó en el Banco Central del Paraguay (BCP), donde Alliana propuso al economista Fernando Rivarola para integrar el directorio de la institución.

Rivarola se desempeñó como gerente de Supervisión y, de acuerdo con la información difundida sobre el caso, había advertido sobre posibles irregularidades en operaciones de Ueno Bank meses antes de que la entidad enfrentara una crisis. Durante la administración de Peña fue separado de ese cargo.

El mandatario también propuso a Jorge Luis Schreiner Marengo para ocupar la presidencia del Banco Central. Medios paraguayos reportaron que el Senado tenía prevista una sesión extraordinaria para analizar ambos nombramientos.

Alliana asumió tras la destitución de Santiago Peña

Pedro Alliana asumió la Presidencia el viernes anterior, luego de que el Senado destituyera a Santiago Peña mediante un juicio político por mal desempeño de sus funciones. Antes de ocupar la jefatura del Ejecutivo, Alliana se desempeñaba como vicepresidente durante el periodo gubernamental 2023-2026.

El relevo presidencial ocurre en medio de una crisis política vinculada al escándalo financiero de Ueno Bank y de un proceso judicial relacionado con el exmandatario.

Con la solicitud de renuncias y los primeros nombramientos, Alliana comenzó a reorganizar la estructura del Gobierno paraguayo, bajo el argumento de mejorar la coordinación institucional y orientar la administración hacia las prioridades de su gestión.

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