La eventual llegada de la ministra a la presidencia del máximo tribunal ha generado cuestionamientos de empresarios y especialistas, mientras las diferencias públicas con otros integrantes del Pleno mantienen bajo atención el proceso de relevo. La sucesión también está marcada por una discrepancia en la interpretación de dos artículos constitucionales.
La posible llegada de Lenia Batres Guadarrama a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2027 ha abierto un debate sobre la independencia judicial, la certeza jurídica y la conducción interna del máximo tribunal, en un contexto de diferencias entre sus integrantes y cuestionamientos de representantes del sector empresarial.
La discusión trascendió el ámbito judicial el pasado 5 de agosto, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que algunos empresarios le habían planteado alternativas para encabezar la Corte, aunque precisó que la decisión corresponde al propio Poder Judicial.
“Hay empresarios que plantean una u otra persona, no necesariamente Lenia Batres”, declaró durante su conferencia matutina. En esa misma intervención, señaló que existe una contradicción en la redacción constitucional sobre quién debe asumir la presidencia del máximo tribunal, asunto que, dijo, tendría que resolverse.
La declaración se produjo después de que el periodista Salvador García Soto publicara en El Universal que, durante una reunión privada con empresarios, entre ellos Bernardo Gómez, directivo de Televisa-Univision, se habría expresado preocupación por la posibilidad de que Batres ocupara el cargo. Se trata de una versión periodística sobre un encuentro privado, cuyos detalles no fueron confirmados por los participantes.
Empresarios y especialistas cuestionan el posible relevo
Las inquietudes del sector empresarial se relacionan principalmente con la certeza jurídica, la resolución de controversias fiscales y los efectos que determinados criterios judiciales podrían tener sobre las inversiones.
En el ámbito académico también se han expresado reservas. Juan Jesús Garza Onofre y Javier Martín Reyes, investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, han cuestionado distintos aspectos del desempeño y las posiciones públicas de la ministra, así como las posibles consecuencias de su llegada a la presidencia.
Entre las críticas planteadas se encuentran las dudas sobre su capacidad para generar acuerdos dentro del Pleno y garantizar que las resoluciones judiciales mantengan independencia frente a intereses políticos. Estas valoraciones forman parte del debate público y no constituyen, por sí mismas, una determinación sobre la actuación institucional de la ministra.
La discusión también ha involucrado a organizaciones de abogados y representantes de la carrera judicial, que han manifestado preocupación por la necesidad de preservar la autonomía de los tribunales, la experiencia profesional y la imparcialidad en la impartición de justicia.
Diferencias dentro del Pleno de la Corte
Las tensiones entre Batres y otros integrantes de la SCJN han quedado expuestas en varias sesiones públicas. Uno de los episodios más notorios ocurrió el 13 de agosto, cuando la ministra acusó a sus compañeros de tener una “animadversión insana” después de que la mayoría cuestionara aspectos de un proyecto presentado bajo su ponencia.
Batres relacionó el ambiente de la discusión con un oficio que había enviado al Órgano de Administración Judicial para objetar el anteproyecto de presupuesto de la Corte para 2027. El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, respondió que se habían expuesto argumentos jurídicos y aseguró que, en lo personal, desconocía el contenido del documento. La ministra Yasmín Esquivel también rechazó que las observaciones al proyecto fueran ataques personales.
La controversia volvió a hacerse visible el 4 de noviembre, durante el análisis de un asunto relacionado con la indemnización reclamada por una familia al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por presunta negligencia médica.
El proyecto de Batres planteaba un criterio para determinar el inicio del plazo de reclamación a partir de la entrega del acta de defunción. Sin embargo, varios ministros expresaron objeciones a distintos aspectos de la propuesta y solicitaron tiempo para revisar los cambios, por lo que la resolución quedó pendiente.
El caso adquirió una dimensión adicional debido a que el ISSSTE es dirigido por Martí Batres, hermano de la ministra. No obstante, la relación familiar no demuestra por sí misma la existencia de un conflicto de interés ni permite anticipar el sentido de una resolución judicial.
Un día después, durante otra sesión pública, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz mostró una tarjeta amarilla a Batres para indicarle que había excedido el tiempo asignado a su intervención. La ministra cuestionó la aplicación del mecanismo y el intercambio volvió a evidenciar las diferencias en la conducción de las sesiones.
La controversia constitucional sobre la presidencia
Más allá de los desencuentros entre ministros, el relevo de 2027 enfrenta una cuestión normativa pendiente. La discusión gira en torno a los artículos 94 y 97 de la Constitución, cuya redacción establece mecanismos distintos para determinar quién debe ocupar la presidencia de la Suprema Corte y cuánto debe durar el encargo.
El artículo 94, modificado con la reforma judicial de 2024, establece una presidencia rotatoria cada dos años, asignada en función del número de votos obtenidos por las candidaturas en la elección correspondiente. Bajo ese criterio, Lenia Batres, quien obtuvo la segunda mayor votación entre las candidaturas a ministras y ministros, aparece como la posible sucesora de Hugo Aguilar Ortiz.
En contraste, el artículo 97 conserva disposiciones que contemplan la elección de la presidencia por los propios integrantes del Pleno y un periodo de cuatro años. La coexistencia de ambos mecanismos ha generado interpretaciones distintas sobre la forma en que debe realizarse la sucesión.
La presidenta Sheinbaum reconoció públicamente esta discrepancia en agosto y sostuvo que corresponde a las instancias competentes resolverla. Por tanto, aunque la eventual llegada de Batres ha sido contemplada en el calendario de relevo asociado con la reforma judicial, el procedimiento no está exento de controversia.
El desenlace tendrá implicaciones para la organización y conducción del máximo tribunal. Mientras tanto, las diferencias entre sus integrantes, las posturas de sectores empresariales y las interpretaciones constitucionales mantienen abierto el debate sobre quién encabezará la Suprema Corte a partir de 2027.