La participación de compañías de Israel en Pro Agro Innovación 2026 desató cuestionamientos sobre el manejo del agua y la cooperación extranjera. Aunque organizaciones y jóvenes activistas alertan sobre posibles riesgos, no han presentado pruebas de que exista un plan para controlar los recursos hídricos del estado.
La presencia de empresas israelíes en Pro Agro Innovación 2026, feria agroindustrial organizada por el gobierno de Yucatán, generó controversia entre jóvenes activistas y organizaciones solidarias con Palestina. Las críticas se centraron en la participación de compañías extranjeras en un sector estratégico como el hídrico, así como en el rechazo a las acciones militares del gobierno israelí en Gaza.
Bajo el lema “Lo que pasó en Gaza puede pasar en tu casa”, jóvenes difundieron mensajes en redes sociales para advertir sobre lo que calificaron como una posible “colonización silenciosa” de Israel en la península. Sin embargo, hasta el momento no han presentado pruebas que acrediten que las empresas participantes pretendan controlar el agua de Yucatán.
La segunda edición de Pro Agro Innovación 2026 se realizó del 9 al 11 de octubre en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. El encuentro reunió a más de 150 empresas expositoras y representantes de más de 10 países, con exhibiciones de maquinaria, insumos, tecnología y financiamiento, además de reuniones comerciales entre productores, inversionistas y compañías.
En representación del gobernador Joaquín Díaz Mena, el secretario de Desarrollo Rural, Edgardo Medina Rodríguez, señaló que el objetivo era ampliar las oportunidades para los productores mediante el acceso a tecnología, financiamiento y nuevos mercados. También estimó que las transacciones promedio podrían alcanzar los 30 mil dólares por empresa participante.
Entre las iniciativas de cooperación mencionadas en la información gubernamental figuraron vínculos con Israel Trade&Investment y otras organizaciones orientadas al intercambio de conocimientos y la atracción de inversiones.
Cuestionamientos por el agua y los derechos humanos
La participación israelí provocó críticas de agrupaciones juveniles y organizaciones civiles, que cuestionaron los posibles efectos de estos vínculos sobre los recursos naturales de la región.
La influencer y activista local Vicky Wolff advirtió en redes sociales sobre la incorporación de tecnología y empresas israelíes en Yucatán, y planteó preocupaciones relacionadas con la protección del agua y la autonomía regional. Sus señalamientos se enmarcan en el conflicto palestino-israelí y en las denuncias sobre el despojo territorial y las restricciones al acceso a recursos esenciales en territorios palestinos.
Por su parte, el Comité de Solidaridad con Palestina–Yucatán ha exigido romper vínculos comerciales, universitarios y de seguridad que relacionen a la entidad con Israel. Acción Pacífica en Mérida también ha solicitado al gobierno estatal terminar las relaciones comerciales con ese país, en protesta por las operaciones militares israelíes en Gaza.
Las críticas incluyen la posibilidad de que la incorporación de tecnología hídrica extranjera genere dependencia de proveedores privados, especialmente si los contratos, los costos y las condiciones de operación no se hacen públicos. Para los activistas, resulta necesario conocer quién suministra la tecnología, qué compromisos adquiere el gobierno y qué mecanismos de supervisión existen.
No obstante, estas preocupaciones deben distinguirse de las afirmaciones sobre un supuesto plan para controlar el agua de Yucatán. La participación de empresas israelíes en una feria comercial, por sí sola, no demuestra que exista una transferencia de recursos hídricos ni que alguna compañía opere actualmente con ese propósito en el estado.
El antecedente de la cooperación con Israel
La controversia tiene un antecedente en junio de 2021, cuando el entonces gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, actualmente senador, firmó una carta de intención con el Estado de Israel para ampliar la cooperación en distintos ámbitos, entre ellos la atracción de inversiones y las tecnologías de la información.
En aquel momento, durante la pandemia de COVID-19, Vila explicó que Israel tenía interés en explorar inversiones relacionadas con la agricultura, la seguridad pública, las tecnologías de la información y el cambio climático.
La dirigencia de Morena en Yucatán condenó entonces la carta de intención y volvió a pronunciarse ante la participación de empresas israelíes en Pro Agro Innovación 2026. En un comunicado fechado el 12 de octubre, llamó a los organizadores del encuentro y al sector productivo a reconsiderar la presencia de estas compañías.
“Que toda relación comercial en el estado se revise con apego a los derechos humanos y al derecho internacional”, sostuvo el partido. También afirmó que Yucatán necesita tecnología para el campo, pero vinculada con la paz, y expresó su respaldo al pueblo palestino y a la política exterior de la presidenta de México.
Denuncias sobre el acceso al agua en Palestina
Parte de la preocupación de los activistas se relaciona con las denuncias sobre las dificultades de acceso al agua que enfrentan comunidades palestinas.
El 27 de septiembre, La Jornada, con información de agencias internacionales, reportó que colonos israelíes desviaron manantiales que abastecían a comunidades palestinas de Cisjordania. De acuerdo con esa publicación, el agricultor palestino Saad Nemer denunció que la interrupción del suministro afectó sus cultivos. El organismo militar israelí encargado de asuntos civiles en ese territorio reconoció que el desvío se había realizado sin autorización y anunció que investigaría el caso.
Estos señalamientos documentan denuncias sobre la privación de agua y sus consecuencias para la agricultura palestina. Sin embargo, no acreditan por sí mismos que exista una estrategia para contaminar deliberadamente recursos hídricos y después vender tecnología para recuperarlos, una hipótesis que requeriría pruebas específicas.
Para las organizaciones críticas, el contexto del conflicto refuerza la necesidad de examinar los acuerdos comerciales con Israel desde una perspectiva de derechos humanos. En el ámbito local, también plantean que cualquier cooperación relacionada con el agua debe someterse a mecanismos de transparencia y vigilancia pública.
Chihuahua, otro foco de cuestionamientos
Las dudas sobre la cooperación hídrica con Israel también se han presentado en Chihuahua. En 2023, la Junta Central de Agua y Saneamiento del estado suscribió un acuerdo de cooperación con MASHAV, la agencia israelí de cooperación internacional.
En septiembre de 2026, la diputada de Morena Leticia Ortega Máynez solicitó nuevas explicaciones sobre los alcances del convenio, incluidos sus mecanismos de financiamiento, las acciones realizadas y las empresas involucradas.
Los cuestionamientos han puesto sobre la mesa la necesidad de conocer los resultados del acuerdo y las condiciones de participación de actores privados. Sin embargo, las dudas sobre su transparencia tampoco demuestran que los recursos hídricos de Chihuahua hayan sido transferidos a Israel.
En Yucatán, la polémica de Pro Agro Innovación 2026 deja planteado un debate que va más allá de la participación de empresas extranjeras: cómo atraer tecnología para el campo sin comprometer la protección de los recursos naturales, la autonomía en la gestión del agua y el cumplimiento de los derechos humanos.
Mientras activistas piden revisar o cancelar los vínculos comerciales con Israel, la discusión también apunta a la necesidad de transparentar los convenios, identificar a las empresas participantes y hacer públicos los términos de cualquier colaboración. La información disponible no acredita un plan para que compañías israelíes controlen el agua de Yucatán, pero sí muestra que la transparencia y la supervisión pública se han convertido en demandas centrales de la controversia.