El Gobierno estatal aseguró que ninguna de las cuatro personas ni de las 11 empresas señaladas por el Departamento del Tesoro figura en sus registros de contratistas desde octubre de 2022. El Ayuntamiento de Nuevo Laredo confirmó que dos de las firmas sancionadas aparecen en sus padrones y ordenó revisar los contratos.
El Gobierno de Tamaulipas negó haber celebrado contratos con las personas y empresas sancionadas este martes por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, mientras que el Ayuntamiento de Nuevo Laredo confirmó que dos de las compañías señaladas figuran en sus registros de proveedores y contratistas, por lo que inició una revisión administrativa.
En un comunicado, la administración estatal informó que revisó sus padrones de contratistas de obra pública y de proveedores de bienes y servicios. Según los resultados, ninguna de las cuatro personas ni de las 11 empresas designadas ha firmado contratos con el gobierno de Américo Villarreal Anaya desde el 1 de octubre de 2022, fecha en que comenzó su administración. Tampoco aparecen inscritas en esos registros durante el mismo periodo.
Sin embargo, la revisión estatal se limita al periodo iniciado en octubre de 2022 y no abarca las administraciones anteriores.
Estados Unidos señala contratos con CEGESA
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, sostiene que Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA), propiedad del empresario Gamaliel Garza García, obtuvo contratos tanto del Gobierno de Tamaulipas como del municipio de Nuevo Laredo.
El documento estadounidense, de acuerdo con la información disponible, no precisa los periodos en que se otorgaron esos contratos.
Ante las sanciones, el Ejecutivo estatal informó que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno instruyó a todas las dependencias y entidades públicas a impedir que las personas y empresas designadas, así como las compañías en las que participen, se inscriban en los padrones oficiales o reciban adjudicaciones y contratos.
La administración también señaló que puso a disposición de las instancias federales la información que requieran para las investigaciones correspondientes.
Nuevo Laredo identifica a dos empresas en sus registros
A diferencia del Gobierno estatal, el Ayuntamiento de Nuevo Laredo informó que una primera revisión de sus registros administrativos identificó a CEGESA y a Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA) en los padrones municipales de proveedores y contratistas de obra pública. Ambas empresas han celebrado contratos con la administración municipal.
El gobierno local precisó que, al momento de la firma de esos contratos, ninguna de las dos compañías aparecía en la Lista de Personas Bloqueadas de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Asimismo, indicó que, según la documentación curricular presentada por las propias empresas, estas reportaron entre sus clientes a otros entes públicos del país, además de compañías privadas nacionales y extranjeras.
La inscripción en los padrones y la existencia de contratos, no obstante, no determinan por sí mismas si hubo irregularidades en los procedimientos de contratación o en el ejercicio de los recursos públicos.
Ordenan revisar contratos y uso de recursos
Ante los señalamientos, la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, instruyó a la Contraloría Municipal a elaborar un informe sobre los procedimientos mediante los cuales fueron contratadas ambas empresas y la forma en que se ejercieron los recursos.
La revisión busca verificar si las contrataciones se realizaron conforme a la normatividad aplicable.
El Ayuntamiento informó que dará a conocer los resultados una vez que la información esté debidamente documentada y verificada.
Por ahora, las posturas de ambos gobiernos se encuentran en etapas distintas: Tamaulipas niega relaciones contractuales con las personas y empresas sancionadas durante la administración iniciada en 2022, mientras Nuevo Laredo reconoce antecedentes de contratación con dos de las compañías y mantiene abierta una revisión para determinar si los procedimientos y el uso de los recursos se ajustaron a la ley.