La fiscalía federal del oeste de Washington reconoció que carece de personal suficiente para responder a todas las demandas de inmigrantes detenidos. La medida permitirá que los jueces resuelvan numerosos recursos de hábeas corpus sin oposición del gobierno, aunque no implica la liberación automática de los solicitantes.
La política migratoria del presidente Donald Trump enfrenta una creciente presión en los tribunales estadounidenses. La acumulación de demandas presentadas por inmigrantes que cuestionan la legalidad de su detención por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha rebasado la capacidad de respuesta de la fiscalía federal del oeste del estado de Washington.
Ante la falta de personal y el incremento de los expedientes, la oficina anunció que dejará de oponerse a numerosos recursos de hábeas corpus, lo que permitirá a los jueces resolverlos con base en los argumentos y documentos presentados por los detenidos, sin que necesariamente exista una defensa del gobierno.
La situación quedó expuesta en una carta firmada por Charles Neil Floyd, fiscal federal interino del distrito, difundida por ABC News. En el documento, el funcionario explicó que su oficina recibe decenas de demandas de este tipo cada semana y que atender cada una de manera individual consume recursos que ya resultan insuficientes.
“El gran volumen de peticiones que se están presentando, muchas de ellas copiadas de otras, ha afectado gravemente la capacidad del gobierno para responder”, señaló Floyd.
Jueces podrán resolver demandas sin oposición del gobierno
El cambio establece que, cuando la fiscalía no presente una notificación de comparecencia dentro de los siete días hábiles judiciales posteriores a una orden de programación, el tribunal podrá considerar que el gobierno no responderá y avanzar en la resolución del caso a partir de los documentos presentados por el inmigrante.
Floyd precisó que la oficina continuará revisando las solicitudes y podrá intervenir en aquellos procedimientos que considere necesario. Por ello, la decisión no representa una renuncia total a la defensa gubernamental, sino una estrategia para concentrar los recursos disponibles y dejar sin oposición una parte considerable de los expedientes.
“En adelante, para conservar recursos, habrá muchos casos de hábeas corpus en los que la Fiscalía de los Estados Unidos ya no asumirá la responsabilidad de proporcionar una defensa en nombre de los demandados”, indicó el funcionario.
La dimensión del rezago también fue señalada por Tom Homan, responsable de la política fronteriza estadounidense, quien declaró a Fox News que los tribunales enfrentan una acumulación de aproximadamente 85 mil demandas de hábeas corpus relacionadas con asuntos migratorios.
Casos de detenidos ya reflejan las consecuencias
La falta de respuesta de los abogados del gobierno ya ha tenido efectos en algunos procedimientos. Uno de los casos citados por el medio The Washington Sun es el de Baljit Singh, un solicitante de asilo originario de India que fue detenido después de llegar accidentalmente a una salida de la frontera canadiense durante una visita a un parque estatal.
En su proceso, los representantes del gobierno no comparecieron para oponerse a la petición. Ante esa situación, la jueza Tiffany M. Cartwright ordenó que Singh fuera liberado en un plazo de 24 horas.
El volumen de litigios también se refleja en los registros de ProPublica, que contabilizaban 93 mil 245 demandas de hábeas corpus relacionadas con detenciones migratorias entre enero de 2025 y el 3 de noviembre de 2026. De ese total, mil 983 correspondían al distrito oeste de Washington.
El hábeas corpus es un recurso legal mediante el cual una persona detenida puede solicitar a un juez que examine si su encarcelamiento o permanencia bajo custodia es legal. Su presentación no garantiza la libertad, pero obliga a revisar los fundamentos jurídicos de la detención.
La medida no detiene las deportaciones
La decisión de la fiscalía no significa que ICE vaya a suspender sus operativos, detenciones o procedimientos de deportación. Tampoco supone que todos los inmigrantes que presenten una demanda obtendrán una resolución favorable.
Sin embargo, la ausencia de oposición del gobierno puede modificar el desarrollo de numerosos procesos y abrir una posibilidad para que los jueces resuelvan las solicitudes sin escuchar los argumentos de los representantes federales.
El reconocimiento de la fiscalía de Washington evidencia así las dificultades que enfrenta el sistema judicial estadounidense para responder al crecimiento de las impugnaciones legales contra las detenciones migratorias, en medio de la ofensiva impulsada por la administración Trump.