Un informe de la organización señala que México aparece por primera vez en su registro de puntos de enlace policiales de China en el extranjero, con una ubicación en la capital. La denuncia plantea posibles mecanismos de vigilancia y presión sobre la diáspora china, aunque hasta ahora no existe información pública de autoridades mexicanas que confirme estas actividades.
La organización no gubernamental Safeguard Defenders identificó al menos un posible punto de enlace policial chino en México, ubicado presuntamente en Ciudad de México, de acuerdo con un informe publicado el pasado 6 de noviembre. El señalamiento coloca al país dentro de una investigación internacional sobre las actividades de vigilancia y control que, según la organización, el Gobierno de China mantiene sobre sus ciudadanos en el extranjero.
En sus primeros reportes, publicados en 2022 bajo los títulos 110 Ultramar y Patrullar y Persuadir, Safeguard Defenders documentó la existencia de más de un centenar de instalaciones policiales chinas en el extranjero, distribuidas en más de 50 países. México no figuraba entonces entre los territorios identificados.
Sin embargo, en su actualización más reciente, la organización incorporó al país en un mapa que señala una posible estación en la capital mexicana. También aparece un punto de enlace en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, aunque la información disponible no permite establecer con certeza si corresponde a Tijuana o a San Diego.
El señalamiento no equivale a una confirmación oficial de que exista una comisaría clandestina en funcionamiento en territorio mexicano. Hasta el momento, no se han dado a conocer públicamente investigaciones de autoridades nacionales que acrediten las actividades atribuidas a estas instalaciones.
La red de enlaces policiales se habría expandido a 91 países
El informe de Safeguard Defenders advierte que la estructura de enlaces policiales chinos en el extranjero habría crecido considerablemente desde 2022. La organización identifica mil 247 puntos de enlace, distribuidos o reportados en al menos 91 países.
De ese total, 724 cuentan con alguna referencia geográfica, como una ciudad o un país específico, mientras que los otros 523 aparecen únicamente en registros de las propias autoridades chinas, sin una ubicación precisa que permita incorporarlos a un mapa.
Según la ONG, estas estructuras tendrían entre sus objetivos vigilar a integrantes de la diáspora china, localizar a personas consideradas opositoras por el régimen y presionar a quienes se encuentran fuera del país para que regresen a China.
Safeguard Defenders sostiene que estas actividades pueden desarrollarse mediante ciudadanos y organizaciones que no necesariamente mantienen vínculos institucionales directos con el Gobierno chino. La organización relaciona este mecanismo con la legislación de inteligencia nacional promulgada en junio de 2017, que establece obligaciones de colaboración para ciudadanos y empresas en determinadas actividades de inteligencia.
El reporte también vincula estas acciones con la política del llamado Frente Unido, una estrategia del Partido Comunista Chino orientada a establecer relaciones e influencia entre comunidades y organizaciones dentro y fuera del país.
China aseguró que las instalaciones habían sido cerradas
Después de que los primeros informes de 2022 generaran cuestionamientos internacionales, el Gobierno chino sostuvo que las instalaciones señaladas habían sido cerradas y que algunas de sus actividades correspondían a servicios administrativos para sus ciudadanos en el extranjero.
No obstante, Safeguard Defenders afirma que sus investigaciones posteriores muestran que los mecanismos de enlace no desaparecieron y que, por el contrario, se habrían ampliado.
La organización señala que, desde finales de 2024, cinco nuevas políticas nacionales instruyeron a autoridades chinas a reforzar las actividades de enlace en el extranjero. De acuerdo con su interpretación, estas disposiciones buscan extender fuera de China mecanismos de vigilancia y control territorial utilizados dentro del país.
Las denuncias han provocado investigaciones en distintas naciones, donde comunidades de origen chino han expresado preocupación por posibles actos de intimidación, vigilancia o amenazas contra personas críticas del Gobierno de Pekín.
Estados Unidos, Francia, Canadá y Australia figuran entre los países que han investigado o intervenido instalaciones señaladas por la organización. En algunos casos se han iniciado procedimientos legales relacionados con presuntas actividades no autorizadas.
Sin confirmación de autoridades mexicanas
En el caso de México, la identificación de un posible punto de enlace policial abre interrogantes sobre la presencia y las actividades de estas estructuras en el país.
Sin embargo, hasta ahora no se han presentado públicamente pruebas que permitan establecer qué personas operarían la presunta instalación, cuáles serían sus funciones o si habría ejercido algún tipo de presión sobre integrantes de la comunidad china residente en territorio nacional.
Al cierre de la información publicada por 24 HORAS, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de China en México no habían respondido a las solicitudes de información del medio.
Por ahora, el señalamiento de Safeguard Defenders constituye una alerta que requiere aclaraciones y, en su caso, una revisión por parte de las autoridades mexicanas para determinar si existe alguna instalación de esta naturaleza y si sus actividades contravienen las leyes nacionales.